Andrés Téllez

Una sátira mordaz del gobierno de Gustavo Petro, retratado como Napoleón, el dirigente que promete transformar la granja mientras sus habitantes enfrentan las contradicciones entre el discurso revolucionario y los resultados de su administración.

Oíste, Carranza, que Marco Rubio y Todd Blanche mandan a decir: ¿que si XL o L el uniforme?

¡Qué conveniente, senadora María José Pizarro! Ahora resulta que su trayectoria política, su defensa de las mujeres y su desconocimiento de la vida íntima de Petro bastan para despejar cualquier interrogante. ¡No nos crean tan ingenuos! La controversia no gira alrededor de los romances del expresidente, sino de algo mucho más serio: la contratación pública y las denuncias sobre presuntos favores personales. Usted reconoce que Deicy Jiménez trabajó como contratista de la Vicepresidencia del Senado durante su gestión. Perfecto. Entonces lo pertinente es esclarecer quién autorizó su vinculación, qué funciones desempeñó, cómo se supervisó su contrato y qué soportes existen de su ejecución. Su derecho a defenderse es indiscutible. Pero una hoja de vida política no sustituye los documentos contractuales, ni denunciar un supuesto linchamiento mediático resuelve las preguntas de fondo. ¡Menos certificados de honorabilidad expedidos por sus propios protagonistas y más respuestas verificables ante la justicia! @PizarroMariaJo

¡La memoria histórica no puede tener amnesia selectiva! El 4 de diciembre de 1989, El Espectador registró que 32 integrantes del M-19 habían sido llamados a juicio por los hechos del Palacio de Justicia, entre ellos Gustavo Petro, Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolff. Los cargos incluían rebelión, homicidio agravado, secuestro extorsivo y tentativa de homicidio. "Ser llamado a juicio no equivale a una condena", pero tampoco autoriza a borrar el expediente de la memoria nacional. A quienes hoy reivindican el legado del M-19 conviene recordarles que la historia no se reduce a épicas revolucionarias ni a homenajes entre camaradas. ¿Dónde quedan los magistrados asesinados, los civiles, los desaparecidos y sus familias? La responsabilidad por cada crimen debe establecerse con pruebas, tanto respecto de la guerrilla como de los agentes estatales involucrados. La amnistía y los beneficios jurídicos que facilitaron la reincorporación del M-19 a la vida política no borran la tragedia del Palacio de Justicia ni saldan las deudas de verdad, justicia y reparación con sus víctimas. ¡Menos romanticismo guerrillero, menos memoria a conveniencia y más verdad, justicia y reparación para todas las víctimas!

Ahórrenos la vergüenza a los colombianos; entréguese, Gustavo Petro.

El expediente de Petro tiene una particularidad bastante siniestra: los cuestionamientos no comenzaron cuando llegó al poder, sino con la plata que habría financiado su ascenso. Nicolás Petro ante los jueces, Day Vásquez hablando con inteligencia estadounidense, la UNGRD y un rosario de escándalos. Demasiados nombres, demasiados millones y demasiadas explicaciones pendientes. La pregunta que incomoda no es qué prometía Petro, sino qué sabía, desde cuándo lo sabía y quiénes se beneficiaron de su silencio, si lo hubo. La corrupción no se vuelve menos grave porque se vista de revolución progresista. caracol.com.co/2026/11/05/da…

Martín y Esteban Santos, tan dados a pontificar sobre las virtudes de su ilustre familia: ¡vea pues, que le aparecieron las llaves al laureado Nobel de la Paz! El caso Odebrecht vuelve a salpicar su campaña. Tanta aureola de santidad y semejante expediente por explicar. ¿Y ahora quién le pone música al sermón familiar?

En Paraguay, 78 diputados se mueven ante un escándalo presidencial. En Colombia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes parece un museo de expedientes empolvados. ¡Qué hijuemadre vergüenza! ¿Están investigando a Petro o esperando que los escándalos se pudran de viejos?

La izquierda colombiana puso a Gustavo Petro en un pedestal moral. Ahora le toca explicar por qué, ante las denuncias más graves, tantos prefieren defender al ídolo antes que exigirle cuentas. Ese es el verdadero déficit moral de la izquierda colombiana: un estándar ético tan precario que los principios parecen servir únicamente para condenar al adversario y justificar al propio.

A quienes pretenden esconder las denuncias contra Petro debajo de las cobijas de su intimidad: lean la Constitución. El artículo 15 protege su vida privada; el 209 prohíbe convertir la función pública en instrumento de intereses personales. Si hubo sexo a cambio de contratos, no hablamos de intimidad, sino de un presunto abuso del poder estatal. ¡Qué desfachatez de la izquierda colombiana pretender que el derecho a la privacidad sirva de salvoconducto frente a posibles delitos! La cama es privada; los contratos y la plata de los colombianos, no.

Senadora, toca ser muy mente de pollo para defender a un degenerado como @petrogustavo: despachar como "farándula" una denuncia sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos. ¡Qué vergüenza de argumentación izquierdosa! La Constitución no es un catálogo de excusas: el artículo 15 protege la intimidad y el 209 exige moralidad administrativa. ¿Ahora investigar posibles abusos de poder es atacar al moribundo progresismo? La cama es privada; convertir presuntamente los contratos públicos en moneda de cambio sexual es asunto de la justicia.

El límite constitucional: intimidad no significa impunidad... La distinción es tajante: un presidente tiene derecho a su intimidad sexual, pero no tiene derecho a utilizar la contratación pública para obtener beneficios íntimos o personales. Una relación íntima consentida entre adultos no constituye por sí misma una irregularidad. Pero si un funcionario condiciona contratos, empleos o recursos públicos a favores sexuales, el asunto deja de ser exclusivamente privado y pasa a comprometer la ética pública y potencialmente el derecho penal. El artículo 210A del Código Penal también contempla el acoso sexual cuando se reúnen sus elementos legales, entre ellos el abuso de una relación de autoridad o poder. Esto no significa que toda relación entre un funcionario y una contratista constituya ese delito.

Para las hijas tiene que ser muy duro enterarse de la clase de degenerado que es su papá.

El video divulgado por Deicy Jiménez deja al descubierto, de manera descarnada, la distancia entre la supuesta superioridad moral que @petrogustavo ha pretendido encarnar y la conducta personal que hoy queda expuesta al escrutinio público. Es el retrato de un hombre cuya arrogancia parece no conocer límites, que predica virtudes mientras su comportamiento alimenta el descrédito de su propia palabra. Y cuando semejante exhibición coincide con graves denuncias de corrupción y presunto intercambio de favores sexuales por contratos públicos, la pregunta ya no es solamente qué clase de gobernante fue, sino qué clase de carácter se escondía detrás de sus discursos de redención. Porque hay hombres que buscan la grandeza en el servicio y otros que, embriagados de autoridad, terminan exhibiendo la pequeñez de su carácter. En este juego despiadado, donde la ambición se disfraza de justicia y la retórica pretende absolverlo todo, las reglas son pocas y la cuenta siempre llega. La tragedia de Colombia no sería solamente haber confiado su destino a un hombre incapaz. Sería descubrir que, mientras se predicaba la redención de los pobres, el poder pudo haberse utilizado para satisfacer los privilegios más íntimos. Y al final, como en las historias más oscuras, quien paga el precio no siempre es quien comete la falta. Es el pueblo ingenuo que creyó en él.