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Administración Local

Joined July 2013
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«Situación de interventores y tesoreros tras el Real Decreto-Ley 13/2026». Por Carlos Frías López. n9.cl/paw9ev
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Situación de interventores y tesoreros tras el Real Decreto-Ley 13/2026 administracionpublica.com/si…
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La ausencia de cualquier FHCN en Ayuntamiento resulta crítica. Afecta al funcionamiento normal de la entidad y no hay previsión legal que difiera el cumplimiento plazos. No pedes estar de baja y menos disfrutar de tus vacaciones
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💙 12 de octubre | Festividad de la Virgen del Pilar Desde 1928, la Virgen del Pilar es patrona de los Cuerpos de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local. Una tradición que forma parte de nuestra historia. ¡Feliz Día del Pilar! 💙
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Too much para ser sábado.
📌 Publicada en el BOE la Ley 4/2026, de 1 de octubre: Modifica la LRBRL y añade como competencia propia la promoción de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad para personas con discapacidad. ⚠️También excluye ayudas de emergencia social de la LGS. #FHCN
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📄 La IGAE responde a una consulta planteada por el Consejo General de COSITAL sobre el alcance de la función interventora en régimen de fiscalización limitada previa y los extremos no considerados requisitos esenciales por la Corporación Local. cosital.es/contenidos/2/cont…
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CUANDO DENUNCIAR IRREGULARIDADES TERMINA CON EL DENUNCIANTE ANTE LOS TRIBUNALES El caso del interventor de la Diputación de Lleida vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a la protección de los empleados públicos que ponemos de manifiesto posibles irregularidades dentro de las Administraciones. Lo cesaron alegándose una supuesta «pérdida de confianza». Más de doce años después, la Justicia ha declarado nulo aquel cese y ha reconocido las consecuencias económicas derivadas de la decisión. La Diputación ha terminado aprobando una indemnización cercana a los 300.000 euros. Pero existe otro aspecto especialmente relevante: el conflicto no terminó con el cese. Mateu también fue objeto de actuaciones relacionadas con supuestas filtraciones de documentación y llegó a enfrentarse a acusaciones penales. Finalmente fue absuelto, y las resoluciones judiciales posteriores no consideraron acreditada su responsabilidad en los hechos que se le atribuían. Cuando un empleado público denuncia posibles irregularidades y, posteriormente, comienza a sufrir expedientes, acusaciones, pérdida de responsabilidades, cambios de destino, procedimientos disciplinarios o incluso acciones judiciales, existe una pregunta que cualquier Administración responsable debería estar dispuesta a contestar: ¿Se está investigando realmente una conducta irregular del empleado o se está reaccionando contra quien puso la irregularidad de manifiesto? Una Administración sometida al principio de legalidad debe poder investigar cualquier conducta de sus empleados cuando existan indicios objetivos. Pero exactamente por la misma razón debe garantizar que sus potestades disciplinarias, organizativas y administrativas no se utilicen para castigar directa o indirectamente a quien ejerce legítimamente funciones de control, denuncia irregularidades o colabora con organismos de supervisión. Este caso demuestra además que una decisión administrativa que inicialmente puede presentarse como una decisión de organización o de confianza puede acabar siendo revisada judicialmente muchos años después. Y cuando un tribunal declara la nulidad de aquella decisión, las consecuencias no las paga el responsable de la decisión con su patrimonio personal: las acaba pagando la propia Administración con dinero público como sucedió en mi caso. Por eso estos casos deberían servir para algo más que para conocer una sentencia. Deberían servir para reforzar las garantías de quienes, desde dentro de las Administraciones, ponemos de manifiesto posibles irregularidades. Porque una Administración transparente no debería preguntarse primero «¿quién ha denunciado?», sino «¿qué se ha denunciado y cómo podemos comprobarlo?». Y cuando un denunciante termina siendo investigado o acusado, la pregunta adicional debería ser todavía más sencilla: ¿Existen pruebas objetivas contra él o estamos ante una respuesta frente a quien decidió hablar? La respuesta debe encontrarse en los expedientes, en las pruebas y en las resoluciones judiciales. El caso de este Interventor demuestra una vez más que el tiempo puede ser muy largo, pero también que las decisiones administrativas no están por encima del control de los tribunales. Y deja una advertencia para todas las Administraciones públicas: proteger al denunciante no significa darle la razón automáticamente; significa garantizar que denunciar posibles irregularidades no convierta al propio denunciante en el objetivo de una Administración que debería investigar los hechos denunciados. @AnaGarridoRamos @luisgonzaloseg @roberto_macias_ @CFWBers @HayDerecho @WhistleblowerNN @anticorruption @TISpain @CoeGreco @WhistleP2P @JUSTICE4WBS
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Plenos mensuales en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes feels like:
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Pase de personal laboral interino a personal laboral fijo por estabilización. No hay extinción de contrato. Derecho a indemnización por abuso de temporalidad. Notas a la sentencia del TSJ del País Vasco de 26 de julio de 2026. eduardorojotorrecilla.es/202…
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📌 Publicada la resolución del concurso ordinario FHCN: 🔗 Resolución de 11 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Función Pública. boe.es/boe/dias/2026/09/16/p… #FHCN
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El Supremo avala que un alcalde solicite subvenciones sin el acuerdo previo del pleno La sentencia anula la exclusión del Ayuntamiento de Osuna de una subvención autonómica larazon.es/andalucia/sevilla…
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