sally simpson

#EnElNombreDeÁbalos | COMUNICADO Contemplo desde prisión, con indignación, la información que se está ofreciendo sobre el nuevo registro de mi domicilio y la actuación contra mi pareja, Dña. Andrea de la Torre. Sí, otro registro más. Esta vez, además, estando yo en prisión. Ya se registró mi casa en junio de 2025, antes de mi ingreso y, como quedó de manifiesto en el juicio, de aquella actuación no se obtuvo ninguna evidencia que sustentara la acusación. No conozco el auto judicial. No sé qué justifica esta nueva entrada, ni entiendo su necesidad, oportunidad o proporcionalidad. Lo que sí veo es el resultado: otra vez el espectáculo, otra vez el señalamiento público y otra vez mi domicilio convertido en escenario de un show televisivo. Otro registro, otro escarnio. Y, una vez más, la sospecha convertida en castigo. La causa es secreta, pero los medios ya aventuran de qué se trata. Se habla de un inmueble adquirido por mi pareja en 2024, casi tres años después de que yo dejara de ser ministro, y se intenta relacionarlo con unas hipotéticas "mordidas". ¡Casi tres años después de dejar el Ministerio! Ese inmueble se adquirió mediante dos préstamos. Si lo que se pretende investigar es cómo se financió la compra, bastaba con requerir la documentación y pedir las explicaciones oportunas. Mi pareja habría comparecido y explicado lo que fuera necesario. No hacía falta una intervención de esta naturaleza, con todo lo que supone para su intimidad, su bienestar y hasta sus estudios. Es una actuación traumática que considero innecesaria y desproporcionada para investigar una hipotética operación de blanqueo o una posible infracción fiscal. Y más cuando ese domicilio ya había sido registrado anteriormente. Pero hay algo todavía más grave: no sé qué se han llevado de mi propia casa. No tengo el acta del registro ni el inventario de lo incautado. Estoy en prisión y ni siquiera he podido hablar con mi pareja para saber cómo se encuentra, porque le han retirado el teléfono. También se han llevado mi ordenador de sobremesa, que la UCO ya examinó en junio de 2025, aunque entonces no se lo llevó. Ahora sí. Y se han llevado los apuntes y materiales de estudio de mi pareja, que tenía exámenes. ¿Qué necesidad había de hacerle esto? Cuando me registraron a mí, clonaron mi teléfono y me lo devolvieron. A ella se lo han retirado. Y sabemos por experiencia que lo que se incauta en estos procedimientos después no se devuelve. Lo que se está consiguiendo es presentarla públicamente como si formara parte de una organización criminal. Son palabras y acusaciones muy graves. No todo vale. ¿De verdad es necesario llegar a este extremo? Y quiero ser absolutamente claro sobre el Sr. Christian Corvillo. Lo conozco, por supuesto. Mi relación con él ha sido estrictamente política, vinculada a mi trayectoria en el PSOE y a mi etapa como secretario de Organización, en un ámbito provincial como el de Córdoba, donde había numerosos conflictos. Pero jamás he tenido con él ninguna relación de negocios, ni he participado en mordidas, ni he recibido nada de él. Lo niego rotundamente. Ni cuando estaba en el Ministerio ni después. Desconozco por completo cualquier posible relación empresarial suya con el Sr. de Aldama. Después de dejar el Gobierno sí mantuvo conmigo algún contacto personal, como una de las pocas personas que se interesó por mi situación y me preguntó si necesitaba algo. Eso es todo. No voy a permitir que se convierta una relación personal en una relación delictiva que nunca ha existido. Y ahora se introduce también el nombre de AZVI y se pretende situar a ADIF en esta historia. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué relación tiene conmigo? Que se explique, porque no se puede lanzar cualquier nombre y dejar que la sospecha haga el resto. Y hay una última circunstancia que tampoco quiero dejar pasar: el registro se produjo el mismo día en que el Sr. Koldo García realizó en la Cadena SER unas declaraciones sobre un presunto intento de soborno del Partido Popular. La coincidencia temporal es evidente. No voy a atribuir intenciones que desconozco, pero tampoco voy a fingir que no llama poderosamente la atención. No pido privilegios ni que nadie deje de investigar lo que considere oportuno. Exijo algo mucho más sencillo: respeto a los derechos, proporcionalidad en las actuaciones y garantías para todos. La investigación de un delito no puede convertirse en un espectáculo circense ni la sospecha en una condena pública.

#EnElNombreDeÁbalos | Pido Constitución El pasado 30 de octubre interpuse un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que me condena y las resoluciones que han mantenido durante el procedimiento. Una condena de 24 años de prisión es mucho más que una cifra y más que una sentencia. Es casi un cuarto de siglo de vida, también para mi familia. Una decisión de esta gravedad exige un proceso con todas las garantías. Y considero que el mío presenta anomalías y carencias que deben examinarse a la luz de la Constitución. No busco privilegios ni que nadie me dé la razón por adelantado. Pido que se revisen las garantías con las que he sido juzgado. Porque las reglas constitucionales no pueden adaptarse a conveniencia según quién se siente en el banquillo. . . Mi recurso plantea ocho vulneraciones de derechos fundamentales: 1.- EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY Y A UNA SEGUNDA INSTANCIA. Dejé de ser diputado el 28 de enero de 2026, sin fecha de juicio. Aun así, el Tribunal Supremo mantuvo la competencia y fui juzgado en única instancia, sin posibilidad de que un tribunal superior revisara mi condena. El recurso cuestiona que esa competencia se pudiera mantener sobre la base de un “acuerdo interno” y sin base legal suficiente para limitar mis derechos. 2.- EL DERECHO DE DEFENSA Y LA IGUALDAD DE ARMAS. Mi defensa no ha tenido acceso íntegro al contenido de los dispositivos electrónicos incautados, ni a sus copias forenses completas ni a los datos originales. Ni siquiera al dispositivo de mi propiedad que fue intervenido por la UCO en el domicilio de Koldo García en febrero de 2024 y abierto antes de ser imputado. La condena utiliza elementos extraídos y seleccionados por la UCO de esos dispositivos. Pero si mi defensa no puede examinar la fuente íntegra, tampoco puede comprobar el contexto, contrastar los datos o discutir adecuadamente las conclusiones que se obtienen de ellos, la pregunta es sencilla: ¿cómo podía defenderme plenamente si no he podido acceder a toda la prueba utilizada contra mí? Es paradójico que hayan aparecido en la prensa contenidos de los dispositivos que solo por ciertas publicaciones hubieran contrarrestado algunas de las acusaciones utilizadas contra mí. 3.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Mi condena descansa en la declaración incriminatoria de un coacusado “premiado” al que se le ha atribuido un papel decisivo. Ese acusado obtuvo una atenuación muy cualificada y se le suspendieron las penas de prisión. Mi recurso cuestiona si su delación contó con una corroboración externa objetiva y suficiente para destruir mi presunción de inocencia y fundamentar una condena de esta gravedad. No existen pruebas directas contra mi persona. La presunción de inocencia no es una formalidad. Es una garantía básica frente al poder de acusar y condenar. 4.- EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL. El recurso cuestiona la imparcialidad objetiva de cinco de los siete magistrados que me condenaron, por su participación anterior en decisiones relevantes sobre este mismo procedimiento. Cuatro de ellos habían intervenido en el archivo de la causa en 2021 y posteriormente en su reapertura en 2024. El recurso plantea si esa intervención previa podía afectar a la apariencia de imparcialidad exigible. Especialmente relevante es que un mismo magistrado fue ponente del auto que archivó la causa en 2021, el que acordó su reapertura en 2024 y, posteriormente, presidió el tribunal y fue ponente de la sentencia que me condenó. Es decir, su intervención abarcó desde el archivo y la reapertura de la causa hasta presidir el juicio y dirigir la decisión condenatoria. Respecto de otros integrantes del tribunal se plantean igualmente circunstancias que, según el recurso, deben ser examinadas desde la perspectiva de la imparcialidad judicial. También se cuestiona que las recusaciones planteadas fueran resueltas por los propios magistrados recusados. No se trata de atribuir intenciones, sino de que el Tribunal Constitucional examine si quedaron preservadas todas las garantías de imparcialidad. 5.- LA OMISIÓN DE LAS PRUEBAS EXCULPATORIAS Y EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El recurso denuncia que no se dio una respuesta suficiente a determinadas pruebas documentales y testimoniales de carácter exculpatorio relacionadas con INECO, TRAGSATEC y LOGIRAIL. Son elementos relevantes que desvirtúan las acusaciones sobre las contrataciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes. Cuando una prueba puede favorecer al acusado, no basta con mencionarla. Hay que valorarla y explicar por qué se acepta o se descarta. Y en mi caso estas pruebas no se han tenido en cuenta. 6.- DERECHO A LA MOTIVACIÓN DE LAS PENAS. Una condena de esta magnitud exige una explicación especialmente clara y rigurosa. El recurso cuestiona la coherencia entre los criterios de atenuación fijados por el Tribunal Supremo en la sentencia y las penas máximas y agravadas finalmente impuestas de forma arbitraria, desproporcionada y carentes de motivación suficiente. No se trata solo de saber cuánto se condena. También hay que explicar por qué. 7.- EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS Y A UTILIZAR LAS PRUEBAS PERTINENTES. Se cuestiona la separación de hechos y personas que podían estar relacionados o conectados entre sí y las consecuencias que esa decisión tuvo para mi defensa. Entre ellas, la imposibilidad de interrogar a determinados testigos clave implicados en el núcleo de los hechos, lo que habría limitado mi derecho de contradicción. La cuestión es si esa fragmentación ha terminado produciendo una indefensión material y ha limitado de forma real mis posibilidades de defensa. 8.- LA PROHIBICIÓN DE SER JUZGADO O SANCIONADO DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS: NON BIS IN IDEM. Se ha dictado una sentencia firme sobre el núcleo de unos mismos hechos que la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han mantenido abiertos en procesos paralelos. El recurso plantea que existe un riesgo de doble enjuiciamiento porque parte del mismo núcleo fáctico de la condena continúa siendo objeto de otros procedimientos. No puede haber dos procesos distintos sobre los mismos hechos que terminen produciendo consecuencias incompatibles entre sí. Por eso he pedido que también se examine esta cuestión desde la garantía constitucional del NON BIS IN IDEM. . . No escribo esto como un ejercicio jurídico ni para alimentar polémicas. Lo hago porque estoy hablando de mi libertad y de un relato que no ha admitido contrargumentación. Y porque una condena tan desproporcionada ha destruido la vida de mi familia y la mía. Sé que presentar un recurso no significa tener razón por el mero hecho de hacerlo. Precisamente por eso acudo al Tribunal Constitucional: para que examine estas cuestiones y determine si se han respetado mis derechos fundamentales. No pido un trato especial. Pido que se apliquen las mismas garantías que cualquier ciudadano debe poder exigir cuando se enfrenta al poder del Estado. La justicia tiene que ser justa. Y cuando lo que está en juego es de semejante alcance, los derechos fundamentales no pueden ser un trámite. Por todo ello, pido Constitución.