Ceuta y Melilla y el disparate ahistórico de que Marruecos fue establecido en 1956 Hay una afirmación que, a fuerza de repetirse durante las últimas semanas en algunos medios y círculos políticos españoles, algunos parecen haber terminado tomando por verdad histórica: que Ceuta y Melilla eran españolas antes de que Marruecos existiera y que el Estado marroquí nació en 1956. El problema de esta afirmación no es solamente que sea históricamente insostenible, sino que entra en contradicción frontal con los propios argumentos jurídicos que España lleva utilizando desde hace décadas para defender sus posiciones frente a Marruecos. Porque la pregunta que cualquiera debería hacer es bastante sencilla. Si Marruecos nació en 1956, ¿con quién firmó España el Tratado de Paz y Comercio de 1767? ¿Con quién celebró los acuerdos de 1844 y 1845? ¿Contra qué Estado libró la Guerra de África de 1859-1860 y con quién firmó posteriormente el Tratado de Wad Ras? ¿Y cómo puede España invocar hoy esos mismos tratados para fundamentar jurídicamente su posición sobre Ceuta y Melilla mientras algunos políticos españoles nos explican, con sorprendente seguridad y certeza, que el Estado que los firmó no existía? La contradicción resulta todavía más llamativa cuando recordamos que, ante la Corte Internacional de Justicia en 1975, España recurrió precisamente al Tratado hispano-marroquí de 1767 para tratar de demostrar que la soberanía marroquí no se extendía al Sáhara. Es decir, Marruecos aparentemente no existía como Estado antes de 1956, pero sí existía lo suficiente en 1767 para celebrar tratados internacionales cuyo contenido España consideraba jurídicamente oponible a Marruecos dos siglos después. Y no hace falta recurrir únicamente a nuestra propia lectura de la historia. En 1906, la Conferencia de Algeciras, presidida por el ministro español de Asuntos Exteriores, el duque de Almodóvar hablaba de la soberanía e independencia del Sultán, de la integridad de sus Estados, del Gobierno marroquí, del Banco de Estado de Marruecos, de sus autoridades, de su policía y de los tratados internacionales celebrados por Marruecos. Y en 1952, cuatro años antes de la recuperación de la independencia, la propia Corte Internacional de Justicia dejó establecido que, bajo el Protectorado, Marruecos había seguido siendo un Estado soberano, aunque Francia ejerciera determinadas competencias soberanas en su nombre. 1956 no marca, por tanto, el nacimiento de Marruecos. Marca, más bien, la recuperación del ejercicio pleno de una soberanía que el Protectorado había limitado desde 1912. Confundir pérdida de independencia efectiva con desaparición jurídica del Estado es tan absurdo como sostener que España desapareció con la Primera y la Segunda República, volvió a nacer con Franco y fue creada nuevamente en 1978 con su actual Constitución. Uno puede defender la españolidad de Ceuta y Melilla con los argumentos históricos y jurídicos que se consideren pertinentes. Lo que no puede hacer seriamente es reescribir la historia de Marruecos para acomodarla a las necesidades del debate político español del momento.