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La jugada del Ministerio de las Culturas de pedir que la tutela se remitiera al Consejo de Estado, bajo el argumento de las reglas de reparto del Decreto 1446 del 28 de septiembre de 2026, terminó siendo un auténtico tiro por la culata. Para convencer al juez de que el caso debía salir del juzgado de familia por comprometer al primer mandatario, la entidad cayó en una ironía procesal monumental: tuvo que confesar formalmente que el desmonte de las piezas no obedeció a una decisión museográfica autónoma, sino al cumplimiento de una orden verbal impartida por el presidente Abelardo De La Espriella para retirar lo que tildó de «oda al terrorismo». Al intentar escudarse tras la jerarquía presidencial para cambiar de tribunal, desmantelaron de golpe su propio relato público sobre un supuesto «rediseño cultural» o una simple «rotación» de colecciones. Esa confesión de parte dejó al descubierto el vacío técnico absoluto de la medida. Al reconocer que la orden vino directamente de la Presidencia, el Ministerio admitió implícitamente lo que tanto negaba: que jamás existió un acto administrativo motivado, que se pasó por alto al Comité de Gestión Patrimonial previsto en la Resolución 0173 de 2018 y que las actas de movimiento interno ni siquiera contaban con conceptos de conservación preventiva. En su afán por evadir al juez ordinario, la defensa del Ministerio no consiguió remitir el expediente al Consejo de Estado, pero sí le sirvió en bandeja de plata la prueba reina de que el patrimonio del Museo Nacional no se retiró por razones técnicas ni curatoriales, sino por un veto ideológico y político sin sustento alguno.