Abogado, profesor USFQ.
Quito, Ecuador
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Es una opinión muy generalizada en el foro que la jurisprudencia constitucional está restringiendo las garantías jurisdiccionales. Más allá de si es un cambio deseable o no, escribí este artículo buscando evaluar si los datos respaldan esa impresión: corralrosales.com/las-garant…
En 2023–2024, la Corte estableció como su prioridad corregir la desnaturalización de las garantías que se había vuelto tan común en ese momento. Desde ahí,
– Dictó más de 90 sentencias contra garantías «desnaturalizadas» o «manifiestamente improcedentes».
– Realizó 75 declaratorias previas por error inexcusable, 15 por dolo y 6 por manifiesta negligencia contra 82 jueces.
– Habilitó sancionar a jueces constitucionales por prevaricato.
– Con la sentencia 2006-18-EP/24, envió los conflictos Estado–servidores (que constituían una parte considerable del litigio constitucional) a la vía contencioso-administrativa.
En el artículo, analizo 55.591 garantías jurisdiccionales decididas entre 2008 y 2026 con la intención de ver cómo impactó este giro en la cantidad de garantías jurisdiccionales que se aceptan en el Ecuador.
¿Qué derechos se ven más golpeados? En acción de protección, los que más cayeron son el trabajo (43% → 25%), la igualdad y no discriminación (44% → 26%) y la seguridad jurídica (42% → 25%).
Derechos que no tienen una vía judicial clara, como la salud, resisten mejor: 50% → 42%.
Por tipo de asunto, la caída pega más en el empleo público: pagos a servidores (50% → 21%), concursos de méritos (48% → 24%) y contratos ocasionales (48% → 29%).
La excepción nuevamente es la salud: las acciones por medicamentos y atención pasaron de 58% a 68%.
Cuando una empresa demanda, la aceptación pasó de 37% a 20% (−16 puntos, frente a −13 del total). Hoy prospera solo 1 de cada 5. Y a su vez litigan más: de 10 a 15 causas por mes.
Si la empresa es la demandada, en cambio, la aceptación bajó de 37% a 27%, menos que el total (−11 puntos frente a −13).
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Aprendí mucho de nuestra conversación. Les invito a escucharla.
Conversando con @Reguiguren sobre la relación entre la Constitución y la economía, así como el papel de la Corte como árbitro
Spotify: lnkd.in/eEZwjhBq
YouTube: lnkd.in/exVT_KpS
Agrego dos centavos a esta discusión:
La Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas establece que “La información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública” (Art. 16).
Según la Sentencia 21-23-IN/24, es inconstitucional exigir requisitos como los datos personales del solicitante para entregar información pública.
Con esos dos elementos, es claro que la Contraloría no puede imponer los formularios requiriendo datos personales para acceder a las declaraciones.
Pero, también es posible cuestionar si es tan obvio que TODA la información de las declaraciones deba estar disponible libremente. Existen dos tipos de excepciones al acceso a la información publica, (i) la información confidencial y (ii) la reservada (LOTAIP, Art. 14). Según el art. 47 de la LOGJCC, “No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial”. Así que el que la ley diga que la información es pública no necesariamente termina la cuestión, si ahí existen datos confidenciales.
Qué información es confidencial? En esencia, los datos personales. Según el art. 5 LOTAIP, la información “derivada de los derechos personalísimos y fundamentales, y requiere expresa autorización de su titular para su divulgación, que contiene datos que al revelarse, pudiesen dañar los siguientes intereses privados: a) El derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a la vida, la salud o la seguridad, así como el derecho al honor y la propia imagen; b) Los datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares (según) la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales; (…).
Las declaraciones patrimoniales son, literalmente, un inventario detallado de toda la información patrimonial de todos los servidores públicos (entre 490,000 y 635,000 personas, la mayoría profesores, médicos, etc.). Son un conjunto tan enorme de datos que permitirían hacer perfiles económicos o patrimoniales de las personas. No existen aquí intereses de privacidad, salud u honor que considerar? Incluso de seguridad dados los tiempos de extrema paz y tranquilidad en los que vivimos. Creo que el detalle de las declaraciones entra en la definición de información confidencial y su difusión integral sí puede arriesgar la privacidad y seguridad de cientos de miles de personas.
Los sujetos obligados por la LOTAIP (la Contraloría) deben promover el acceso a la información pública pero también “proteger los datos confidenciales y personales que estén bajo su poder” (Art. 9). Creo que existe una tensión aquí y la Contraloría también está obligada a proteger los datos confidenciales en las declaraciones.
El Reglamento a la Ley de Declaraciones Patrimoniales Juradas limita su publicidad a la “Información patrimonial (valores totales de los componentes que forman parte del activo y pasivo)” y "Total del patrimonio (activos menos pasivos).” Me parece un balance más razonable a la publicidad total de las declaraciones. (En cualquier caso, insisto, la Contraloría no puede imponer formularios requiriendo datos personales para acceder a las declaraciones).
▶️Sobre la Contraloría y el acceso a declaraciones patrimoniales
El tema está en el Art. 18.2 de la Constitución.
Ese artículo señala que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información pública y que no existirá reserva de información excepto en los casos determinados en la ley.
Ahora, ¿qué se entiende por información pública?
1.- la producida por entidades públicas
2.- la que esté en posesión de entidades públicas o
3.- la que se ha generado con recursos públicos, lo que puede incluir a privados.
¿Qué principios rigen a la información pública?
1. El principio de máxima divulgación
2. Publicidad
3. Transparencia
Conclusión: el cambio debe darse vía legal (Art. 18.2 CRE).
Comentario adicional: Una de las razones para implementar este cambio (según los considerandos del Acuerdo) es que en los últimos días se identificó “la presencia de un alto número de conexiones externas a la sección “Consultas Declaraciones Juramentadas” del portal web institucional”.
¿Qué exactamente es lo que se quiere decir?
Sobre esto último la Asamblea Nacional (una de las comisiones) bien podría solicitar más información.
En 2022, @dsalazaca me invitó a participar en este hermoso proyecto para medir cuánto citan los jueces constitucionales a sentencias extranjeras, que recientemente ganó el premio a Libro del Año 2025. Ahora que en Ecuador la Corte Constitucional vive permanentes ataques para desacreditarla, es aún más importante conocer sobre ella y discutir su rol esencial para la democracia, así que comparto algunos resultados del capítulo ecuatoriano. 🧵👇
Honradísima de ser parte, junto a @Reguiguren, de un capítulo en el libro "Judicial Bricolage. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges in the 21st Century", que ha recibido el Premio Libro del Año 2025 del The International Forum on the Future of Constitutionalism
Afortunadamente, creemos que existe una evolución positiva hacia un dialogo judicial más valioso, como puede verse en la sentencia 127-21-IN/23. Al decidir sobre la constitucionalidad de la vacunación obligatoria durante el COVID, la Corte notó que era un evento global sin precedentes y analizó los fallos y exigencias de vacunación de Alemania, Colombia, Chile, España, Francia y Brasil. Pero, antes de hacerlo, reconoció el riesgo de incurrir en cherry picking y resaltó que, aunque el derecho extranjero no es vinculante en Ecuador, sería utilizado por aportar perspectivas clave para resolver el caso local con mayor sabiduría.
Aunque solo es un ejemplo anecdótico, este caso ofrece una ventana hacia una Corte que está comenzando a ser más consciente de que las razones autoritativas solo pueden encontrarse en la Constitución y, si se va a citar material extranjero, debe ser para mantener un diálogo judicial sólido y transparente:
Fin.
Este es el link para comprar el libro: bloomsbury.com/uk/judicial-b…
Y este link da acceso libre al capítulo de Ecuador: papers.ssrn.com/sol3/papers.…