Wilmer Carrillo

Hoy Cúcuta será escenario de un encuentro fundamental para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Una oportunidad para que Norte de Santander haga sentir su voz y sus necesidades sean tenidas en cuenta en las decisiones del Gobierno nacional. Esperamos que la seguridad del Catatumbo, la infraestructura vial, el acceso al agua potable, la generación de empleo y el desarrollo fronterizo ocupen un lugar prioritario, con proyectos viables y recursos para ejecutarlos. El verdadero alcance de este encuentro no estará en los discursos, sino en la capacidad de convertir las propuestas de nuestra región en inversiones que transformen la vida de su gente. Norte de Santander tiene mucho que aportar al país y merece recibir oportunidades a la altura de su potencial.

La consulta previa es un derecho, pero no puede convertirse en un trámite sin término. Que cada proceso tenga responsable, plazo, trazabilidad y que pueda avanzar en paralelo con otros permisos es una discusión que Colombia debía dar hace tiempo. Hay carreteras, proyectos de energía e infraestructura que las regiones llevan años esperando. Agilizar no significa pasar por encima de las comunidades; significa que el Estado escuche, decida y cumpla. Esa reforma merece una discusión seria en el Congreso.

La inflación vuelve a apretar. El mercado estima que septiembre cerraría en 6,33% y que podríamos terminar el año cerca del 7%. Alimentos, educación, energía y servicios siguen empujando el costo de vida. Por eso el Banco de la República llevó la tasa al 12,25%: controlar los precios tiene un costo, y se siente en el crédito, la vivienda y la inversión. No podemos acostumbrarnos a una economía con inflación alta y dinero caro. Hay que atacar las causas: disciplina fiscal, más oferta de alimentos y energía y mejores condiciones para producir y generar empleo.

EE. UU. redirigirá US$52 millones en asistencia militar a Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Falta conocer cuánto corresponderá al país y cómo se empleará. En Norte de Santander, inteligencia, tecnología antidrones y vigilancia fronteriza siguen siendo brechas críticas. La cooperación debe traducirse en capacidades reales.

Norte de Santander pierde $207.376 millones en el presupuesto de 2027. Pasamos de $2,55 billones a $2,35 billones, y nuestra participación en la inversión nacional baja de 2,9% a 2,7%. Hay plata para la vía Pamplona–Cúcuta (+32%) y eso hay que reconocerlo. Pero miren de dónde sacan el resto: el subsidio eléctrico se desploma 74,6% (de $262.308 millones a $66.648 millones), el subsidio de vivienda cae 94,5% y la infraestructura hospitalaria 32,4%. Minas y Energía pierde casi 68% de sus recursos. En una región donde la energía pesa en el bolsillo de todos los hogares, recortar el subsidio a una cuarta parte es un golpe directo a la gente, y ninguna obra vial lo compensa. Se protege lo que se inaugura con cinta y se recorta lo que llega a la factura, al techo y al hospital. Sé que es un proyecto aún y todavía se puede corregir. Por eso, como senador daré la pelea en el trámite y exigiré al Gobierno nacional que no nos deje con menos. Estaré vigilando cada cifra, ¡es mi compromiso con Norte de Santander!

Colombia tiene un problema fiscal que ya no admite eufemismos: el déficit para 2026 se estima en 7,2 % del PIB y el Gobierno abrió conversaciones con el FMI. Acudir al Fondo no significa, por ahora, que exista un crédito ni un programa de ajuste acordado. Significa que las cuentas públicas entraron en una etapa que exige especial vigilancia. Desde el Congreso tendremos que revisar con rigor cuánto debe el país, cuánto cuesta financiar esa deuda y qué margen real queda para inversión. Ordenar las finanzas públicas sin perder de vista el gasto social será una de las discusiones económicas más importantes de los próximos meses.

La alocución presidencial de anoche dejó varios anuncios que merecen seguimiento. El Gobierno iniciará conversaciones con el FMI ante la situación fiscal del país y reportó que, en agosto, frente al mismo mes de 2025, el secuestro cayó 79%, la extorsión 62% y las víctimas de masacres 58%. También anunció medidas para destrabar la atención en salud mediante compra de cartera a través de la ADRES. Ahora viene lo más importante: convertir esos anuncios en resultados verificables. Necesitamos disciplina fiscal sin trasladar la carga a las regiones, una salud que responda oportunamente y que la mejoría en seguridad también se sienta en Norte de Santander, especialmente en Cúcuta y el Catatumbo. Los indicadores nacionales son importantes, pero la verdadera medida de cualquier política pública está en lo que ocurre en el territorio.

Una vez más la violencia sacude a Norte de Santander. Hace pocos minutos fueron asesinados dos policías en Ábrego. La patrulla en la que se movilizaban fue atacada con ráfagas de fusil. No podemos seguir azuzando un discurso de guerra desde la capital, cuando en las regiones son nuestros policías y soldados los que terminan pagando con sus vidas. Si no vamos a ser capaces de recuperar la seguridad del Catatumbo, tampoco expongamos a nuestros héroes de la patria a morir de esta forma.

$634,9 billones. Ese es el tamaño del Presupuesto de la Nación para 2027 que ahora deberá pasar por las plenarias del Congreso. Pero la discusión no puede quedarse en cuánto gastamos, sino en cómo, dónde y para qué se gasta. Hay obligaciones que el Estado debe honrar —salud, pensiones, universidades y deuda—, pero también debemos evitar que la inversión regional termine sacrificada para sostener más funcionamiento. Propongo algo concreto: metas trimestrales de ejecución y resultados para los recursos de inversión, con seguimiento público por departamento. En Norte de Santander necesitamos saber cuánto llega, en qué se contrata y qué problema resuelve. Un presupuesto serio no se mide por lo que anuncia en Bogotá, sino por lo que realmente logra ejecutar en los territorios.

Lo que ocurre en Santa Marta va más allá del paro armado de las ACSN. Tras la operación en Guachaca, que dejó siete integrantes de esa organización muertos, vinieron los buses incendiados, los bloqueos en la Troncal del Caribe y las amenazas al comercio. La Defensoría ya había advertido sobre su expansión y la disputa por corredores del narcotráfico en el Caribe. Es necesario proteger de inmediato a comerciantes y transportadores, pero también sostener el control territorial y golpear, con inteligencia financiera y judicial, las redes de extorsión y narcotráfico que financian a esta estructura.

El Presupuesto de 2027 asciende a $634,9 billones y ahora viene la discusión de fondo: cómo se distribuye cada peso. En el Congreso debemos revisar las prioridades con responsabilidad fiscal, pero también con sentido territorial. Regiones como Norte de Santander necesitan recursos que se traduzcan en seguridad, vías, salud e inversión real, no solo cifras sobre el papel.

El Carmen vuelve a quedar bajo fuego. Anoche su Estación de Policía fue atacada con drones y ráfagas de fusil; la comunidad reportó al menos nueve explosiones, incluso cuando varias personas salían de misa. No es un hecho aislado. En Guamalito, corregimiento del mismo municipio, los ataques atribuidos al ELN obligaron recientemente al retiro temporal de la Policía y dejaron uniformados heridos. El Estado tiene que sostener su presencia, la inteligencia y capacidad antidrones en esta zona del Catatumbo. No podemos permitir que los violentos sigan imponiendo sus condiciones en esta región de nuestro departamento.

Lo de Tibú no es un hecho aislado. Entre enero y mayo se han registrado 121 ataques con drones explosivos en Colombia: 30 ocurrieron en Norte de Santander. El saldo es de 21 muertos y 145 heridos; el 32% de los afectados eran civiles. Y hoy, en la vereda La Soledad (Tibú), el Ejército encontró y destruyó tres cilindros con explosivos instalados a menos de 72 metros de una vía transitada por la comunidad. Esa es la dimensión del riesgo que hoy enfrenta el Catatumbo: minas en los caminos, explosivos cerca de las vías y drones convertidos en armas.

Una nueva alegría para Norte de Santander lleva el nombre de Ángel Barajas. Nuestro gimnasta cucuteño vuelve a subir al podio y a demostrar que desde esta tierra fronteriza también se construyen historias grandes para Colombia. Talento, disciplina y constancia. ¡Felicitaciones, Ángel! Cúcuta y todo el departamento celebran contigo.

Ocho personas secuestradas fueron rescatadas hoy en zona rural de Convención, gracias a una operación conjunta de la Fuerza Pública. Es un resultado que debe reconocerse: inteligencia, coordinación y presencia operacional salvan vidas. Pero el reto sigue siendo enorme. El Estado no puede limitarse a llegar para rescatar secuestrados; debe recuperar el control del territorio para impedir que los grupos armados sigan privando de la libertad a nuestra gente. En Norte de Santander, la libertad no puede seguir dependiendo de la voluntad de los violentos.

Hoy Colombia no está discutiendo simplemente una cifra: estamos definiendo qué Estado podremos financiar en 2027 y cuánto espacio quedará realmente para atender a la gente. El Gobierno propone un Presupuesto General de $634,9 billones. De ese total, cerca de $155,4 billones se irían al servicio de la deuda y apenas $87 billones a inversión. Es decir, por cada $100 del presupuesto, alrededor de $24 serán para pagar deuda y solo $14 para invertir. Como Senador y Coordinador Ponente del Presupuesto tengo claro que frente a una situación fiscal tan delicada no basta con buscar culpables ni inflar el gasto sobre el papel. Cada peso debe tener respaldo, fuente de financiación y una prioridad clara. Y ahí está mi preocupación: el ajuste fiscal no puede terminar pagándolo la gente mediante menos recursos para vías, hospitales, educación, seguridad o inversión en regiones históricamente rezagadas como Norte de Santander. Ordenar las finanzas públicas es indispensable. Pero hacerlo sacrificando la inversión que genera empleo, competitividad y oportunidades sería corregir un problema creando otro. Ese será uno de los puntos que defenderé en esta discusión el día de hoy que se aprueba el Monto del Presupuesto General de la Nación.

Ábrego enfrenta una emergencia ambiental de enormes proporciones. El incendio forestal que comenzó el sábado 5 de septiembre en la zona rural del municipio sigue activo y los reportes más recientes hablan de más de 3.000 hectáreas afectadas entre vegetación y cultivos, aunque el balance oficial continúa en consolidación. Los fuertes vientos y la difícil topografía han acelerado la propagación del fuego, que ya se acerca a sectores poblados y a la vía nacional Ábrego–Ocaña. Hay afectaciones sobre cultivos, fauna y fuentes de agua, mientras el humo y la ceniza cubren amplias zonas del municipio. Bomberos, Defensa Civil, campesinos y voluntarios llevan horas enfrentando una emergencia que supera la capacidad de respuesta local. El apoyo de Ocaña ya fue solicitado, pero por las dimensiones del incendio es indispensable reforzar inmediatamente la operación y disponer del apoyo aéreo requerido para atacar los focos de difícil acceso. Ábrego necesita toda la capacidad institucional disponible. Cada hora cuenta para proteger vidas, viviendas, cultivos y miles de hectáreas de nuestro territorio.

Colombia debe mirar con lupa el Presupuesto de 2027. El Gobierno radicó $635 billones, cerca de $60 billones más que el proyecto anterior de $575 billones. Hacienda explica que $37,4 billones adicionales corresponden al servicio de la deuda y que también deben cubrirse faltantes en pensiones, salud, salarios, universidades públicas y combustibles. El debate no puede reducirse a si el presupuesto crece o disminuye. En el Congreso tendremos que revisar de dónde salen los recursos, cómo se distribuyen y qué impacto tendrán sobre el déficit y la deuda pública. Cada peso adicional debe traducirse en inversión eficiente, sostenibilidad fiscal y resultados concretos para las regiones.

El bombardeo ejecutado esta madrugada en El Retorno, Guaviare, contra estructuras de las disidencias de las Farc, demuestra que el Estado sí puede recuperar la iniciativa frente a los grupos armados ilegales cuando emplea inteligencia, capacidad operacional y decisión. Desde Norte de Santander conocemos demasiado bien lo que ocurre cuando estas organizaciones ganan territorio, fortalecen sus estructuras y aumentan su capacidad para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. La ofensiva debe mantenerse, con precisión, respeto por el DIH y presencia integral del Estado. El Catatumbo también necesita una acción sostenida que permita recuperar el control territorial y proteger a sus comunidades. La seguridad no se construye cediéndoles espacio a los violentos. Se construye con autoridad, instituciones fuertes y un Estado que llegue primero.

Norte de Santander avanzó al puesto 13 entre 33 territorios en el Índice Departamental de Competitividad 2026. Es una buena señal, pero el dato completo nos obliga a mirar dónde seguimos fallando. Somos 10.º en sofisticación y diversificación, pero caímos al puesto 23 en entorno para los negocios y al 28 en mercado laboral. Es decir: tenemos capacidad productiva y empresarial, pero todavía enfrentamos enormes dificultades para convertirla en nuevas empresas y, sobre todo, en empleo formal. La competitividad no se construye únicamente mejorando un puesto en un ranking. Necesitamos menos trabas para emprender, mayor acceso al crédito, infraestructura y conectividad, formación pertinente para el trabajo y condiciones de seguridad que permitan invertir. Norte de Santander tiene con qué competir. El reto es convertir ese potencial en empresas que crezcan, inversión que llegue y empleos dignos para nuestra gente.