Laura Medina

El Estatuto Marco ya está en el congreso y esto es una buena noticia. Las leyes se aprueban, se rechazan o se enmiendan en el poder legislativo, no en un despacho. Por eso llevarlo al Congreso no puede ser una ofensa para nadie excepto para quienes quieran eludir sus responsabilidades o esconder sus competencias tras las del Ministerio de Sanidad. Tampoco puede ser una excusa para mantener un conflicto que tiene abierta la vía del diálogo democrático de cualquier ley. Y es que las competencias exclusivas en materia de planificación, ordenación y recursos humanos corresponden a las CCAA desde el año 2001 (Cataluña desde 1981, Euskadi desde 1983 y Navarra desde 1990) y eso hace al EM necesario pero no suficiente. Porque "la patronal" no es el Ministerio de Sanidad, sino las CCAA. Razón de más para que el debate jurídico y competencial se dé en el Congreso de los diputados. Por eso el Estatuto Marco solo puede poner límites y marcar las reglas del juego pero no puede decidir sobre cómo se organiza el servicio de urgencias o de ginecología del Hospital de Cruces o del Gregorio Marañón, por ejemplo. Ahora bien, es verdad que el nuevo Estatuto Marco traerá (si se aprueba) un cambio organizativo con un impacto presupuestario. Blindar y asegurar las condiciones laborales de los profesionales requiere de una mayor inversión en Sanidad. El EM es una manera indirecta de reforzar las plantillas: para que los profesionales puedan dejar las guardias de 24h habrá que contratar más compañeros con los que repartir la atención continuada, sobre todo noches y fines de semana. En este sentido, en los últimos 8 años se han incrementado las transferencias a las CCAA un 43% por el mecanismo de financiación autonómica y se han multiplicado por 10 las transferencias finalistas desde el Ministerio de Sanidad, hasta los 3700 millones. Las CCAA reciben más que nunca y por eso es importante abordar ahora este debate y no perder esta oportunidad. A pesar de que el EM lleva un capítulo específico para el colectivo médico, algunas de las reivindicaciones planteadas, como el Estatuto propio solo para médicos, podrá tener salida sobre los cimientos de un estatuto común que mejore de las condiciones de trabajo de todos los profesionales, no sobre sus cenizas. Por eso desde el Ministerio invitamos a que el parlamento abra un Intergrupo de trabajo para el estudio del marco normativo y condiciones de trabajo de los médicos en tanto en cuanto se abra el debate democrático sobre el Estatuto Marco. La decisión del Congreso será importante de cara al futuro porque se tendrá que elegir entre aprobar y en su caso enmendar el nuevo marco jurídico sobre el que seguir trabajando o mantener el status quo del Estatuto Marco del año 2003 sobre el que se han materializado todos los malestares. En el caso de los Residentes, al no ser estatutarios y depender de un Real Decreto de profesionales en formación (RD 1148/2006) que regula el Ministerio, las condiciones laborales se van a ver mejoradas con menos horas de guardia (<17h), límites de guardias semanales (1 /sem), complemento de formación (+18%) y mejores retribuciones (+10%) que entrará en vigor a finales de año. Sería una pérdida de oportunidad que estas mejoras no se acompañaran con esas mismas medidas para los facultativos por una falta de visión de futuro. Dicho esto, como proponentes del texto acordado con la mayoría de los sindicatos del ámbito (CCOO, UGT, CSIF y SATSE) y dialogado durante más de tres años, espero que los grupos parlamentarios, al margen del ruido interesado de algunos, tengan la altura de miras y el acierto para poder aprobar una norma que todo el mundo coincide en que es imprescindible reformar, que trae innumerables mejoras y que da repuesta a las demandas de las últimas dos décadas.