Si no pagas el gas, te lo cortan. Si no pagas la luz, te la cortan. Si no pagas el agua, te la cortan. Si no pagas los impuestos, te embargan. Pero si no pagas el alquiler, el propietario tiene que seguir pagando la hipoteca, los impuestos, la comunidad y todos los gastos. Y como el Estado no cumple con su obligación constitucional de promover el acceso a una vivienda, pretende que sea el propietario quien pague las consecuencias. Si no pagas, tienes que irte. El propietario no es el Estado, ni un banco, ni una ONG. Y su vivienda tampoco es un servicio público. Fin.