J. Akongo

Hay dos cuestiones de enorme gravedad que merecen analizarse por separado. ➖1. La exposición de la testigo y su familia, el aspecto más preocupante de la publicación. El medio identifica a la testigo con su nombre, apellido y edad. Además, informa que estaba acompañada por su hija y describe lo que ambas observaron. ¿Era realmente necesario publicar tantos datos personales para informar sobre el asalto? Estamos hablando de delincuentes que, según el relato, ingresaron armados a un centro comercial con gran circulación de público. La publicación podría facilitar la identificación de una persona que presenció hechos relevantes y que eventualmente podría aportar información a la investigación. Esto plantea tres problemas: ▪️Seguridad personal: exposición innecesaria de la testigo y su entorno familiar. ▪️Riesgo de intimidación: posibilidad de amenazas o represalias, aunque no exista evidencia de que se hayan producido. ▪️Responsabilidad periodística: el interés público de la noticia no exige necesariamente revelar la identidad de quien presenció el delito. Que la testigo haya aceptado hablar públicamente, si así ocurrió, tampoco elimina la necesidad de evaluar los riesgos y hay una consecuencia adicional, ¿qué incentivo tiene un ciudadano para colaborar con una investigación si teme quedar públicamente identificado frente a los delincuentes? ➖2. El guardia de seguridad privada frente a delincuentes armados. Existe una confusión muy extendida entre la ciudadanía respecto de las funciones y capacidades del personal de seguridad privada. Un guardia de seguridad privada no es un funcionario policial. Su intervención está sometida a un marco jurídico diferente y sus atribuciones son limitadas. Sin embargo, hay una precisión importante, no todos los guardias tienen idénticas condiciones de trabajo. Existen servicios armados y no armados, diferentes exigencias de capacitación y equipamiento, según las funciones y habilitaciones correspondientes. En Uruguay, la Ley N.º 19.721 regula la seguridad privada. Por eso conviene distinguir las limitaciones de la legislación de los problemas concretos de capacitación, equipamiento, protocolos y responsabilidades. En un centro comercial lleno de personas, frente a varios delincuentes armados, la prioridad operativa debe ser preservar vidas, no recuperar mercadería. Pretender que un guardia sin medios adecuados enfrente a delincuentes armados puede transformar un delito contra la propiedad en una tragedia con víctimas inocentes y esto nos lleva a otro aspecto. ➖3. ¿Debieron cerrarse las puertas del shopping? La pregunta parece sencilla, pero desde el punto de vista de la seguridad es mucho más compleja. Cerrar indiscriminadamente los accesos podría impedir el ingreso de otras personas, pero también bloquear vías de evacuación, generar aglomeraciones o dejar público atrapado en una zona de peligro. Por eso, antes de cuestionar la actuación del guardia, corresponde determinar, ▪️Qué protocolos de emergencia tenía el establecimiento. ▪️Quién estaba autorizado para ordenar el cierre de accesos. ▪️Si existía comunicación inmediata entre vigilancia, centro de monitoreo y Policía. ▪️Si los guardias recibieron capacitación para situaciones de violencia armada. ▪️Si existía un procedimiento de evacuación o confinamiento seguro. No se puede responsabilizar automáticamente al último eslabón de la cadena de seguridad por decisiones que corresponden a la planificación y dirección del establecimiento. ➖4. El verdadero problema, la seguridad privada y sus responsabilidades. ¿Estamos preparando adecuadamente al personal para proteger vidas frente a las nuevas modalidades de violencia criminal? La respuesta no pasa necesariamente por entregar armas a los guardias. Pasa por revisar la capacitación, los procedimientos, la coordinación con la Policía, evaluar si las exigencias legales actuales son suficientes. Edward Holfman|| EHM