Tony

Qué efímera es la alegría en casa del necesitado En octubre de 2024 se aprobó la ley ELA. Un año después, el real decreto-ley que la desarrolló fijó las cuantías para el nuevo grado III+. A comienzos de 2026, las comunidades autónomas empezaron a aplicar las ayudas. Cada una a su manera: unas con copago, otras sin él; unas descontando el Complemento de Gran Invalidez y otras no. En Cataluña nos tocó con todo. El copago, hay que reconocerlo, quedó sujeto a condiciones bastante benignas. La deducción del Complemento de Gran Invalidez fue otra cosa: rigidez en la aplicación y unas formas desmesuradas, dignas de un totalitarismo social que nadie necesitaba. También se impusieron tramos cerrados de atención —8, 12, 16, 20 o 24 horas—, tuviesen o no sentido para las necesidades de cada persona, el cuidado debía encajar en uno de esos bloques. Poco importa eso a quien en media mañana --con el sagrado desayuno de por medio-- lo ha hecho cuadrar todo en una hoja de cálculo hecha a imagen y semejanza de las necesidades burocráticas de una administración que deja al margen las de los enfermos por ser, desde luego, menos relevantes. Hoy, viernes 23 de octubre, entra en vigor la reforma de la Ley de Dependencia. Una reforma que podía haber sido más generosa gracias al impulso de unos, de los de siempre, pero que fue perdiendo apéndices bajo el incesante fuego de la artillería superior de los otros. No obstante cabe felicitarse en la justa medida que siempre debemos hacerlo llos afectados ELA, mucho más habituados al palo que a la zanahoria. Aun así, esta reforma nos deja un hito importante: para las personas con grado III+ deja sin efecto la deducción del Complemento de Gran Invalidez prevista en el infame artículo 31, abriendo, por fin, la puerta a muchas familias que hasta ahora no podían acceder a las ayudas por razones económicas. Pero las alegrías duran poco en la casa del pobre. Cuando el camino parecía allanarse, aparece un nuevo obstáculo que, aun siendo previsible, pues ya estaba escrito y firmado desde finales de 2025 --meses antes de que Cataluña fijara los importes máximos de sus ayudas--, viene a poner piedras, una vez más, en nuestro camino. En diciembre de aquel año se publicó el acuerdo parcial del convenio colectivo de las empresas de atención domiciliaria de Cataluña que, para el primer escalón, establece una subida salarial del 8% con efectos desde el 1 de octubre de 2026. Después fija un 8,5% desde el 1 de enero de 2027, un 5% desde el 1 de enero de 2028 y otro 5% adicional desde el 1 de enero de 2029. Sobre el papel, los porcentajes no dañan a los ojos. En el presupuesto de una familia que necesita atención diaria, las cosas cambian. Ahora toca, en lo que cada vez se asemeja más a la "Guerra de los Cien Años", batallar con las empresas para que el coste no se traslade íntegramente a quienes reciben los cuidados, y con la Generalitat para que actualice las prestaciones conforme a los costes reales del servicio. Y no es que haya de ser así por la tozudez de los afectados. No, toca calzarse botas, peto y yelmo por necesidad, y también por justicia. De no hacerlo, de no arreglarse esta situación, una familia con un contrato actual de 16 horas diarias de cuidados podría tener que poner cada mes unos 2.000 euros de su bolsillo a partir del 1 de enero de 2027, sumando el convenio y la subida del IPC. En los años siguientes se añadirían más de 600 euros en 2028 y en 2029. Para un contrato de 24 horas, la cuenta podría superar los 3.200 euros en enero de 2027 y sumar más de 800 euros en cada uno de los dos años siguientes. Un despropósito. Se reconoce una necesidad de cuidados, se fijan unas ayudas y, antes de que las familias puedan respirar, el coste amenaza con volver a ahogarlas. Si la prestación no se actualiza al mismo ritmo, la diferencia acaba cavando donde siempre: en el bolsillo de quien ya hace mil equilibrios para sostener la situación, pero que a estas alturas carece de mayor holgura para nuevas sorpresas. En fin, lo dicho: qué efímera es la alegría en casa del necesitado. ¡Seguimos remando!