REDHNNA Venezuela

Hace unos días preguntamos qué ocurriría con los adolescentes procesados por terrorismo y advertimos que no podían quedar fuera de la reforma judicial. Hoy hay una respuesta. El TSJ anunció que elimina la competencia especial de los dos tribunales de Caracas y que las causas serán conocidas por los tribunales del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes de cada región. Es una medida positiva que responde a una exigencia que hemos sostenido. Los adolescentes tienen derecho a su juez natural, a una justicia especializada y cercana a sus familias. Ahora hay que profundizar este avance. El problema no es solamente de administración de expedientes, sino de administración de justicia. No basta con trasladar las causas de un tribunal a otro. Corresponde revisar individualmente cada proceso, su calificación jurídica, los elementos que sustentan la imputación o acusación y las medidas impuestas, especialmente aquellas que implican privación de libertad. Cuando de esa revisión resulte que no existen elementos suficientes para continuar el proceso, corresponde adoptar las decisiones previstas en la ley, incluido el sobreseimiento cuando sea procedente. La reforma no puede agotarse en cambiar el tribunal que lleva un expediente. Debe servir para revisar lo actuado, corregir vulneraciones y restablecer derechos. Reconocer al juez natural es un avance importante. Ahora corresponde garantizar que cada adolescente reciba una decisión ajustada a derecho. Ahí es donde una reforma judicial comienza a convertirse en justicia. @cecodap @REDHNNA

Una niña indígena y una justicia que llegó tarde. En noviembre de 2016 una niña indígena de 11 años, perteneciente al pueblo piaroa y residente en la comunidad Las Pavas, estado Amazonas, contó a su maestra que había sido víctima de abusos sexuales reiterados presuntamente cometidos por su padrastro. La docente denunció. El Ministerio Público inició la investigación, el presunto agresor fue detenido y acusado, y la causa llegó a juicio. Pero en 2017 autoridades de la jurisdicción indígena realizaron un procedimiento por los mismos hechos y absolvieron al acusado. Se produjo entonces un conflicto sobre cuál jurisdicción debía conocer el caso. El proceso penal que se encontraba en fase de juicio fue suspendido y el expediente llegó a la Sala Constitucional del TSJ en octubre de 2017. La decisión llegó el 7 de diciembre de 2023. Más de seis años después. La Sala Constitucional, en su sentencia n.º 1790, anuló la decisión de la jurisdicción indígena y ordenó continuar el juzgamiento. Además, estableció con carácter vinculante la competencia de la jurisdicción especializada en materia de género para conocer estos delitos cuando las víctimas sean niñas y adolescentes indígenas, o cuando concurran niños o adolescentes indígenas como víctimas, con aplicación de la LOPNNA. La decisión fijó un criterio importante para la protección de niños y adolescentes indígenas. Pero hay un dato que no puede quedar fuera del análisis: para ese momento la víctima ya no había podido ser localizada. Tenía 11 años cuando se denunciaron los hechos. Cuando el TSJ finalmente resolvió el conflicto de jurisdicción ya debía tener 18 años y no se conocía con certeza su paradero. Este caso nos obliga a preguntarnos qué significa realmente el acceso a la justicia para un niño. Una decisión puede establecer un criterio jurídico importante y, al mismo tiempo, llegar demasiado tarde para quien necesitaba protección. La justicia no se mide solamente por lo que decide. También por cuánto tarda en decidir y qué ocurre con la víctima mientras espera. Los derechos de los niños no pueden esperar a que el sistema de justicia resuelva sus propios conflictos.

¿Qué podemos aprender del proceso de selección del Comité de Postulaciones Judiciales? Participé como candidato y creo que esta experiencia debe servir, sobre todo, para mirar lo que viene. La selección de los magistrados del TSJ será una etapa mucho más importante. Tenemos la oportunidad de despejar dudas, corregir lo necesario y elevar los estándares de transparencia. Conocimos 127 candidaturas y finalmente fueron seleccionadas 12 personas. Pero quedaron preguntas sobre cómo se llegó a ese resultado. ¿Cuál fue el baremo? ¿Todos fuimos evaluados con los mismos criterios? ¿Qué peso tuvieron la formación, la experiencia y la trayectoria? ¿Cómo se midieron la idoneidad y la independencia? ¿Hubo puntajes u orden de mérito? Hay una pregunta fundamental: ¿los resultados de esa evaluación determinaron la selección final? Está pregunta importa porque durante el proceso se informó que las candidaturas serían evaluadas, pero también que los 12 representantes serían acordados en la mesa de negociación. ¿Cómo se relacionaron ambos procesos? ¿Qué peso tuvo la evaluación y cuál la negociación? La negociación política puede formar parte de la construcción de acuerdos, pero no puede sustituir los criterios y procedimientos establecidos. Estas dudas deberían despejarse ahora, porque el Comité tendrá la responsabilidad de evaluar a quienes aspiran a integrar el TSJ. La próxima etapa ofrece una oportunidad para hacerlo mejor. Antes de evaluar a los candidatos deberían conocerse el baremo, los criterios, su ponderación y la metodología. Después, deberíamos poder comprender cómo fueron aplicados y por qué se tomó cada decisión. Renovar la justicia no es solamente cambiar nombres. También implica cambiar prácticas y recuperar confianza en las instituciones. La próxima vez no deberíamos conocer solamente quién fue seleccionado. Deberíamos poder saber por qué. Si aprendemos de esta primera experiencia, todavía estamos a tiempo de construir un proceso más transparente y una justicia que genere mayor confianza. @REDHNNA

Cuando hablamos de reforma del sistema de justicia en Venezuela tenemos que preguntarnos qué significa esa reforma para los niños, niñas y adolescentes. Hay casos públicos que muestran cómo sus derechos pueden verse afectados por decisiones, omisiones o retrasos del propio sistema. José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel Yáñez, Rafael Parra, Cristian Molina y Johan Correa murieron durante un incendio en un centro de detención para adolescentes en San Félix. La CIDH declaró responsable al Estado venezolano por violaciones a sus derechos. Cuando un adolescente está bajo custodia del Estado, la obligación de protección es todavía mayor. Una niña indígena de 11 años, perteneciente al pueblo piaroa, vivía en la comunidad Las Pavas, estado Amazonas, y fue víctima de violencia sexual. La respuesta judicial se prolongó durante años mientras se discutía qué jurisdicción debía conocer el caso. Los niños del Hospital J. M. de los Ríos han requerido medidas cautelares de la CIDH para proteger derechos como la vida, la integridad y la salud. Maikel Hurtado tenía 10 años. Fue captado y utilizado por una organización criminal antes de ser asesinado. Su caso obliga a preguntarnos qué capacidad tienen el sistema de protección y la justicia para identificar a tiempo a los niños utilizados por grupos criminales y protegerlos antes de que sea demasiado tarde. Samantha Hernández tenía 16 años cuando fue detenida y permaneció casi nueve meses privada de libertad antes de recibir una medida sustitutiva. Su proceso continúa sin que se hayan presentado pruebas que sustenten la acusación. Enyerbeth Porras tenía la misma edad, fue procesado por terrorismo y continúa sometido a ese proceso después de haber permanecido más de un año privado de libertad. Ambos casos plantean una discusión necesaria sobre las garantías reforzadas que corresponden a los adolescentes y los límites del poder punitivo del Estado frente a ellos. Son situaciones distintas, pero tienen un elemento común: cuando estos niños y adolescentes necesitaron protección, la justicia no llegó a tiempo o no ofreció la respuesta que sus derechos exigían. Por eso la niñez y la adolescencia deben ser un criterio de análisis en cualquier reforma del sistema de justicia. No basta con modificar tribunales, competencias o estructuras. Debemos preguntarnos si esos cambios permitirán proteger a tiempo, garantizar derechos y ofrecer respuestas efectivas cuando un niño o adolescente las necesite. @cecodap @REDHNNA