Alicia García

Torturar, asesinar, no es un delito de función policial. La noche del 14/06/2026, en la Comisaría de Manchay, el adolescente E. J.C. B. (17 años) habría sido torturado por parte del personal policial. El informe médico dio cuenta de múltiples lesiones corporales y asfixia. He escuchado el testimonio del padre y madre del menor, con quienes he dialogado ampliamente para conocer los avances de la investigación y su situación familiar. Hasta el momento ningún efectivo policial ha sido detenido, la investigación si bien está a cargo de la 2da Fiscalía Penal Supraprovincual DDHH muestra serias deficiencias y falta de interés. La defensa me ha precisado que las diligencias dispuestas son virtuales (declaraciones) “la fiscal siempre está de forma virtual”. El departamento de investigación criminal de la PNP desarrolla la investigación. Es evidente que los padres del menor no tienen confianza en la investigación que haga la propia policía, por eso esperan que la Fiscalía sean quien dirija realmente la investigación y todos los actos sean presenciales. El padre del menor me narró que el día de los hechos los efectivos PNP les solicitaron dinero para soltar a su hijo, incluso les pidieron un pollo a la brasa. Una vez detenido el menor, la PNP no dio cuenta oportuna a la fiscalía de familia, es más la Fiscal de Familia una vez que tomó conocimiento del caso solo hizo saber a la PNP que el menor no esté en una celda de adulto. La Fiscal de Familia no se apersonó a la comisaría. Los padres del menor son víctimas y testigos, pues vieron a su hijo aún con vida y este les suplicó que pagaran lo que la PNP pedía, pues sino lo iban a matar. Incluso les narró que en el calabozo había sido desnudado y un efectivo policial procedió a revisarle todo su cuerpo. La Comisaría de Manchay, pretendió encubrir el crimen, dijo que era "suicidio por ahorcamiento con un hilo de capucha". No obstante, el Certificado de Necropsia que me mostraron concluyó que la causa de muerte corresponde a una asfixia mecánica por ahorcamiento producida por un "elemento constrictor cervical", compatible con una maniobra de estrangulamiento de carácter homicida (ejecución extrajudicial) Los padres del menor torturado y luego ejecutado temen por su seguridad y la de sus hijos, se encuentra profundamente afectada su salud mental y exigen que los responsables, que son los efectivos policiales que estuvieron ese día en la comisaría, sean sancionados por lo que han hecho. Hasta el momento la @PoliciaPeru en un caso tan grave nunca informó públicamente sobre las medidas disciplinarias por estos graves hechos. Al contrario hay varias leyes que refuerzan la impunidad y le brinda ventajas legales a quienes deberían responder por esta muerte. Torturar, asesinar, no es un delito de función policial. Una persona detenida en una comisaría se encuentra bajo custodia del Estado. Exijo a @FiscaliaPeru garantizar una investigación y justicia para la familia del menor. Quienes resulten responsables, cualquiera sea su cargo, deben responder ante la justicia. La familia de E. J. C. B. no puede enfrentar sola su exigencia de justicia. El Estado debe garantizar verdad, justicia, reparación y protección. No permitiremos que este caso quede en el silencio ni en la impunidad.