Gerardo Mastache

Riverplatenses, a las cosas. ¿Por qué no discutimos la política futbolística? ¿Por qué no exigimos que Di Carlo, Ballotta, Villarruel y los demás directivos asuman la responsabilidad política por el rumbo elegido? ¿Por qué no evaluamos la gestión de Francescoli, Ponzio y Longoria, los gerentes responsables del fútbol profesional? ¿Por qué no debatimos el rol de los intermediarios y los millones invertidos sin un criterio futbolístico reconocible? ¿Por qué no volvemos a confiar en nuestras divisiones inferiores, la verdadera cuna de los cracks de River? Una vez más, el entrenador puede convertirse en el fusible. Pero cambiar el fusible sin revisar el sistema solo sirve para que todo siga igual. No alcanza con cambiar nombres. Hay que cambiar la política futbolística y a quienes la conducen.

En defensa de los derechos de los socios de River Plate, presenté dos pedidos de informe: uno al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y otro al Club Atlético River Plate. El objetivo es conocer quién ordenó las filmaciones realizadas durante la manifestación pacífica del pasado domingo, cuál fue su fundamento legal, cuál será el destino de esas imágenes y si podrán utilizarse para identificar socios o adoptar medidas en su contra. Toda actuación del Estado y de las instituciones debe desarrollarse con transparencia y dentro del marco de la ley. Defender el derecho de los socios a expresarse pacíficamente también implica exigir reglas claras y el pleno respeto de las garantías constitucionales. Las presentaciones se fundan en los artículos 1, 14, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional; en los artículos 10 y 12 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en la Ley 104 de Acceso a la Información Pública y en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.