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España golpeada y sin responsables Iván Redondo ha encontrado en la tragedia ferroviaria de Urda una explicación para casi todos los males de España. Su solución en su último artículo es nacionalizar el ferrocarril. Hay un problema con este razonamiento, porque el Estado nunca ha dejado de controlar buena parte de aquello que ahora propone recuperar. Adif es pública. Renfe es pública. La infraestructura ferroviaria, la gestión de la circulación y los sistemas de señalización permanecen bajo responsabilidad pública. La liberalización permitió competir a distintos operadores, pero no privatizó las vías ni su control. Si falla un sistema de seguridad, habrá que determinar qué falló y quién era responsable. Lo que no se puede hacer es atribuir automáticamente el accidente a la competencia empresarial. La liberalización que no fracasó Iván Redondo asegura que la liberalización ferroviaria no ha funcionado. Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuentan una historia bastante diferente. La liberalización ha permitido aprovechar comercialmente mucho más la infraestructura existente. El crecimiento de viajeros y las reducciones de precios son resultados medibles, aunque parte del aumento también se debe a la demanda y a otros factores. Nacionalizar a los operadores privados no repara una vía, ni moderniza el LZB y ni tampoco corrige un procedimiento de circulación. La seguridad no depende de que haya un único operador, sino de que todos circulen sobre una infraestructura segura y sometidos a controles eficaces. Ocho años para recuperar el control Iván Redondo reclama una respuesta de Estado. Habla de recuperar el control, corregir los fallos del sistema y de reconstruir la confianza. Pero Pedro Sánchez gobierna desde junio de 2018. Han transcurrido más de ocho años. Durante ese tiempo, el Ejecutivo ha dirigido la política ferroviaria, nombrado responsables de las principales empresas públicas y tenido capacidad para impulsar inversiones, inspecciones y reformas. El fallo del LZB, los procedimientos de circulación en modo degradado, las órdenes de reanudación de la marcha y las advertencias anteriores al accidente han sido cuestiones de orden público. Debemos exigir que se conozca qué protocolos estaban vigentes, quién los supervisaba y qué medidas se adoptaron cuando aparecieron deficiencias. Iván Redondo sostiene que el Gobierno ha sido transparente. La transparencia, sin embargo, no se demuestra mediante una declaración de confianza. Se demuestra con documentos, comunicaciones, registros, decisiones y explicaciones verificables. La responsabilidad de un Gobierno no termina donde empieza una investigación judicial. Los otros fallos del sistema Iván Redondo relaciona el accidente con la vivienda, los salarios, las pensiones, la inmigración y la seguridad. En septiembre de 2026, el precio anunciado de la vivienda alcanzó los 2.930 euros por metro cuadrado, frente a unos 1.680 euros en junio de 2018. Un incremento aproximado del 74%. El alquiler anunciado pasó de unos 10,4 a 15,1 euros por metro cuadrado, alrededor del 45% más. El crecimiento económico tampoco ha eliminado la pobreza. En 2025, el 25,7% de los españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre los menores de 16 años, el porcentaje alcanzaba el 33,9%, frente al 30,8% de 2018. La cuestión no consiste en negar las mejoras que se han producido. Consiste en preguntarse por qué una economía que crece y recauda más sigue teniendo semejantes dificultades para garantizar vivienda, oportunidades y seguridad económica a una parte tan importante de su población. No basta con que crezca la economía o subir el salario mínimo. Importa cuánto mejora la vida de quienes la sostienen y que trabajan sin ninguna capacidad de ahorro. El 11-M como advertencia selectiva Iván Redondo recupera el 11-M y acusa al Gobierno de Aznar de intentar controlar el relato mediante una mentira. Si una tragedia exige transparencia, debe exigirse al Gobierno de turno. Si utilizar el dolor de las víctimas para obtener ventajas políticas resulta reprochable, debe serlo para todos. Y si ocultar o deformar información merece consecuencias políticas, ningún Ejecutivo puede considerarse exento de ese principio. Tampoco puede presentarse cualquier crítica al Gobierno como una instrumentalización de las víctimas. La oposición tiene la obligación de fiscalizar al Ejecutivo. La prensa, la de investigar. Los ciudadanos, el derecho a conocer lo ocurrido. Respetar el duelo no significa suspender la rendición de cuentas. Una nacionalización no es una investigación Iván Redondo propone invocar el artículo 128 de la Constitución para recuperar la prestación estatal de la alta velocidad. Antes de plantear una nacionalización habría que responder varias preguntas. Cómo qué deficiencias pretende resolver, cuánto costaría, cómo afectaría a los viajeros, qué obligaciones europeas habría que modificar y por qué una empresa pública única garantizaría mejores resultados. Hay, además, una contradicción que no debería pasar inadvertida. Si el problema ferroviario procede de la gestión de infraestructuras y sistemas que ya son públicos, aumentar el control estatal sobre los operadores no corrige necesariamente ese problema. Lo que se necesita es identificar las causas, evaluar las decisiones, corregir los procedimientos y exigir resultados. El Estado no demuestra su eficacia acumulando competencias, sino ejerciéndolas correctamente. España golpeada y sin responsables Iván Redondo termina reclamando que España recupere el control. Es una aspiración comprensible. Pero el control no es una abstracción que se pierde misteriosamente y reaparece mediante una nueva ley. El Estado tiene instituciones, presupuestos, directivos, ministros, organismos reguladores y responsables políticos. Cada uno posee competencias concretas y obligaciones que pueden examinarse. Si la vivienda se encarece, habrá que evaluar las políticas de suelo, construcción, oferta y demanda. Si el desempleo continúa siendo elevado, habrá que examinar la productividad, la formación y las condiciones para contratar. Si las infraestructuras fallan, habrá que investigar su mantenimiento y supervisión. Y si una tragedia revela deficiencias de seguridad, habrá que corregirlas, sin importar si hacerlo resulta políticamente incómodo. No se puede atribuir cualquier fracaso a un sistema mientras se reclama más poder para quienes llevan años administrándolo. España está golpeada. Precisamente por eso necesita conocer qué ha fallado, quién tenía la responsabilidad de evitarlo y qué debe cambiar. La respuesta no puede consistir en nacionalizar lo que no se ha demostrado responsable del accidente, proclamar una transparencia a examen y presentar como solución la recuperación de un control que, en aspectos decisivos, nunca dejó de ejercerse. Porque antes de preguntarnos quién va a levantar España, convendría preguntarnos quién tenía la obligación de mantenerla en pie.