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Nací Defensor ll Abogado litigante ll Lector ll CEO en Mentes Jurídicas ll Derecho Penal Económico UCIII de Madrid ll Diplomado en Delitos Económicos Complejos

Quito, Ecuador
Joined February 2022
LA MOTIVACIÓN REFORZADA EN MATERIA PENAL: CONDENAR NO ES SIMPLEMENTE AFIRMAR LA CULPABILIDAD En la sentencia 2706-16-EP/21, la Corte Constitucional del Ecuador desarrolla importantes exigencias argumentativas que deben satisfacer las decisiones judiciales condenatorias: ▪️ Justificar cómo se ha superado la duda razonable. ▪️ Examinar y refutar los argumentos relevantes de la defensa. ▪️ Fundamentar la concurrencia de las categorías dogmáticas del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ▪️ Respetar la presunción de inocencia y la carga probatoria de la acusación. A partir de este pronunciamiento, resulta pertinente formular una reflexión desde el razonamiento probatorio: La insuficiencia de la hipótesis defensiva no puede utilizarse para subsanar las deficiencias probatorias de la hipótesis acusatoria. Hacerlo supondría una inversión encubierta de la carga de la prueba. La debilidad de la defensa no equivale a la fortaleza de la acusación. El convencimiento judicial debe ser racionalmente justificable, no meramente declarado. En un Estado constitucional de derechos y justicia, la motivación no constituye una simple formalidad procesal, sino una garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo. No corresponde al procesado demostrar su inocencia, sino a la acusación probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. 📚 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 2706-16-EP/21, de 29 de septiembre de 2021.
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Estoy de acuerdo con lo que indica L Laudan en indicar: Valorar consiste en evaluar si puede o no darse por probado un hecho controvertido, valorar libre y racionalmente consiste, más precisamente, en evaluar si el grado de probabilidad o de certeza alcanzado por la hipótesis que lo describe a la luz de las pruebas e informaciones disponibles es suficiente para aceptarla como verdadera. Por eso la principal tarea a la que se enfrenta una valoración racional es la de medir la probabilidad. Y por eso el objetivo de los modelos de valoración ha de ser proveer esquemas racionales para determinar el grado de probabilidad de las hipótesis, o su aceptabilidad.
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🚨 ¿ESTAMOS LIMITANDO INDEBIDAMENTE EL CONTRAINTERROGATORIO EN ECUADOR? Existe un problema en la práctica judicial ecuatoriana respecto de la dirección del interrogatorio y el contrainterrogatorio por parte de algunos juzgadores. Una cosa es limitar el contrainterrogatorio a los temas abordados durante el interrogatorio directo y otra, muy diferente, restringirlo a las preguntas específicas que formuló el abogado que presentó al testigo. Esta problemática no es nueva. Hace varios años, en Colombia se produjo una discusión semejante, que motivó importantes reflexiones doctrinales y pronunciamientos judiciales. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en un auto del 23 de mayo de 2014, advirtió sobre una interpretación excesivamente restrictiva del alcance del contrainterrogatorio. En aquella decisión se cuestionó que algunos juzgadores admitieran objeciones bajo el argumento de que determinada pregunta «no fue materia del directo», confundiendo los temas abordados durante el interrogatorio con el listado específico de preguntas formuladas por la parte que presentó al testigo. El Tribunal sostuvo una consideración fundamental: «Sea como fuere, la credibilidad siempre podrá ser materia de contrainterrogatorio, así no se haya planteado en esos términos en el directo». Esta reflexión nos invita a examinar lo que ocurre actualmente en el proceso penal ecuatoriano. El contrainterrogatorio no puede convertirse en una simple reproducción de las preguntas formuladas durante el interrogatorio directo. Su finalidad también comprende poner a prueba la credibilidad del testigo, la fiabilidad de sus afirmaciones y las condiciones en las que obtuvo conocimiento de los hechos. La dirección judicial de la prueba debe garantizar el ejercicio efectivo del derecho de contradicción, no restringirlo mediante interpretaciones excesivamente formalistas. 📚 Referencia jurisprudencial: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Magistrado ponente: Orlando Muñoz Neira. Auto del 23 de mayo de 2014, proceso 110016000013 2011 12301, p. 13. Y en Ecuador, ¿estamos confundiendo los temas del interrogatorio directo con las preguntas específicas que lo integran?
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🚨 ¿PRESUNCIÓN DE INOCENCIA O PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD CUANDO LOS CASOS MEDIÁTICOS TIENEN UNA OPINIÓN PÚBLICA O DEL PODER DE TURNO? 📍La Corte Constitucional, en la sentencia 150-16-EP/20, párrafo 31, establece dos obligaciones: Fiscalía o el acusador deben demostrar la culpabilidad; los jueces deben presumir la inocencia, tratar al procesado como inocente y resolver con base en las pruebas actuadas. Esta regla plantea una pregunta necesaria para la justicia ecuatoriana: ¿cómo se protege la presunción de inocencia en los procesos de mayor exposición mediática? La cobertura informativa, la indignación social y las declaraciones de autoridades pueden construir una imagen de culpabilidad antes del juicio. Pero esa imagen no acredita los elementos del delito ni la responsabilidad de una persona. 📍La propia Corte, en la sentencia 14-19-CN/20, párrafo 17, exige a las autoridades abstenerse de prejuzgar y prevenir que los medios de comunicación o determinados sectores sociales influyan en la decisión judicial sobre la responsabilidad penal. Para evaluar si esa garantía se respeta, debemos mirar el contenido de las decisiones: • ¿Se identifica qué prueba acredita cada hecho relevante? • ¿Se responden los cuestionamientos de la defensa sobre la fiabilidad y suficiencia de la prueba? •¿Se analiza hipótesis alternativas? • ¿Se distingue entre una sospecha investigativa y una responsabilidad demostrada? • ¿La ausencia de una explicación del procesado se utiliza para suplir lo que la acusación no probó? • ¿Se explica cómo se superó la duda razonable o simplemente se afirma que existe culpabilidad? Tiene la sentencia un apartado que nos explique cuáles fueron los hechos dados como probados y como han sido acreditados (IMPORTANTE). Una condena en un caso mediático no demuestra, por sí misma, que hubo prejuicio judicial. Tampoco la sola cita de la presunción de inocencia demuestra que esta fue respetada. La garantía se vuelve efectiva cuando limita el razonamiento del juzgador: obliga a exigir prueba suficiente, examinar las objeciones relevantes y resistir la expectativa pública de condena. El análisis debe dirigirse a las razones de la decisión. Si la culpabilidad se da por sentada y el proceso se utiliza para confirmarla, se ha abandonado el punto de partida constitucional. La presión por obtener una condena nunca puede reducir lo que la acusación debe probar.
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🚨LA INOCENCIA SE PRESUME. LA CULPABILIDAD SE PRUEBA. En la sentencia 14-19-CN/20, la Corte Constitucional del Ecuador precisa una consecuencia fundamental de la presunción de inocencia: Fiscalía tiene la carga de probar tanto la existencia del hecho punible como la culpabilidad de la persona procesada. En el párrafo 15, la Corte explica que, si Fiscalía no sustenta su acusación con pruebas de cargo válidas y se genera duda razonable, no procede declarar la culpabilidad. Esto significa que la ausencia de prueba de descargo no reemplaza la prueba de cargo. Que la defensa no demuestre la inocencia no permite concluir que la acusación está probada. En el párrafo 18, la Corte reafirma que corresponde al órgano de persecución penal demostrar la responsabilidad más allá de toda duda razonable. La consecuencia para el juzgamiento es concreta: una condena debe sustentarse en lo que la acusación logró probar. Exigir al procesado que demuestre su inocencia desplaza indebidamente la carga probatoria y desconoce la garantía que lo protege. La pregunta que debe resolver una sentencia condenatoria es: ¿Fiscalía probó la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable? 📌 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 14-19-CN/20, de 12 de agosto de 2020, párrafos 15 a 19.
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⚖️ Estimados colegas, les comparto mi análisis de la Sentencia 14-2023, publicado en Mentes Jurídicas. Los invito a verlo y a compartir sus criterios: el debate jurídico enriquece nuestra práctica profesional. ▶️ youtu.be/fuVSnWMQK6A ¡Gracias por verlo y compartirlo! 📚
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🚨Resolución 14-2023 de la Corte Nacional de Justicia La regla central está en el artículo 6. En una acusación por tráfico basada en la tenencia o posesión de droga, Fiscalía debe acreditar el propósito de comercializarla o colocarla en el mercado. El peso y la posesión son datos relevantes, pero por sí solos son insuficientes para establecer ese elemento del tipo penal. El tribunal debe valorar en conjunto la prueba de cargo y de descargo, conforme a los artículos 2 y 6 de la resolución y al artículo 220.1 del COIP. Qué cambia en la valoración de la prueba •La derogación de la tabla de consumo mantuvo la protección del consumo personal. El artículo 1 ratifica la no punibilidad de la tenencia para consumo ocasional, habitual o problemático. Su fundamento constitucional es el artículo 364 y la sentencia 7-17-CN/19, que ya había establecido que superar un umbral no genera por sí mismo una presunción de responsabilidad penal. •El consumo personal puede incluir aprovisionamiento para futuras ingestas. Los considerandos 38 y 39 reconocen esa posibilidad y exigen examinar la razonabilidad de la cantidad en el caso concreto. Por eso, la pericia del artículo 3.b debe abordar dos cuestiones distintas: el patrón de consumo de la persona y la compatibilidad de la sustancia y cantidad incautadas con ese patrón. El examen químico aporta información sobre qué se incautó. La finalidad del porte se determina a partir del conjunto de la prueba. •La hipótesis de consumo no desplaza la carga de la prueba. El considerando 35 debe leerse junto con el 37, que atribuye expresamente a Fiscalía la carga de acreditar la finalidad típica. La defensa puede respaldar el aprovisionamiento con pericia y testimonios. Si al final del juicio subsiste duda razonable sobre el destino de la sustancia, esa duda impide condenar por tráfico.
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🚨 Hipótesis alternativa y carga de la prueba Sentencia 391-25-EP/26, primer problema jurídico, párrs. 29 a 35 En un proceso por abuso de confianza, la defensa sostuvo que las transferencias correspondían a servicios facturados al costo. La Sala Provincial descartó esa hipótesis por falta de respaldo. La Corte Constitucional concluyó que no hubo inversión de la carga probatoria porque, según la motivación de la Sala, la inferencia de desvío se sustentaba en la prueba de cargo. La Corte verificó a quién se atribuyó la carga de probar, sin revalorar los indicios. La distinción es entre carga de persuasión y respaldo de una afirmación fáctica. Fiscalía debe acreditar la responsabilidad más allá de toda duda razonable. Si la defensa afirma que los fondos se destinaron a servicios determinados, esa explicación requiere algún apoyo en la prueba practicada, incluso en la aportada por Fiscalía. Para generar duda razonable, basta con que ese apoyo debilite una inferencia indispensable para condenar. Si la defensa se limita a impugnar esa inferencia, puede hacerlo sin ofrecer un relato alternativo. El límite está en la función que cumple la falta de respaldo. La ausencia de facturas puede debilitar la tesis del pago por servicios. La inferencia de que el acusado dispuso de los fondos para sí o para un tercero debe sostenerse en hechos acreditados. Si esa inferencia solo se completa porque el acusado no justificó el destino del dinero, la carga se ha desplazado a la defensa. La hipótesis alternativa debe ser corroborada por quien la plantea.
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⚖️ ¿Por qué se presentó la acción de inconstitucionalidad 9-23-IN/26 y por qué la Corte la desestimó? Los accionantes cuestionaron el artículo 630.1 del COIP porque condiciona la suspensión condicional de la pena a que la pena prevista en abstracto para el tipo penal no exceda de cinco años. La pena en abstracto es la que la ley establece para un delito. La pena en concreto es la que el juez impone en la sentencia, luego de considerar las circunstancias del caso, como atenuantes, agravantes o el grado de participación. Según los accionantes, una persona podía recibir una pena concreta menor a cinco años y, aun así, quedar excluida del beneficio porque el tipo penal por el que fue condenada tenía una pena abstracta superior a cinco años. Alegaron que esto vulneraba la igualdad y la proporcionalidad. La Corte reconoció que la norma establece un trato distinto, pero concluyó que no era discriminatorio. Aplicó un estándar de mera razonabilidad y consideró válido que el legislador use la pena abstracta como parámetro objetivo para valorar la gravedad del delito y limitar el acceso al beneficio. Por ello, desestimó la acción.
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