Cristina

La citación y persecución administrativa o penal contra la jueza federal en retiro Martha Magaña por haber otorgado suspensiones contra la reforma judicial en 2024 marca un punto de inflexión irreversible: el quiebre de la legalidad institucional en México. Que el Tribunal de Disciplina Judicial actúe en su contra por haber ejercido sus facultades constitucionales no es un procedimiento disciplinario ordinario ni un ajuste de cuentas individual; es la demostración pública e impune de que la impartición de justicia ha sido subordinada al poder político. Cuando un órgano disciplinario castiga a un juzgador por el sentido de sus fallos o por aplicar la Constitución, se destruye la garantía básica del Estado de derecho: la independencia judicial. Si una jueza federal no puede emitir una resolución conforme a derecho sin enfrentar represalias institucionales, el mensaje es directo para el resto de los magistrados y jueces del país: o acatan la línea del poder o serán juzgados, inhabilitados o procesados. Esta amenaza no termina en la persona de Martha Magaña ni en los límites del Poder Judicial. Impacta directamente a cada ciudadano mexicano, por las siguientes razones: El juicio de amparo y las suspensiones judiciales son las únicas herramientas que posee un ciudadano común para frenar los abusos de autoridad, despojos, detenciones arbitrarias, expropiaciones ilegales o violaciones a sus derechos humanos. Si el juzgador que debe otorgar ese amparo tiene miedo de ser castigado por hacerlo, el ciudadano queda totalmente indefenso frente al Estado. Un Poder Judicial sometido o amedrentado deja de actuar como contrapeso. Sin contrapesos, las leyes, decretos o actos de gobierno —por más abusivos, inconstitucionales o perjudiciales que sean— se aplican sin restricción alguna sobre la población. Cuando la ley deja de aplicarse con criterios jurídicos y pasa a regirse por consignas políticas o presiones disciplinarias, las garantías individuales, la propiedad privada, la libertad de expresión y la certeza en las inversiones colapsan. Nadie está seguro bajo un sistema donde las reglas cambian a conveniencia del gobernante en turno. El caso de Martha Magaña sienta un antecedente devastador. No se trata solo de la persecución a una jurista en retiro por haber hecho su trabajo; se trata del desmantelamiento explícito de las garantías que protegen la vida, la libertad y el patrimonio de todos los mexicanos. La anulación del contrapeso judicial transforma los derechos ciudadanos en meras concesiones del Estado.