Joel Borrego

Espero haber dado un buen servicio periodístico desde la soledad de mi escritorio. Muchas gracias a los que me apoyan para hacerlo con tranquilidad y a los que van a sumarse. Ahora a analizar y reflexionar lo sucedido para poder seguir mañana. Buenas noches

Un edificio atacado por drones rusos arde en Jarkov y es la evidencia de una mayor eficacia de los ataques rusos. Pero también del modo en que Estados Unidos interfiere en la defensa de Ucrania mientras Trump presiona a Zelenski Ucrania sigue perdiendo conexión con sus drones militares cuando superan los 160 kilómetros por hora. Donald Trump asegura que Elon Musk restableció el servicio. Musk, por su parte, sostiene que los límites de velocidad de Starshield dependen del Gobierno estadounidense y, en última instancia, del presidente. Mientras ambos se deslindan o se atribuyen el mérito de una supuesta solución, las fuerzas ucranianas denuncian que las restricciones persisten y complican sus operaciones en el frente. No se trata de una falla menor en un servicio comercial. Starshield es una red de comunicaciones satelitales de uso gubernamental y militar que permite mantener el control de determinados drones, transmitir imágenes y coordinar operaciones. Cuando la conexión se interrumpe en pleno vuelo, una herramienta de combate puede convertirse en un aparato difícil de controlar justo cuando más se necesita. El problema comenzó a hacerse visible durante la noche del 13 al 14 de octubre, cuando las terminales instaladas en plataformas militares en movimiento empezaron a perder conexión al superar determinados límites de velocidad. El Ministerio de Defensa ucraniano informó que la restricción complicaba misiones de interceptación, ataques de alcance medio, reconocimiento, logística y retransmisión de comunicaciones. Según Serhii Beskrestnov, asesor ucraniano especializado en tecnología militar, los cortes podían durar entre 10 y 20 segundos. Para un dron que se aproxima a un blanco o intenta interceptar otro aparato en vuelo, ese intervalo puede bastar para perder el objetivo o abortar la misión. La restricción no afectó por igual a todas las capacidades ucranianas. Su impacto más directo se produjo sobre los drones que operan en el territorio de Ucrania, incluidas las zonas ocupadas por Rusia, y dependen de la conexión satelital para maniobrar a alta velocidad. No es correcto atribuirle automáticamente los resultados de los ataques ucranianos de largo alcance dentro de Rusia, que no utilizan de la misma manera esa cobertura. Pero la limitación alcanzó dos funciones fundamentales: golpear la logística rusa cerca del frente e interceptar drones enemigos antes de que lleguen a sus objetivos. El ISW observó una caída significativa de los ataques ucranianos contra vehículos logísticos rusos en el frente el 14 de octubre y consideró muy probable que las restricciones de Starshield hubieran contribuido a ese descenso. No es un detalle estadístico. La campaña ucraniana contra la logística, los puestos de mando y los medios de transporte rusos ayuda a dificultar el abastecimiento de las tropas invasoras y a preparar operaciones terrestres. Limitar esa capacidad beneficia al adversario que depende de esas rutas para sostener su ofensiva. La otra función comprometida fue la interceptación de drones rusos. Ucrania está desarrollando y empleando interceptores no tripulados para enfrentar los aparatos de ataque, incluidos los más veloces, impulsados por motores a reacción. Si esos interceptores deben reducir la velocidad para conservar el enlace satelital, o pierden la conexión al acelerarse, su capacidad de alcanzar el blanco se deteriora. La restricción no garantiza que un dron ruso llegue a destino, pero impone una desventaja concreta a quienes intentan derribarlo. El momento elegido para introducirla vuelve el episodio todavía más grave. Rusia estaba intensificando sus ataques contra Ucrania, con especial presión sobre la infraestructura energética cuando se aproxima el invierno boreal. Según la Fuerza Aérea ucraniana, durante la noche del 14 al 15 de octubre Rusia lanzó 580 drones de ataque, entre Shahed, Gerbera y señuelos, además de dos misiles guiados. Las defensas ucranianas informaron que habían neutralizado 536 de esos drones, pero registraron impactos en 31 lugares y caída de restos en otros 11. Esos datos no permiten afirmar que la restricción satelital haya duplicado la tasa de penetración rusa ni atribuirle cada impacto o víctima. Sí muestran el escenario en el que se degradó una capacidad ucraniana de defensa: una ofensiva aérea de gran escala, con múltiples objetivos y una presión sostenida sobre la infraestructura del país. En una guerra de desgaste, dificultar la interceptación no es una decisión inocua. Obliga a Ucrania a defenderse con menos margen de maniobra en un momento en que necesita aprovechar cada medio disponible. La responsabilidad política tampoco puede disolverse en una disputa entre Washington y una empresa contratista. El 15 de octubre, Reuters informó, citando a dos funcionarios estadounidenses y a un funcionario occidental, que la orden de limitar Starshield había surgido dentro de la Casa Blanca y había sido transmitida al Departamento de Defensa. Las fuentes no identificaron a la persona que impartió la instrucción. Un alto funcionario estadounidense negó que Trump hubiera solicitado personalmente la medida. Musk sostuvo que Starshield pertenece al Gobierno estadounidense y que los límites de uso y velocidad los decide el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente. El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, se desmarcó de la posibilidad de que el Gobierno pudiera dirigir unilateralmente las decisiones comerciales de SpaceX. Las explicaciones no despejaron las dudas centrales: quién ordenó la restricción, quién la ejecutó y quién tenía autoridad para levantarla. El problema excede la responsabilidad individual de Trump, Musk o el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Si una red utilizada para conducir drones militares puede ser limitada de forma remota durante una guerra, sin aviso suficiente y sin una explicación pública clara, la dependencia tecnológica se convierte en una vulnerabilidad estratégica. Y si la decisión procede de una administración que proporciona apoyo a Ucrania, esa vulnerabilidad tiene una dimensión política inmediata. El contexto refuerza la sospecha. Trump venía presionando a Volodímir Zelenski para que aceptara una salida negociada y reclamaba que Ucrania frenara sus ataques contra refinerías e infraestructura petrolera dentro de Rusia. En ese marco, limitar una herramienta que contribuye a las operaciones ucranianas no es un episodio aislado de gestión tecnológica. Es una decisión que reduce el margen militar de Kyiv mientras Washington intenta condicionar sus opciones diplomáticas. No existe una prueba pública concluyente de que el objetivo explícito de la restricción fuera obligar a Zelenski a aceptar determinadas condiciones de paz. Pero tampoco es necesario fingir que la coincidencia política carece de importancia. La orden surgió de la Casa Blanca, según fuentes citadas por Reuters; afectó capacidades militares identificadas por las autoridades ucranianas y el ISW; y se produjo mientras Trump presionaba a Kyiv para modificar su conducta en la guerra. La secuencia exige explicaciones, no un acto de fe en las declaraciones de los responsables. El 22 de octubre, el senador demócrata Richard Blumenthal anunció una investigación sobre la pérdida de acceso a Starlink y Starshield y pidió explicaciones a Musk acerca de quién había autorizado las restricciones y cómo se había ejecutado la medida. La investigación plantea una cuestión que trasciende a Ucrania: qué controles existen cuando una infraestructura tecnológica financiada por el Gobierno estadounidense se vuelve indispensable para operaciones militares y puede ser modificada a distancia durante un conflicto activo. Ese mismo día, Trump afirmó que Musk había restablecido el acceso ucraniano. Pero el 23 de octubre, funcionarios y militares ucranianos dijeron a CNN que las limitaciones seguían vigentes. El asesor Serhii Beskrestnov afirmó que no observaba un levantamiento general de las restricciones; una fuente del Ministerio de Defensa señaló que continuaban los cortes por encima de los 161 kilómetros por hora. POLITICO recogió también testimonios sobre límites de entre 140 y 160 kilómetros por hora y pérdidas de conexión durante las pruebas. El anuncio de una solución, por lo tanto, no equivalía a una solución efectiva en el frente. La confusión entre Washington y SpaceX no es un asunto administrativo que pueda resolverse con declaraciones contradictorias. Ucrania necesita saber si sus comunicaciones funcionarán cuando un dron acelere para interceptar un blanco o atacar una posición rusa. Otros países que dependen de tecnología estadounidense también necesitan saber si el acceso a esas capacidades puede convertirse en una herramienta de presión política durante una crisis. En definitiva, no importa solamente si la decisión fue de Trump, de Hegseth o de Musk. Importa que una restricción impuesta sin aviso previo comprometió capacidades militares ucranianas, que la orden habría surgido de la Casa Blanca y que su aplicación coincidió con una campaña de presión para forzar una negociación con Rusia. El beneficiado inmediato fue Putin: sus fuerzas se enfrentaron a una Ucrania con menos libertad para emplear determinadas herramientas de ataque e interceptación. Y la factura la pagó el país invadido. Ningún deslinde posterior de responsabilidades recupera las misiones interrumpidas ni devuelve el tiempo operativo perdido. Exigir a un país invadido que se siente a negociar mientras se limita una de sus herramientas de defensa no es una estrategia de paz. Es utilizar una dependencia tecnológica para alterar las condiciones de la guerra antes de negociar sus condiciones de salida. Ucrania no debería tener que combatir simultáneamente contra los drones rusos y contra la incertidumbre sobre si su principal aliado permitirá que sus armas funcionen.