Bruno Herrera

¿Cuánto gana un alcalde en el Perú? En el #Perú, el sueldo formal de los alcaldes, está estrictamente regulado; pero la brecha entre sus ingresos legales y el incremento patrimonial que muchos muestran al terminar su mandato, sigue siendo uno de los mayores desafíos de la gestión pública, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. La compensación económica mensual de los alcaldes distritales y provinciales, está regulada por el Decreto Supremo N.° 413-2019-EF. Los sueldos varían entre S/ 2,600 y S/ 15,600 mensuales, dependiendo exclusivamente del tamaño de la población electoral de cada jurisdicción. Análisis de corrupción. Según expertos, el fenómeno del enriquecimiento ilícito al finalizar un mandato municipal, responde a debilidades estructurales del Estado y a la captura de rentas públicas a través de varios mecanismos principales: 1. Diezmo y direccionamiento de la obra pública. El presupuesto de inversión en infraestructura (pistas, veredas, colegios, losas deportivas, etc), generalmente es el botín más común, de redes clientelares o empresas constructoras que financian una campaña electoral. Una vez en el poder, los procesos de licitación se direccionan mediante términos de referencia amarrados. El cobro sistemático de sobornos —históricamente camuflado bajo el diezmo o cobro del 10% del valor de la obra— genera millonarios ingresos en efectivo difíciles de rastrear a corto plazo. 2. Adicionales de obra y sobrevaloraciones. No basta con ganar la licitación. Durante la ejecución del proyecto, las municipalidades aprueban de manera exprés las adicionales de obra o ampliaciones de presupuesto, bajo justificaciones técnicas dudosas. Este dinero extra suele repartirse entre los malos funcionarios de confianza y la autoridad política. 3. El tráfico de terrenos y licitaciones de zonificación. Tanto municipalidades provinciales y distritales, manejan los planes de desarrollo urbano, el otorgamiento de licencias de construcción y el cambio de zonificación. Modificar un suelo agrícola o industrial a residencial, multiplica exponencialmente el valor de la tierra. Muchos alcaldes se coluden con inmobiliarias informales o bandas de tráfico de terrenos, recibiendo pagos ilícitos en forma de inmuebles, departamentos o terrenos registrados a nombre de testaferros (familiares, amigos o empresas fachada). 4. Uso de testaferros. Aunque la Contraloría General de la República (#CGR) realiza auditorías y la Unidad de Inteligencia Financiera (#UIF), rastrea operaciones sospechosas; pero el sistema preventivo a nivel local sigue siendo débil. Los alcaldes corruptos, rara vez compran propiedades a su nombre mientras ejercen el cargo. Generalmente utilizan redes de testaferros o simulan préstamos y contratos privados que legalizan gradualmente después de dejar el sillón municipal.