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DE UN CARABINERO EN PRISIÓN A LA OPERACIÓN HURACÁN: EL CASO DE LAS ARMAS EN IQUIQUE
Felipe Machuca: “El caso de las armas en Iquique fue un montaje policial”
El ex carabinero Felipe Machuca entregó un extenso testimonio a nuestro medio Ex OficiaL sobre la causa que enfrentó tras la pérdida de armamentos de entregas voluntarias y de decomiso de procedimientos policiales en Iquique en 2017, una investigación en la que fue señalado como sospechoso gracias a supuestas conversaciones de WhatsApp que, según él, “jamás existieron”. Su caso quedó luego entrelazado con la Operación Huracán, después de que en su expediente aparecieran informes de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía, la misma unidad vinculada a esa operación de montajes policiales.
“Lo recuerdo claramente. Todo comenzó en octubre del 2017, cuando se inicia la investigación y personal de SIPOLCAR, a cargo del Mayor Mancilla, me toma declaración sobre cómo era el rodaje y el tiempo que estuve agregado a dicha unidad”, cuenta Machuca. En ese período fue asignado en cuatro oportunidades a la unidad fiscalizadora, la última en agosto de 2017, desempeñándose como conductor de vehículo fiscal y apoyando con tareas administrativas.
La tensión subió durante la segunda declaración en la Fiscalía Militar de Iquique. “Cuando fui a declarar por segunda vez, el fiscal militar Jaime Arriagada me manifestó que tenía pruebas que apuntaban a mí como autor de los hechos”, relata. “Fueron tres declaraciones que me tomaron. En la primera me preguntaban cómo fue mi paso por la unidad. En las últimas dos siempre me decían que tenía conversaciones de WhatsApp con traficantes y personas extranjeras, y yo respondí que nunca realicé dicho robo ni sostuve esas conversaciones”.
Al preguntar sobre cómo supuestamente habían obtenido esos mensajes, Machuca recuerda: “Me hablaban de conversaciones de WhatsApp, lo cual me pareció extraño, ya que mi celular lo mantuve siempre en mi poder hasta el día de mi detención, en noviembre de 2017”.
“Desde la segunda declaración en adelante me mostraron hojas tipo pauta donde decían que tenían hackeado mi WhatsApp y que habían sacado información sin tener el celular. Yo les dije que jamás reconocí esas conversaciones. Jamás tuve esas conversaciones”, insistió.
Según él, los funcionarios explicaban: “Decían que tenían un programa para interceptar celulares sin tenerlos físicamente. Según ellos, yo era el principal sospechoso del delito”.
El proceso se volvió aún más agresivo con dos allanamientos en su domicilio, ambos en noviembre de 2017. “Fueron dos allanamientos”, recuerda Machuca. “En el primero se llevaron una antena de radio y una bala calibre .45, que yo mismo manifesté que había encontrado en los casilleros de la unidad. En el segundo se llevaron mi celular personal y otros objetos tecnológicos”.
La detención llegó de inmediato. “Llega personal de SIPOLCAR, a cargo del Mayor Mancilla, y me manifiestan que tienen una orden de detención. Me pidieron entregar el teléfono celular y después mi pistola particular”.
“Entregué voluntariamente el teléfono y las claves, y ahí me esposaron y me llevaron detenido a la Fiscalía Militar, sin poder avisarle a mi esposa”, afirma. “Fue muy impactante, porque durante todo el tiempo siempre me hablaban de los WhatsApp y de las pautas que me mostraban, como si eso fuera verdad”.
Dos meses después, estando en prisión preventiva en Pozo Almonte, Machuca comenzó a conectar su caso con la Operación Huracán. “Cuando llevaba dos meses en prisión preventiva, viendo las noticias apareció la Operación Huracán y escuché el nombre ‘Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía’. Sentí que lo había visto antes”, detalla.
NELSON MEDINA, CONDENADO POR EL CASO QUEMADOS, DEBERÁ ESPERAR HASTA 2037 PARA POSTULAR A LIBERTAD CONDICIONAL
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por Nelson Medina Gálvez, exmilitar condenado a 20 años de prisión por el Caso Quemados, quien buscaba reducir el tiempo mínimo exigido para postular a la libertad condicional y acceder anticipadamente a beneficios intrapenitenciarios. La resolución, adoptada el 17 de noviembre, confirmó el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago y mantuvo las fechas calculadas por Gendarmería.
Medina cumple condena en el penal Colina I por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana. Su defensa solicitó reducir de trece años y cuatro meses a diez años el período mínimo para postular a la libertad condicional, además de modificar los plazos para acceder a beneficios penitenciarios.
El principal argumento de la defensa fue que no correspondía exigir el cumplimiento de dos tercios de la pena, porque esa disposición fue incorporada en 1982 y, según su planteamiento, debía considerarse la fecha de los hechos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones advirtió un error en esa argumentación: el ataque no ocurrió en 1973, sino el 2 de julio de 1986, cuando la exigencia legal ya estaba vigente.
El fallo sostuvo que la defensa se equivocaba al plantear que se estaba aplicando retroactivamente una disposición legal. La Corte Suprema confirmó el rechazo del amparo y mantuvo el criterio utilizado por Gendarmería.
Según el cálculo penitenciario, Medina podrá cumplir el requisito temporal para postular a beneficios intrapenitenciarios el 26 de febrero de 2036. Para solicitar libertad condicional deberá esperar hasta el 26 de febrero de 2037. Estas fechas corresponden al cumplimiento del tiempo mínimo exigido y no significan que los beneficios sean concedidos automáticamente.
Francisco Bustos, abogado de Carmen Gloria Quintana y su familia, valoró la decisión unánime del máximo tribunal y aseguró que continuarán oponiéndose a solicitudes que busquen modificar las condiciones de cumplimiento de las condenas por violaciones a los derechos humanos.
"Esta petición, donde buscaba reducir el tiempo para poder acceder a beneficios, se enmarca en un cuadro general de peticiones de rebaja de condena, de solicitudes de libertad condicional, de indulto, que buscan impunidad", afirmó.
El abogado también cuestionó las señales que, a su juicio, ha transmitido el Ejecutivo frente a estas materias. "Y lamentablemente, como han percibido señales de impunidad desde el gobierno, eso ha alentado a que se presenten más de estas solicitudes", sostuvo.
Bustos afirmó que seguirán interviniendo frente a este tipo de peticiones para que los responsables cumplan las sanciones impuestas por los tribunales.
EL CRIMEN CONTRA RODRIGO ROJAS DE NEGRI Y CARMEN GLORIA QUINTANA
El ataque ocurrió el 2 de julio de 1986, durante una jornada de protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet. Una patrulla militar interceptó a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana en Estación Central. Ambos fueron golpeados, rociados con combustible y quemados, para luego ser abandonados en Quilicura.
Rojas de Negri murió producto de las lesiones, mientras que Quintana sobrevivió con graves quemaduras. El caso se convirtió en uno de los episodios emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
En enero de 2024, la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva y condenó a diez militares en retiro por sus responsabilidades en los hechos. Medina recibió 20 años de presidio como autor, junto a otros tres exuniformados. Los restantes seis recibieron penas menores por sus respectivos grados de participación.
El funcionario de Carabineros que habría sido descubierto fotografiando a estudiantes al interior de la Usach fue identificado como Carlos Alberto Antilaf Llanquino.
CERCA DE 70 ARCHIVOS ENCONTRADOS EN SU CELULAR: CARABINERO QUEDA EN PRISIÓN PREVENTIVA EN PUNTA ARENAS
Un funcionario de Carabineros quedó en prisión preventiva este jueves 19 de noviembre, luego de ser formalizado en Punta Arenas por el presunto almacenamiento de material de abuso sexual infantil. La investigación permitió detectar cerca de 70 archivos de contenido presuntamente ilícito en una carpeta oculta de su teléfono celular.
El caso salió a la luz durante una investigación por una eventual violación de secreto. Según informó Ovejero Noticias, al revisar el dispositivo del funcionario, personal especializado encontró una carpeta oculta con aproximadamente 70 archivos que contendrían material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
El hallazgo fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso diligencias para esclarecer los hechos. El funcionario fue detenido el miércoles 18 de noviembre y ese mismo día Carabineros dispuso su baja de la institución.
Durante la audiencia de formalización, realizada el jueves en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía presentó los antecedentes recopilados y le imputó el delito de almacenamiento de material de abuso sexual infantil.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, medida que fue concedida por el tribunal. Además, se estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.
USACH PRESENTA QUERELLA POR DENUNCIA DE CARABINERO INFILTRADO QUE HABRÍA FOTOGRAFIADO A ESTUDIANTES
La Universidad de Santiago (Usach) presentó una querella ante el 6.º Juzgado de Garantía de Santiago para que se investigue la denuncia de la Federación de Estudiantes (FEUSACH), que acusa la presencia de funcionario de Carabineros de civil al interior del campus durante la movilización del 18 de noviembre. Según la federación, el sujeto habría fotografiado a estudiantes y posteriormente habría sido retenido por personal de seguridad y alumnos antes de abandonar el recinto.
De acuerdo con el comunicado de la FEUSACH, el individuo fue sorprendido tomando fotografías dentro de la universidad. Cuando los encargados de seguridad lo interrogaron, habría intentado escapar, siendo perseguido y retenido por estudiantes y trabajadores del recinto.
La federación sostuvo que posteriormente fue acompañado hasta las afueras de la universidad, donde fue recogido por un retén móvil de Carabineros. Tras denunciar lo ocurrido, exigió explicaciones a Rectoría y a las autoridades universitarias por la presunta presencia de personal policial realizando registros fotográficos dentro del campus.
El rector de la Usach, Pedro Palominos, confirmó la presentación de la acción judicial y defendió la autonomía de la institución. En su declaración afirmó que ninguna institución del Estado debe vulnerar ese principio ni intimidar a quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse.
"Condenamos categóricamente cualquier actuación que vulnere nuestra autonomía universitaria o intimide a quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse", sostuvo.
Palominos también rechazó los hechos de violencia registrados durante la jornada, incluyendo los enfrentamientos con los equipos de seguridad y los daños a la infraestructura universitaria. Señaló que estas situaciones exponen a estudiantes, académicos y funcionarios a los disturbios y a los gases lacrimógenos.
La movilización del 18 de noviembre estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros en las inmediaciones de la universidad. Durante los incidentes también se registró el lanzamiento de bombas molotov.
Consultada por la denuncia, Carabineros señaló que no mantenía antecedentes sobre la supuesta presencia de un funcionario infiltrado en el campus. Además, informó que no registraba personas detenidas por los incidentes.
CARABINEROS DETUVO A DOS MANIFESTANTES EN EL GAM: EL CENTRO CULTURAL PRESENTÓ UNA DENUNCIA Y SE INVESTIGARÁ EL PROCEDIMIENTO POLICIAL
Dos manifestantes fueron detenidos por Carabineros al interior de una cafetería del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), durante las movilizaciones realizadas este miércoles 18 de noviembre en Santiago. El procedimiento generó cuestionamientos de trabajadores y del propio centro cultural, que presentó antecedentes ante la policía y solicitó esclarecer lo ocurrido.
Según el relato de Yanira Rojas, presidenta del sindicato del GAM, los jóvenes ingresaron al recinto mientras escapaban de personal de Control de Orden Público (COP). Hasta la cafetería entraron al menos cuatro funcionarios policiales para concretar las detenciones.
Rojas calificó la intervención como desmedida y señaló que Carabineros estuvo a punto de utilizar gas pimienta dentro del local, situación que habría sido impedida por una trabajadora. También denunció un enfrentamiento durante la salida de los funcionarios y el uso de un aerosol irritante que afectó a guardias, trabajadores y otras personas presentes.
A través de un comunicado, el GAM informó que la intervención policial tuvo consecuencias para trabajadores, locatarios y visitantes. Además, señaló que el uso de agentes químicos en el sector de Plaza Oriente afectó a personal del centro cultural, a un locatario de la Feria de Antigüedades y a una guardia.
El recinto indicó que ofreció apoyo médico a las personas afectadas y asistencia para facilitar su regreso a casa.
Tras lo ocurrido, representantes del GAM se reunieron con el comandante de la Primera Comisaría de Santiago y entregaron los antecedentes del procedimiento. Según informó la institución cultural, su denuncia fue acogida y se acordó iniciar una investigación para determinar si la actuación policial se ajustó a los protocolos, especialmente en lo relativo al uso de la fuerza y la protección de terceros.
CAPITÁN DEL EJÉRCITO ES DETENIDO TRAS HALLAZGO DE IMÁGENES Y VIDEOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL CREADOS CON IA
Un capitán del Ejército de 36 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que detectives encontraran numerosos archivos de material de abuso sexual infantil creado mediante inteligencia artificial en dispositivos electrónicos que mantenía en su vivienda fiscal, ubicada al interior del Regimiento N.º 8 "Chiloé", en Puerto Aysén, Región de Aysén.
El procedimiento se realizó el martes 17 de noviembre y estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Local de Coyhaique.
Según los antecedentes publicados por BioBioChile, los archivos incluían imágenes y videos de alto realismo que representaban agresiones sexuales contra niñas de edad prepuberal por parte de hombres adultos.
Por instrucción de la Fiscalía, los detectives ingresaron y registraron la vivienda, previa coordinación con el regimiento. Durante las diligencias revisaron un computador personal y otros dispositivos electrónicos de almacenamiento, donde encontraron el material que dio origen a la detención del oficial.
El capitán quedó detenido por los presuntos delitos de producción y almacenamiento de material de abuso sexual infantil. Su identidad no había sido informada al momento de conocerse el caso y este miércoles 18 de noviembre debía comparecer ante el tribunal para el control de detención.
Desde la IV División de Ejército confirmaron que personal de la PDI realizó diligencias en una vivienda fiscal del Regimiento N.º 8 "Chiloé", ocupada por uno de sus integrantes, en el marco de una investigación relacionada con el presunto almacenamiento de este tipo de material.
La institución manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y facilitar los antecedentes requeridos por la investigación. También rechazó categóricamente cualquier conducta que atente contra los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes.
🔴 DEL ANTAGONISMO IDEOLÓGICO A LA APERTURA ECONÓMICA: KAST RECONOCE LOS AVANCES DE CHINA, TRAS MÁS DE 75 AÑOS DE GOBIERNO COMUNISTA
Primero fue Vietnam, donde rindió homenaje a Ho Chi Minh. Ahora, durante su visita oficial a China, José Antonio Kast reconoce públicamente los avances económicos y sociales de un país gobernado por el Partido Comunista.
La profunda transformación de China en las últimas cinco décadas se ha producido bajo la conducción de ese partido, que mantiene el control político del país.
El contraste resulta evidente, durante años, Kast ha sostenido un discurso abiertamente crítico con el comunismo. Sin embargo, hoy valora los resultados de un modelo que representa precisamente aquello que ha cuestionado.
Parece claro que, cuando están en juego oportunidades comerciales e inversiones para Chile, las diferencias ideológicas pasan a un segundo plano.
#HistoriasRepublicanas #Kast #China #Vietnam #Comunismo #Chile
🔴 JAIME GAJARDO: “LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA RABAT ES BASTANTE SÓLIDA”
El exministro de Justicia cuestionó duramente la gestión de Fernando Rabat por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Gajardo acusó al Ministerio de Justicia de cometer errores jurídicos y éticos con las víctimas, además de intentar ocultar información sobre los decretos.
“Había un intento deliberado de no entregar la información y de desinformar”, sostuvo.
También criticó los intentos por desfinanciar organismos dedicados a la memoria y los derechos humanos.
📼Radioanálisis de Radio Universidad de Chile
🚨🚨🚨 URGENTE: ASÍ REPRIMIÓ CARABINEROS A ESTUDIANTES DE LA UAHC, A HORAS DEL PARO NACIONAL
Estudiantes y funcionarios lesionados, personas reducidas por el cuello y bombas lacrimógenas lanzadas al interior de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en calle Condell, Providencia.
Las imágenes muestran la violencia del operativo policial dentro de una casa de estudios. Una escena brutal que recuerda prácticas de los tiempos más oscuros de nuestra historia.
Y todo esto ocurre bajo el Gobierno de José Antonio Kast, mientras crece el descontento social y el país se prepara para una jornada de movilización nacional.
#RenunciaQuiroz
#RenunciaRabat
#RenunciaKast
#KastDestruyoChile
#KastRenuncieHagaloPorChile
#PARONACIONAL
🚨 DENUNCIAN INGRESO DE CARABINEROS COP A UNIVERSIDAD EN PROVIDENCIA: REPORTAN LESIONADOS Y DETENIDOS
Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano denunciaron una fuerte represión policial en la sede de calle Condell, luego de una manifestación que calificaron como pacífica. Según la denuncia, efectivos de Carabineros COP ingresaron al recinto sin autorización.
La situación habría dejado estudiantes lesionados y detenidos.
#HistoriasRepublicanas #ParoNacional
CONTRALORÍA DETECTA A 315 FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON CONDENAS PENALES VIGENTES: 84 PERTENECEN A CARABINEROS
La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios públicos que mantienen condenas penales vigentes mientras se desempeñan en organismos del Estado. Entre ellos figuran 84 integrantes de Carabineros, 22 del Ejército y ocho de la Armada. La fiscalización también identificó 149 trabajadores en gobiernos locales y otros 166 en instituciones del nivel central.
El hallazgo surgió del cruce de información del Registro Civil, el Servicio Electoral (Servel) y distintas bases de datos estatales. La revisión contabilizó 317 registros de condenas correspondientes a 315 personas, debido a que dos funcionarios tenían más de una condena.
De acuerdo con los antecedentes pubicados este 17 de noviembre de 2026, 73 registros corresponden a condenas por crímenes y 244 por simples delitos.
CARABINEROS, EJÉRCITO Y ARMADA ENTRE LAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS
Carabineros registra 84 funcionarios condenados, seguido por el Ejército con 22 y la Armada con ocho. Estas cifras ponen bajo revisión los mecanismos institucionales para controlar los antecedentes penales de quienes desempeñan funciones policiales y militares.
En el ámbito municipal, la fiscalización identificó seis funcionarios en Valdivia y cuatro en Hualpén. También aparecen Puerto Montt, Tierra Amarilla y Chillán, con cuatro casos cada una, mientras Tocopilla registra tres.
La presencia de funcionarios municipales condenados también plantea interrogantes sobre los procedimientos utilizados por las administraciones locales para verificar el cumplimiento de los requisitos legales de su personal.
LA LEY ESTABLECE RESTRICCIONES PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS
El caso está relacionado con la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Su artículo 54, letra c), establece como requisito para ingresar a la Administración no haber sido condenado por crimen o simple delito, con las excepciones contempladas en la legislación.
La disposición también sirve de fundamento para revisar las situaciones de quienes, después de ingresar al servicio público, reciben una condena que puede configurar una inhabilidad sobreviniente.
Contraloría instruyó iniciar sumarios administrativos para determinar responsabilidades por la omisión de estos antecedentes penales y aplicar las inhabilidades correspondientes para remover a quienes legalmente no puedan continuar en sus cargos.
Las instituciones involucradas también deberán informar si las condenas fueron consideradas en las respectivas calificaciones funcionarias, particularmente en los criterios relacionados con comportamiento social y probidad.
📉 KAST CAE AL 18% DE APROBACIÓN Y LA DESAPROBACIÓN LLEGA AL 72%
La última encuesta Criteria, publicada este domingo 15 de noviembre, registra el menor respaldo al presidente José Antonio Kast desde que asumió en marzo: apenas un 18%.
El resultado se conoce en medio del paro de camioneros, la crisis por las rebajas de condenas firmadas durante la gestión de Fernando Rabat y el creciente pesimismo económico: un 60% cree que la situación del país empeorará en los próximos seis meses.
Además, un 79% cuestiona que Rabat se mantenga en el gabinete y un 68% respalda la acusación constitucional en su contra.
Las cifras reflejan el creciente descontento ciudadano con la conducción del Gobierno.
#HistoriasRepublicanas
PARTICIPARON EN EJECUCIONES DE CAMPESINOS Y HOY PIDEN INDEMNIZACIÓN AL FISCO POR AMENAZAS DE SUS SUPERIORES
Cinco exconscriptos del Ejército condenados por crímenes cometidos durante la dictadura demandaron al Estado y reclaman $1.500 millones por daño moral y secuelas psicológicas. Cuatro fueron condenados por los 38 homicidios de campesinos en Paine y el quinto por los secuestros calificados de dos hombres asesinados en Quinta Normal. Ahora sostienen que sus superiores los amenazaron y obligaron a participar en esos crímenes cuando tenían entre 18 y 19 años.
La demanda, presentada por su abogado Ricardo Bravo Cornejo, solicita $300 millones para cada uno. Según el escrito, los jóvenes fueron sometidos a maltratos, intimidaciones con armas y amenazas de muerte por parte de oficiales que estaban al mando de las operaciones militares de 1973 y 1974.
Cuatro de los demandantes son Juan Dionisio Opazo, Víctor Reinaldo Sandoval, Carlos Enrique Durán y Roberto Mauricio Pinto. Todos recibieron condenas de 10 años de presidio efectivo por su responsabilidad en los asesinatos de 38 personas en Paine, según la sentencia de la Corte Suprema de junio de 2022.
Los crímenes ocurrieron en octubre de 1973. El primer operativo se desarrolló el día 3, cuando militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo trasladaron a 14 campesinos hasta una quebrada en la cuesta Chada. Allí fueron ejecutados por los uniformados. Trece días después, otros 24 detenidos fueron llevados hasta una quebrada cercana al lago Rapel, donde también fueron asesinados.
Las declaraciones incorporadas a la investigación describieron cómo se organizaron los fusilamientos. Carlos Durán relató que el teniente Osvaldo Alonso Magaña Bau utilizó dos disparos de su pistola como señales: uno para trasladar a los prisioneros y otro para ordenar la ejecución. Los soldados dispararon contra los detenidos y algunos sobrevivientes fueron rematados.
La defensa utiliza esos mismos expedientes judiciales para sostener que los conscriptos actuaron bajo amenazas de sus superiores. Uno de los testimonios incorporados al proceso relata que un oficial amenazó con disparar contra un soldado que no apuntaba hacia el lugar indicado. Otro conscripto declaró que recibió la advertencia de que, si no obedecía, terminaría junto a los detenidos.
Sin embargo, las amenazas no permitieron excluir la responsabilidad penal de los condenados. Durante el juicio, la ministra en visita Marianela Cifuentes examinó la posibilidad de aplicar la eximente de miedo insuperable y la descartó al considerar que no se acreditaron las condiciones necesarias para justificarla.
El quinto demandante es Gustavo Delfín Marambio Olmos, condenado por los secuestros calificados de Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres, detenidos en instalaciones militares del Parque Quinta Normal en 1974.
La investigación estableció que ambos hombres fueron golpeados por uniformados. Marambio reconoció su participación en las agresiones, mientras que el oficial Juan Segundo Martínez Oyanedel fue identificado como responsable de asesinarlos con un corvo. En mayo de 2024, la Corte Suprema condenó a Marambio a cinco años y un día de presidio efectivo.
Los cinco demandantes cumplen actualmente sus condenas en Colina I. Según los antecedentes psicológicos citados por BioBioChile, presentan cuadros de depresión severa, crisis de pánico, pesadillas y angustia persistente. Uno de los informes registra antecedentes de comportamiento suicida. Las evaluaciones, no obstante, advierten que todavía debe determinarse qué parte de esas afectaciones está directamente relacionada con las amenazas denunciadas.
El abogado Bravo Cornejo sostiene que las condenas por crímenes no impiden investigar posibles abusos sufridos por los conscriptos y la eventual responsabilidad del Estado por falta de protección.
PRESIDIO PERPETUO PARA EX TENIENTE CORONEL DEL EJÉRCITO POR EL ASESINATO DE 17 CAMPESINOS EN CHIHUÍO
La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a presidio perpetuo al teniente coronel en retiro del Ejército Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares, como autor de 17 homicidios calificados cometidos el 9 de octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono, Región de Los Ríos. Entre las víctimas se encontraba un adolescente de 17 años.
La magistrada también ordenó el ingreso del condenado a prisión preventiva, considerando la gravedad de los delitos, la elevada pena impuesta y el eventual riesgo de que pudiera sustraerse de la justicia. La resolución corresponde a una sentencia de primera instancia.
De acuerdo con los antecedentes establecidos en la investigación, las detenciones comenzaron semanas después del golpe de Estado de 1973. Funcionarios de Carabineros apresaron a trabajadores campesinos y forestales de distintos sectores rurales de Futrono, varios de ellos integrantes del Sindicato Campesino Esperanza del Obrero.
El 9 de octubre de ese año, una caravana de aproximadamente 90 efectivos de los regimientos de Caballería N.º 2 Cazadores y de Artillería Motorizada N.º 2 Maturana, ambos con guarnición en Valdivia, se trasladó hasta la zona. El operativo incluyó detenciones en Futrono, Llifén, Curriñe y Chabranco, siguiendo nóminas de personas previamente seleccionadas.
Los trabajadores fueron trasladados en camiones militares hasta las Termas de Chihuío, donde permanecieron amarrados con alambres en una dependencia de la casa patronal del fundo. Según estableció la investigación judicial, presentaban signos de haber sufrido graves maltratos físicos.
Durante la noche, los prisioneros fueron sacados del lugar y conducidos hasta un sector boscoso ubicado a unos 500 metros de la vivienda. Allí fueron ejecutados por efectivos militares mediante ráfagas de fusilería, sin que existiera un proceso judicial que justificara sus muertes.
Entre las víctimas estaba Fernando Adrián Mora Gutiérrez, de 17 años, quien fue detenido después de acercarse a preguntar por el destino de su padre, Sebastián Mora Osses, también capturado durante el operativo.
Después de los asesinatos, los cuerpos permanecieron varios días en el lugar y posteriormente fueron enterrados clandestinamente en tres fosas comunes. Tiempo después, por instrucciones del mando militar, los restos fueron exhumados durante la noche para hacer desaparecer las evidencias de las ejecuciones.
Las posteriores diligencias arqueológicas, antropológicas y judiciales permitieron encontrar fragmentos óseos humanos, vestimentas, calzado y objetos personales asociados a las víctimas. Sin embargo, no ha sido posible establecer el paradero de los restos retirados clandestinamente, dejando a sus familias sin la posibilidad de recuperar y dar sepultura a sus seres queridos.
La investigación estableció que los crímenes fueron encubiertos mediante falsas inscripciones de defunción en el Registro Civil, que situaban las muertes en Liquiñe por causas no precisadas. Para respaldarlas, se utilizaron soldados conscriptos que no conocían a las víctimas y que habrían sido obligados a actuar como testigos.
PATADA, GOLPES Y DENUNCIA POR APREMIOS ILEGÍTIMOS: RIÑA EN COMISARÍA TERMINÓ CON LA BAJA DE UN SARGENTO DE CARABINEROS
Sargento segundo de Carabineros fue dado de baja tras protagonizar una riña con un detenido al interior de la Tercera Comisaría de Pichilemu. El incidente ocurrió el 10 de enero de 2026, quedó registrado por las cámaras de seguridad y derivó en una denuncia ante la Fiscalía por presuntos apremios ilegítimos. La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso presentado por el funcionario para revertir su desvinculación, mientras su defensa busca ahora que la Corte Suprema cambie la decisión.
Según los antecedentes presentados por Carabineros ante el tribunal, todo comenzó cerca de las 18:40 horas, cuando funcionarios trasladaron hasta la unidad policial a un hombre que mantenía órdenes de detención vigentes.
Durante el procedimiento de ingreso al calabozo se produjo una discusión entre el detenido y el entonces sargento segundo, identificado en los antecedentes como Opazo. De acuerdo con la versión institucional, el funcionario le habría propinado una patada en el abdomen, lo que desencadenó un intercambio de golpes de puño y pie. La situación terminó cuando otros carabineros ingresaron a la dependencia y separaron a ambos.
El episodio quedó registrado por las cámaras de vigilancia de los calabozos. Tras lo ocurrido, Carabineros denunció los hechos ante la Fiscalía Local de Pichilemu por el delito de apremios ilegítimos, dejando al funcionario en calidad de imputado.
Al día siguiente, la Prefectura de Colchagua dispuso su baja inmediata. La medida fue cuestionada por el funcionario, quien recurrió a la justicia argumentando que fue desvinculado antes de que concluyera el sumario administrativo y sin contar con garantías suficientes para ejercer su defensa.
Sin embargo, el 20 de octubre, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección. El tribunal estimó que Carabineros actuó dentro de sus facultades legales y que existían antecedentes que justificaban la medida, por lo que no advirtió una actuación ilegal o arbitraria.
CUANDO UN SOLDADO PIDIÓ AYUDA, RECIBIÓ DESPRECIO
"Deje de pegarse el show", habría sido la frase dirigida a Franco Vargas poco antes de morir durante la marcha militar en Putre.
La información fue revelada por Teletrece (T13), a partir de los testimonios de conscriptos sobrevivientes durante la reconstitución de escena del caso —un registro de más de tres horas al que el medio tuvo acceso exclusivo. Según los relatos, las palabras habrían sido pronunciadas por el capitán Michael Fritz, cuando el joven soldado ya no podía continuar la marcha.
Una situación que exige verdad, justicia y responsabilidades. La disciplina militar jamás puede estar por encima de la vida humana.
Ximena Ossandón reaccionó con un "uy, qué patético", y calificó lo ocurrido como "una vergüenza".
El diputado republicano Cristián Araya tuvo un tenso cruce en la Cámara durante la discusión del Presupuesto 2027. Pese a los llamados al orden de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, y a la censura durante su intervención, el parlamentario siguió con sus críticas a la izquierda y terminó lanzando una frase desafiante: A llorar a la FIFA.
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La contradicción quedó expuesta en vivo y no se necesitaron mayores interpretaciones: bastó con revisar el archivo. La discusión sobre el impuesto específico a los combustibles volvió a poner sobre la mesa cómo algunas posturas políticas pueden cambiar dependiendo de si se está en la oposición o cerca del Gobierno.
En Contigo en la Mañana, Rojo Edwards aseguró que nunca había defendido eliminar este impuesto. Sin embargo, Carlos Gajardo le mostró una publicación del 23 de mayo de 2022, cuando Edwards militaba en el Partido Republicano, donde escribió: "En el PRCH queremos eliminar el impuesto específico". Tras ser confrontado, el senador respondió que revisaría la publicación y que se hacía responsable de sus mensajes anteriores. Posteriormente, el mensaje fue eliminado y Gajardo difundió una captura. El archivo, esta vez, habló por sí solo.
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AMENAZAS DE MUERTE Y RESISTENCIA A CARABINEROS: DETIENEN A FUNCIONARIO DE LA PDI EN BELLAVISTA
Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue detenido por Carabineros en el barrio Bellavista, luego de que presuntamente amenazara de muerte con un arma de fuego a una trabajadora de un establecimiento comercial. Según los antecedentes, el policía se encontraba en estado de ebriedad y opuso resistencia durante el procedimiento.
El hecho ocurrió en el sector de Pío Nono con Dardignac, en la comuna de Recoleta. De acuerdo con los antecedentes, el funcionario habría regresado a un local del sector para solicitar su ingreso. Sin embargo, ante la negativa del personal, habría extraído un arma de fuego y amenazado de muerte a una trabajadora adulta de nacionalidad venezolana.
Tras recibir información sobre lo ocurrido, personal de Carabineros llegó al lugar para intervenir y detener al involucrado. Durante el procedimiento, el funcionario habría opuesto resistencia a la acción policial, por lo que los efectivos debieron utilizar fuerza racional y necesaria para concretar su detención.
El episodio involucra a un integrante de la PDI que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, habría utilizado un arma de fuego para intimidar a una trabajadora, situación que motivó la intervención de Carabineros y terminó con su detención.













