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🔴 DE UN COMENTARIO EN WASSAP A UNA DETENCIÓN: LA PELIGROSA FRONTERA QUE CHILE ESTÁ CRUZANDO Estamos ante una situación inquietante, que tensiona los límites de la legalidad y amenaza con normalizar algo que hasta hace poco parecía impensable: que una publicación en redes sociales termine con una persona detenida. Primero fue una mujer arrestada por publicar en Instagram escenarios fatalistas contra José Antonio Kast. El caso despertó curiosidad, pero también preocupación. Ese mismo período, un hombre fue detenido tras difundir un video satírico en el que un encendedor simulaba ser un arma, en una referencia al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En Chillán ocurrió algo parecido. Y antes, un estudiante había sido detenido por un mensaje en que aludía al asesinato de Charlie Kirk. Ahora conocemos un episodio todavía más delicado: la detención reportada de una adolescente de 17 años por una presunta amenaza contra el Presidente en wassap. Hay algo que conviene recordar: las redes sociales operan, en buena medida, en el terreno de lo simbólico. Allí conviven la rabia, la ironía, el humor negro, la exageración y la crítica política. Sus expresiones pueden tener consecuencias reales, por supuesto. Pero confundir automáticamente una representación con una intención criminal constituye un riesgo para cualquier democracia. Pensar no es delinquir. Hacer humor tampoco. Canalizar la frustración mediante palabras, por desagradables que resulten, no equivale necesariamente a amenazar. Y hay una contradicción que merece atención: el propio Kast construyó parte de su trayectoria política utilizando las redes sociales para atacar duramente a otros mandatarios y adversarios. Hoy, bajo su gobierno, expresiones dirigidas contra él terminan siendo investigadas penalmente. Lo verdaderamente preocupante es la progresión de estos episodios. Hace algunos años parecía inconcebible que una sátira digital pudiera terminar en una detención. Hoy conocemos investigaciones por memes, videos y mensajes de WhatsApp. Y si además se llegara a normalizar la vigilancia indiscriminada de conversaciones privadas, estaríamos cruzando una frontera todavía más peligrosa. La protección de una autoridad frente a amenazas reales es legítima. Convertir esa protección en una herramienta para intimidar la disidencia sería algo completamente distinto. Todo esto ocurre, además, mientras el Ejecutivo impulsa una agenda legislativa cuyos efectos sobre las atribuciones del Estado y las libertades individuales merecen un escrutinio riguroso. El autoritarismo no siempre llega anunciándose como tal. A veces avanza mediante pequeñas concesiones que terminan pareciendo normales: una detención que no cuestionamos, una conversación investigada sin suficiente justificación, una expresión castigada por resultar incómoda. La pregunta ya no es solamente qué podemos publicar. Es hasta dónde puede llegar el Estado para perseguir aquello que publicamos. Chile recuperó la democracia para que el poder estuviera sometido a límites, no para que los ciudadanos tuvieran que medir cada palabra por temor a una detención. Y mientras escribo estas líneas, hay una idea que hace algunos años me habría parecido absurda: Que expresar públicamente esta preocupación pudiera bastar para que algún día la policía llamara a mi puerta.