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A un mes del gobierno de Keiko Fujimori, nada de orden, mucho de piloto automático y una evidente incapacidad para resolver problemas urgentes como el alza del costo de vida, que ha generado protestas en Loreto, Ucayali y otras regiones del Perú. En apenas cuatro semanas se han registrado 151 homicidios, de los cuales, el 75% fue con armas de fuego. Frente a ello, el Gobierno responde con militarización. De reforma policial, nada. Por otro lado, el aumento de la remuneración mínima vital anunciado el 28 de julio sigue sin fecha de implementación y sin responder a una política institucionalizada de revisión técnica. Un gabinete con apenas 2 mujeres entre 19 integrantes muestra qué agendas siguen relegadas. De pueblos indígenas, ni una palabra. Frente al Fenómeno El Niño necesitamos prevención y coordinación real entre todos los sectores, incluidos Salud y MIDIS. Eso tampoco está ocurriendo. Mientras tanto, la reorganización de la ANA y los cambios en las reglas para las organizaciones de usuarios de agua avanzan sin suficiente debate, poniendo en riesgo la protección de las fuentes de agua y la seguridad hídrica del país. A ello se suman los cuestionamientos en las designaciones, encargaturas y falta de idoneidad para conducir sectores que requieren conocimiento técnico y experiencia. Y la delegación de facultades confirma el problema de fondo: una larga lista de medidas, pero sin políticas públicas claras que les den rumbo y coherencia.