Lucina

Manual del gobierno de Sheinbaum para dejar morir delfines en cautiverio y que nadie tenga la responsabilidad Mincho murió el 30 de octubre de 2026, después de permanecer aproximadamente un año bajo aseguramiento de PROFEPA en un delfinario clausurado de Cancún. Durante este año se difundieron videos en los que se observan delfines nadando repetidamente en círculos, estanques deteriorados y agua de apariencia sucia. La procuradora Mariana Boy sostiene que los animales reciben atención veterinaria diaria, que sus condiciones han mejorado y que algunos están demasiado enfermos para soportar un traslado. Mincho murió sin que se hubiera conseguido una alternativa definitiva para su permanencia en cautiverio. Así funciona el manual para que los animales mueran sin que ninguna autoridad asuma la responsabilidad: 1. Los animales siempre estarán demasiado enfermos para ser trasladados. Pasó con la hipopótamo Inés, con el orangután Toto y ahora con Mincho. Sus enfermedades servirán para justificar que permanezcan en las mismas instalaciones, aunque esas condiciones les provoquen más enfermedades, les causen deterioro y sufrimiento. 2. Las enfermedades siempre serán crónicas, degenerativas o anteriores al aseguramiento. Nunca se investigará con el mismo interés si fueron provocadas o agravadas por las condiciones del lugar donde permanecen "resguardados". Bastará con anunciar que un animal tenía cáncer para explicar su muerte, aunque todavía no se haya descartado una infección sin tratamiento adecuado u otra complicación. El diagnóstico previo se utilizará para evitar preguntas sobre la atención que recibió después. Mincho murió de cáncer ¿quién te va a decir lo contrario? 3. Las instalaciones no se rehabilitarán porque no hay presupuesto. Si los animales no pueden ser trasladados, tampoco se invertirán los recursos necesarios para mejorar el lugar donde permanecen. Los estanques, sistemas de filtración y espacios de atención médica podrán seguir siendo insuficientes, pero la falta de dinero servirá para justificarlo. 4. Los animales permanecerán bajo el cuidado de quienes los mantenían en cautiverio. PROFEPA podrá asegurarlos sin retirarlos físicamente. Los mismos particulares que los maltrataban continuarán proporcionando alimentación, tratamientos y cuidados, ahora bajo supervisión federal. Si no lo hacen bien, reciben una llamada de atención o una "multa" ridícula. 5. La "atención veterinaria diaria" será suficiente para declarar que están bien cuidados. No será necesario demostrar mejorías clínicas, publicar resultados de laboratorio ni explicar por qué los tratamientos no han conseguido estabilizarlos. Bastará con informar que un veterinario los revisa todos los días, aunque no sea experto en delfines y solo los vea superficialmente. 6. Las alternativas de reubicación permanecerán indefinidamente en evaluación. Siempre faltará un estudio, una autorización, un dictamen o encontrar instalaciones adecuadas. Pasarán los meses sin que exista una fecha para resolver qué ocurrirá con los animales. La burocracia es la mejor herramienta para que nadie haga nada por un animal que necesita atención. 7. PROFEPA seguirá utilizando instalaciones de particulares en lugar de desarrollar capacidad propia. Las UMAs, PIMVS y otros establecimientos continuarán recibiendo fauna asegurada, porque están "ayudando", así el gobierno no tiene que gastar un solo peso. Mariana Boy no tendrá que explicar cuánto presupuesto ha solicitado para contar con instalaciones federales especializadas ni por qué una Procuraduría depende de terceros para atender a los animales, aunque algunos hagan negocio después. 8. Las inspecciones servirán para demostrar que las autoridades están trabajando. Se anunciarán visitas, reuniones, revisiones veterinarias y medidas correctivas. El número de "actuaciones" sustituirá a los resultados, aunque los animales permanezcan enfermos y en las mismas instalaciones. Una foto de un funcionario vale más que un animal agonizando. 9. Cuando un animal muera, se comunicará que tenía la enfermedad terminal y se llenará de sentimentalismo. Jamás se mencionará a quien estaba a cargo. Se ordenará una necropsia, pero no necesariamente una investigación independiente sobre las condiciones de alojamiento. No se revisará la alimentación, los tratamientos, las inversiones pendientes y las omisiones de quienes tenían la obligación de supervisarlo. 10. La responsabilidad se repartirá entre todos hasta que nadie tenga que responder. La empresa dirá que proporcionó cuidados. PROFEPA asegurará que supervisó y los veterinarios explicarán que las enfermedades eran graves. Así, el gobierno de Sheinbaum podrá lamentar la muerte sin explicar qué decisiones tomó durante los meses anteriores. BONUS. Llama a un influencer para que ataque a las personas. Que se enoje y diga que son culpables quienes visitaron este delfinario hace años y permitieron que estos animales fueran utilizados. Que toda la indignación se concentre en los responsables del cautiverio anterior y que las autoridades hicieron todo lo que "estaba en sus manos". Pero adviértele que bajo ninguna circunstancia debe mencionar a los delfines que todavía son utilizados en espectáculos, como los del Delfinario Sonora, administrado por el gobierno de Alfonso Durazo. Mariana Boy debe explicar qué hizo PROFEPA durante un año para mejorar sus condiciones, cuánto se invirtió en rehabilitar el lugar y quién responde por las decisiones que se toman con estos animales. Porque asegurar animales sin garantizar condiciones adecuadas para su atención no puede presentarse como protección ambiental. Mincho murió después de pasar toda su vida entre el cautiverio y la explotación. Nunca conoció otra forma de vivir. Quedan ocho delfines en las mismas instalaciones, sin una solución definitiva para su atención y reubicación. ¿Van a esperar a que también mueran, uno por uno, sin que ninguna autoridad asuma la responsabilidad?

¿Cuántos diputados se necesitan para dar una limosna de 9 mil pesos a rescatistas de animales? Marisela Zúñiga, diputada federal, Martha Ávila y Miguel Macedo, diputados de la CDMX, y Ana Villagrán, titular de AGATAN, ganan entre los cuatro alrededor de 3 millones de pesos al año. Pagados con dinero público. Ahora salen a “apoyar” un concurso de ofrendas organizado por la Agencia de Atención Animal en el que se repartirán apenas 9 mil pesos entre tres ganadores. Los tres diputados de Morena llevan años ocupando cargos legislativos, Marisela Zúñiga, aun siendo diputada federal, no ha presentado una sola iniciativa para garantizar recursos a quienes rescatan animales. Martha Ávila y Miguel Macedo no tienen entre las iniciativas una sola propuesta que garantice dinero para mantener refugios o apoyar económicamente a rescatistas. O mínimo para que se de la atención veterinaria gratuita y completa para los animales rescatados. Macedo incluso acudió a reuniones del Congreso donde escuchó las necesidades de quienes tienen refugios y fue a tomarse fotos con los perros retirados del Franciscano. Nada más. Ana Villagrán gana más de 95 mil pesos mensuales por dirigir AGATAN, una dependencia que no ha gastado 23.1 millones de pesos su presupuesto. Y todavía pretende que los rescatistas gasten en construir una ofrenda sobre el “presupuesto asignado correctamente”, uno de los temas que establece su concurso. ¿Un rescatista que apenas consigue dinero para alimentar a animales tiene que comprar flores, adornos y materiales para representar el buen uso del presupuesto? AGATAN no ha mostrado una convocatoria pública que garantice a los rescatistas de las 16 alcaldías las mismas oportunidades de recibir jornadas veterinarias, apoyos y espacios de venta con causa. Sus actividades se repiten en lugares de Cuauhtémoc sin que informe claramente a quiénes beneficia, cómo los elige ni cuántas veces reciben estos apoyos. ¿Estos “cuantiosos” premios terminarán entre las mismas personas que ya han recibido espacios, recursos y atención de AGATAN? Los rescatistas pagan alimento, cirugías, medicamentos, esterilizaciones y renta. ¿Son suficientes estos 9 mil pesotes para que digan que apoyan a los rescatistas?

¿Los animales envenenados de Xochimilco no importan? En los últimos días, vecinos de la zona chinampera de Xochimilco reportan al menos 60 animales muertos por envenenamiento: 36 perros, 9 gatos, 13 aves silvestres y 2 tlacuaches. El 23 de octubre, un ciudadano que crea contenido de beatbox denunció a través de su cuenta XolTika que salió en bicicleta con sus dos perros hacia los campos de cempasúchil para tomar fotos. Los dos perros fueron envenenados, Sloopy murió y Lobito logró sobrevivir después de recibir atención veterinaria. Después regresó al lugar y encontró una bolsa con restos de pollo y una sustancia de color verde. Ahí conversó con una persona que trabaja en la zona, quien le explicó con completa naturalidad que encontrar perros envenenados es algo habitual, habló de “como 50 animalitos” y dijo que ponen pollo. Hablaba de algo que ocurre con frecuencia, ya que los mismos trabajadores de la zona tienen normalizado que mueran animales. El joven presentó una denuncia ante la Fiscalía CDMX y pidió ayuda para que el caso se conociera y la muerte de Sloopy no quedara impune. A esto se suman otros reportes de habitantes de San Luis Tlaxialtemalco sobre restos de carne con veneno colocadas en las chinampas para impedir que los perros entren a los cultivos. La Jornada confirmó que la Fiscalía ya acumulaba denuncias por envenenamientos de perros en la zona chinampera y documentó también los reportes sobre comida con veneno arrojada entre los cultivos. ¿Se está utilizando veneno de manera recurrente para eliminar a los perros y otros animales en Xochimilco? En plena temporada de cempasúchil, cuando esos mismos campos se promocionan para recibir visitantes, vender flores y tomarse fotografías. En el Parque España de la alcaldía Cuauhtémoc, hubo policías, Brigada de Vigilancia Animal, Fiscalía, PAOT, revisión de cámaras, comunicados y funcionarios pronunciándose públicamente en cuestión de horas. En Xochimilco ya se reportan al menos 60 animales muertos y no hemos visto una respuesta comparable. No hay ruedas de prensa con la Jefa de Gobierno y comitiva. No vemos autoridades disputándose públicamente quién va a investigar ni explicando qué están haciendo para detener los envenenamientos. Y la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, ni siquiera se ha pronunciado públicamente. No ha explicado cuántas investigaciones existen, si Fiscalía ha recogido los cebos, si se están realizando peritajes, si se recorren las chinampas para localizar más veneno o qué se está haciendo para identificar a quienes lo colocan. ¿Los animales les estorban para la imagen turística y por eso toleran que los estén matando? ¿Por qué, con al menos 60 animales reportados muertos en unos cuantos días, las autoridades no están reaccionando con la misma urgencia? Xochimilco detrás de su cempasúchil, no puede estar normalizando que maten animales.

¿Por qué el gobierno de Brugada no ofrece atención veterinaria gratuita las 24 horas para emergencias? Ana Villagrán acaba de decirle a la ciudadanía que, ante un envenenamiento, debe acudir inmediatamente al médico veterinario. Pero el Hospital Veterinario de la CDMX, que depende de la propia AGATAN que ella dirige, no recibe nuevos pacientes durante las 24 horas. ¿Qué sucede entonces con un perro envenenado a las dos de la mañana? ¿Con un animal atropellado durante la madrugada? ¿Con un animal enfermo de gravedad cuya familia no puede pagar miles de pesos en un hospital privado? Muchas vidas podrían salvarse si AGATAN utilizara sus recursos para establecer un verdadero servicio público de emergencias veterinarias y coordinara una red permanente con las demás dependencias que cuentan con clínicas de atención animal. Y dinero ha tenido. Bajo la dirección de Ana Villagrán, AGATAN dejó sin ejercer aproximadamente 8.5 millones de pesos de su presupuesto de 2025. Son 8.5 millones que no se utilizaron para ampliar horarios, contratar médicos veterinarios, comprar medicamentos, equipar servicios de urgencias o aumentar la capacidad de atención. Entonces no basta con publicar una infografía diciendo “acude al médico veterinario”. La directora de AGATAN también debe explicar por qué la dependencia que encabeza dejó millones de pesos sin ejercer. Y por qué, si este año tiene mayores recursos, la CDMX sigue sin tener un servicio público veterinario permanente para animales envenenados, atropellados o gravemente heridos. ¿Cuántas vidas podrían salvarse si el presupuesto para bienestar animal realmente se utilizara para atender animales cuando más lo necesitan? ¿En qué lo está gastando?

Dos casos activos de envenenamiento de animales en CDMX y el gobierno de Brugada sólo despliega una respuesta inmediata en uno En Parque España, Cuauhtémoc, tres perros han muerto por comer alimentos envenenados. En el parque fueron localizados varios cebos y uno de ellos contenía una pastilla azul. Desde la mañana intervinieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Brigada de Vigilancia Animal, la Alcaldía Cuauhtémoc, la Fiscalía, la Policía de Investigación, peritos y PAOT.  Revisaron el parque, iniciaron una carpeta de investigación y comenzaron a analizar las cámaras. Pero existe otro caso activo. En San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, vecinos reportan 36 perros, 9 gatos, 13 aves silvestres y 2 tlacuaches muertos por envenenamiento.  Son los propios ciudadanos quienes han colocado lonas de advertencia, presentado denuncias y pedido vigilancia. Ahí no existe un despliegue público equivalente del gobierno de Brugada. Horas después de que la Alcaldía Cuauhtémoc, la SSC y la Brigada de Vigilancia Animal ya se habían desplegado en Parque España, Ana Villagrán publicó para deslindarse que las áreas caninas eran responsabilidad “exclusiva” de las alcaldías.  Y que apenas revisarían con el C5 la posibilidad de colocar cámaras. Pero ya la Fiscalía había informado que las cámaras ya estaban siendo revisadas y otras autoridades sí fueron a trabajar al lugar.  Más tarde, el propio gobierno de Brugada difundió un comunicado conjunto de Fiscalía, SSC y PAOT para informar las acciones realizadas en Parque España en coordinación con autoridades de Cuauhtémoc. Villagrán fue excluida, otra vez, del comunicado oficial del gobierno de Brugada. AGATAN tampoco aparece entre las dependencias que realizaron las diligencias. El organismo descentralizado creado para la atención animal no aparece en la respuesta oficial y su directora publicó horas después sin reflejar siquiera conocimiento del caso. Villagrán, no se ha pronunciado con la misma intensidad sobre San Luis Tlaxialtemalco, donde vecinos reportan ya 60 animales muertos y exigen vigilancia. ¿Para qué sirve AGATAN, sí no tiene una acción mínima? Ni siquiera coordinando o apareciendo en la orilla de la foto. Su directora llega después de que otras autoridades ya actuaron y tampoco encabeza una respuesta en otro caso menos mediático. Utilizar un caso donde ya murieron animales para protagonizar y entrar en una disputa política. En lugar de concentrarse también en el otro caso de envenenamiento, termina convirtiendo una tragedia animal en zopiloteo político.

¿Le rinden homenaje al perro que dejaron morir sin atención veterinaria?