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¿Los animales envenenados de Xochimilco no importan? En los últimos días, vecinos de la zona chinampera de Xochimilco reportan al menos 60 animales muertos por envenenamiento: 36 perros, 9 gatos, 13 aves silvestres y 2 tlacuaches. El 23 de octubre, un ciudadano que crea contenido de beatbox denunció a través de su cuenta XolTika que salió en bicicleta con sus dos perros hacia los campos de cempasúchil para tomar fotos. Los dos perros fueron envenenados, Sloopy murió y Lobito logró sobrevivir después de recibir atención veterinaria. Después regresó al lugar y encontró una bolsa con restos de pollo y una sustancia de color verde. Ahí conversó con una persona que trabaja en la zona, quien le explicó con completa naturalidad que encontrar perros envenenados es algo habitual, habló de “como 50 animalitos” y dijo que ponen pollo. Hablaba de algo que ocurre con frecuencia, ya que los mismos trabajadores de la zona tienen normalizado que mueran animales. El joven presentó una denuncia ante la Fiscalía CDMX y pidió ayuda para que el caso se conociera y la muerte de Sloopy no quedara impune. A esto se suman otros reportes de habitantes de San Luis Tlaxialtemalco sobre restos de carne con veneno colocadas en las chinampas para impedir que los perros entren a los cultivos. La Jornada confirmó que la Fiscalía ya acumulaba denuncias por envenenamientos de perros en la zona chinampera y documentó también los reportes sobre comida con veneno arrojada entre los cultivos. ¿Se está utilizando veneno de manera recurrente para eliminar a los perros y otros animales en Xochimilco? En plena temporada de cempasúchil, cuando esos mismos campos se promocionan para recibir visitantes, vender flores y tomarse fotografías. En el Parque España de la alcaldía Cuauhtémoc, hubo policías, Brigada de Vigilancia Animal, Fiscalía, PAOT, revisión de cámaras, comunicados y funcionarios pronunciándose públicamente en cuestión de horas. En Xochimilco ya se reportan al menos 60 animales muertos y no hemos visto una respuesta comparable. No hay ruedas de prensa con la Jefa de Gobierno y comitiva. No vemos autoridades disputándose públicamente quién va a investigar ni explicando qué están haciendo para detener los envenenamientos. Y la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, ni siquiera se ha pronunciado públicamente. No ha explicado cuántas investigaciones existen, si Fiscalía ha recogido los cebos, si se están realizando peritajes, si se recorren las chinampas para localizar más veneno o qué se está haciendo para identificar a quienes lo colocan. ¿Los animales les estorban para la imagen turística y por eso toleran que los estén matando? ¿Por qué, con al menos 60 animales reportados muertos en unos cuantos días, las autoridades no están reaccionando con la misma urgencia? Xochimilco detrás de su cempasúchil, no puede estar normalizando que maten animales.

⚠️🐾 Seguimiento | Gobierno de Brugada le da la espalda al perro explotado en UNITEC: dependencias de adorno y sin resultados Miles de ciudadanos han exigido en distintas redes sociales la intervención de las autoridades. Para proteger al perro de edad avanzada que trabaja más de 12 horas en UNITEC Campus Marina. Sin embargo, el gobierno de Clara Brugada no ha informado públicamente sobre un solo operativo para verificar las condiciones del animal. Estudiantes denunciaron que el perro tiene dificultades para caminar y permanece trabajando desde la mañana hasta la noche. La universidad privada ha respondido, según los denunciantes, que el servicio de vigilancia pertenece a una empresa externa y que no puede hacer nada. Ana Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal, no ha informado sobre ninguna acción de coordinación para atender este caso. ¿De qué sirve una agencia que debería ocuparse del bienestar animal si no puede informar qué hizo ante una denuncia difundida ampliamente por ciudadanos? ¿Dónde quedó la llamada "vocación animalista" de los funcionarios de Brugada? Mónica Garduño Ballesteros, responsable de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, tampoco ha informado sobre una inspección para verificar las jornadas de trabajo, el estado de salud del perro y las condiciones en que es utilizado por la empresa de seguridad. Mónica Alegre, titular de PAOT, debe explicar por qué su institución no ha comunicado una investigación sobre este caso. Las apariciones públicas cada mes de su titular no sustituyen el trabajo de inspección, la documentación de los hechos ni los resultados que deben conocer los ciudadanos. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, tiene una responsabilidad todavía más directa. Su dependencia es la encargada de otorgar las autorizaciones para utilizar perros en servicios de seguridad privada. El artículo 13 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada establece que la utilización de perros requiere autorización de la SSC e inscripción en su registro. Cada animal debe contar con identificación, certificados de vacunación y evaluación de adiestramiento. ¿La SSC de Pablo Vázquez autorizó que este perro trabajara como vigilante? ¿Quién verificó sus condiciones físicas? ¿Qué empresa tiene registrado al animal y cuándo fue la última vez que se revisó su documentación? La falta de resultados públicos ante una denuncia tan visible nos abre una investigación mucho más amplia sobre los permisos que otorga la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No basta con autorizar perros para trabajar y después desconocer las condiciones en las que las empresas los mantienen. La SSC debe explicar qué mecanismos utiliza para detectar animales enfermos, lesionados o sometidos a jornadas incompatibles con su bienestar. Cuatro funcionarios, varias dependencias y ninguna intervención confirmada públicamente sobre el perro de UNITEC. La legislación de la CDMX establece que los animales de trabajo deben contar con periodos razonables de descanso y atención veterinaria. La responsabilidad de las autoridades es verificar que esas disposiciones se cumplan, no esperar a que una universidad o su contratista decidan voluntariamente atender la denuncia. El caso de UNITEC ya no solamente cuestiona la atención de una denuncia de maltrato animal. También obliga a revisar cuántos perros trabajan bajo autorizaciones de la SSC de Pablo Vázquez, en qué condiciones lo hacen y qué controles existen para protegerlos. ¿De qué sirve tener una Brigada de Vigilancia Animal, una Agencia de Atención Animal, una Procuraduría Ambiental y una Secretaría que autoriza perros de vigilancia si ninguna puede presentar resultados públicos sobre este caso?

Cuando una funcionaria pidió eliminar Amo la Ciencia Ahora que la llamada “ley antimemes” es el tema, recordé cómo una cierta funcionaria de una cierta agencia que debería ocuparse del bienestar animal. Quiso censurarme por cuestionar su desempeño y los resultados de la dependencia que dirige. Presentó una demanda por violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral de la CDMX. Solicitó medidas cautelares y de protección urgentes para retirar mis publicaciones y pidió que se notificara a X para proceder, “en su caso”, a la eliminación de la cuenta Amo la Ciencia. La petición alcanzaba toda la cuenta, incluidos años de divulgación científica, información ambiental y denuncias ciudadanas que no tenían relación con ella. Además, pidió “investigar la identidad de la persona detrás del usuario” y que se le citara a rendir declaración. Ante los cuestionamientos sobre su trabajo solicitó que una autoridad investigara quién soy y me citara frente a ella. Esa petición se suma a las distintas ocasiones en que ha insistido en que me presente personalmente en diferentes lugares. En su demanda afirmó que existía una campaña que “obstaculiza y vulnera el libre ejercicio de mis funciones públicas”. Es decir, según ella, lo que escribo no la deja trabajar. Pero en el cuerpo del escrito no identificó qué atención animal o decisión administrativa habían impedido mis publicaciones. Insistió en que afectaban su participación política “como mujer” y “menoscababan su imagen pública y profesional como mujer funcionaria”, sin que se demostrara en qué parte específicamente se le vulneró. También sostuvo que comprometían su seguridad y podían desembocar en violencia física, sin que pudiera identificar en esas páginas una amenaza concreta. Según su escrito, reunió 151 menciones que calificó como ofensivas, sexistas y difamatorias. Sin embargo, no reprodujo un solo hecho concreto ni explicó qué estereotipo de género contenía. En el apartado “Solicitud de medidas de protección” citó el artículo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Que contempla ordenar a plataformas, medios de comunicación y particulares la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación. Este mecanismo que invocó también puede alcanzar contenidos difundidos por terceros que replicaron alguna de mis publicaciones. Es decir si compartiste lo que publiqué o algún medio hizo un reportaje también solicitó que se eliminara porque pedía un juicio contra mí. Entre sus fundamentos incluyó hasta el artículo 2 de la Constitución, relativo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin explicar su relación con el caso. Enumeró también disposiciones sobre proceso penal e investigación de delitos, sin desarrollar cómo las vinculaba con el juicio electoral que promovía. La propia funcionaria reconoció por escrito que toda función pública está sujeta a la crítica y al escrutinio ciudadano. Después pidió retirar publicaciones, eliminar la cuenta e investigar la identidad de quien cuestionaba su gestión. La demanda fue desechada. Pero su petición de censura quedó escrita, firmada y puede ser consultada gracias a la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué pretendía mejorar de su función pública eliminando Amo la Ciencia?

Aumentan 22% los casos de rabia con Sheinbaum mientras disminuye la vacunación preventiva Tres personas murieron por rabia en México durante 2025 y los casos positivos de rabia ganadera aumentaron 22.3%. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum dejó de aplicar casi 92 mil vacunas preventivas. Según los informes oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de la Secretaría de Agricultura. En varios estados aumentaron los casos confirmados mientras disminuyeron las vacunas aplicadas. En Chiapas, los positivos aumentaron de 9 a 22, mientras la vacunación preventiva cayó prácticamente a la mitad, con 77,217 dosis menos. En Puebla, los casos aumentaron de 24 a 44 y se aplicaron 31,526 vacunas menos. En Veracruz, pasaron de 50 a 70, mientras la vacunación disminuyó en 23,531 dosis y en Nayarit, los animales infectados aumentaron de 39 a 42 y se aplicaron 28,165 vacunas menos. Estos cuatro estados concentraron 178 casos confirmados de rabia en el 2025, la mayoría vacas y caballos. Más de la mitad del total nacional, y redujeron conjuntamente la vacunación preventiva en 160,439 dosis. Los informes de SENASICA también revelan diferencias en la vigilancia de los murciélagos hematófagos, que pueden transmitir la rabia al ganado al alimentarse de su sangre. Durante 2025, las autoridades reportaron la captura de 23,819 murciélagos hematófagos en México, pero solamente 1,370 fueron examinados para detectar rabia. Entre Veracruz y Chiapas capturaron 3,814 murciélagos hematófagos, pero únicamente analizaron cuatro para detectar rabia durante todo 2025. ¿Qué hacen las autoridades con los miles de murciélagos capturados que no son examinados? ¿Y cuánto se ahorró el gobierno de Sheinbaum al dejar de aplicar casi 92 mil vacunas contra la rabia? Apenas 2.7 millones de pesos, PEMEX pierde unas 80 veces más diariamente. Una pésima decisión en nombre de la austeridad que expone a animales y personas a una enfermedad mortal.