Ana Irma Rivera Lassén

Lo anunciado por los desarrolladores de Esencia plantea más preguntas que respuestas. Si el proyecto tendrá un sistema de agua propio, la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿de dónde saldrá esa agua? Hasta ahora, la propuesta no cuenta con el aval de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ni con estudios técnicos públicos que demuestren su viabilidad hidrológica, ambiental, económica y energética. A esto se suma un factor crítico que no puede ignorarse: la región suroeste de Puerto Rico es la más seca de la isla y presenta una alta tasa de evaporación, lo que agrava aún más la disponibilidad y sostenibilidad del recurso agua. En un contexto así, cualquier plan de desarrollo a gran escala debe demostrar con rigor cómo enfrentará estas condiciones climáticas adversas. Si el agua proviene de los acuíferos del suroeste, el proyecto competiría por un recurso limitado que ya abastece a comunidades y negocios de Cabo Rojo. Si fuera de un pozo dentro de las propiedades, donde están los estudios que muestran capacidad, entre otros aspectos. Si proviene de una planta desalinizadora, es necesario explicar cómo se asumirán los altos costos energéticos y operacionales que implica producir el volumen de agua requerido por un desarrollo de esta magnitud. Más aún, hablar de una “reserva de agua” no resuelve el problema de fondo. Un lago artificial o un tanque de almacenamiento solo almacenan agua; no la generan. En una región con alta evaporación, como el suroeste de Puerto Rico, estas pérdidas por evaporación pueden ser significativas, reduciendo aún más la eficiencia de cualquier sistema de almacenamiento superficial. La pregunta clave sigue siendo cuál será la fuente sostenible del recurso. También surge una interrogante crítica: ¿con qué agua se regarán los campos de golf y las extensas áreas verdes? • Usar agua potable sería ambiental y éticamente inaceptable en una región con sequías recurrentes. • Usar agua de pozo aumentaría la presión sobre los acuíferos. • Usar agua desalinizada requeriría demostrar la viabilidad económica de sostener esa operación durante décadas. • Usar aguas grises tratadas podría parecer una alternativa más sostenible, pero también exige aclarar si el proyecto contempla infraestructura avanzada de tratamiento, si cumple con estándares sanitarios estrictos y si es realmente suficiente para suplir la demanda constante de un campo de golf a gran escala. Cada alternativa —incluyendo el reúso de aguas grises— tiene implicaciones técnicas, ambientales y regulatorias que tenían que ser evaluadas con datos verificables, no con supuestos, antes de autorizar la consulta. El debate no puede resolverse con anuncios. Requiere evidencia científica, estudios independientes y transparencia total sobre el origen, tratamiento, uso y sostenibilidad del recurso agua en el proyecto. metro.pr/noticias/2026/08/04…

La discusión nunca debió limitarse a los $22 millones que costaría construir un estacionamiento. Esa cifra solo representa el costo del edificio. La verdadera pregunta es otra: ¿cuánto vale conceder el uso exclusivo de terrenos públicos por hasta 90 años? Si la inversión puede recuperarse en una o dos décadas, ¿quién se beneficiará durante las siguientes siete u ocho? ¿Qué recibirá el pueblo a cambio? ¿Cuál será el canon? ¿Habrá participación en los ingresos? ¿Dónde están las garantías para proteger el patrimonio público? Cuando se trata de bienes que pertenecen a todos los puertorriqueños, la transparencia no es negociable. El patrimonio del pueblo no se entrega a ciegas. Se administra con información, responsabilidad y en defensa del interés público. #ElUrbanista #RescatemosElTerritorio #Escambrón #SanJuan #EspacioPúblico #Transparencia #InterésPúblico