ARIEL DARIO BILBAO

Una mentira más que se cae…

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO ES UN DELITO Quiero hacer pública una situación que considero profundamente preocupante, no solamente por lo que significa para mí, sino por lo que representa para la libertad de expresión en nuestro país. El juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal N.º 3, dispuso una nueva resolución en el marco de una causa penal iniciada contra mí por dos publicaciones realizadas en la red social X en diciembre de 2025. La investigación comenzó a partir de tareas de ciberpatrullaje realizadas por fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿El motivo? Haber compartido dos publicaciones sobre presuntos saqueos, acompañadas de material audiovisual que circulaba en redes sociales y que posteriormente se comprobó que correspondía a hechos anteriores. Reconocí ese error en mi declaración ante la Justicia. No sabía que el material era antiguo y, cuando tomé conocimiento, eliminé las publicaciones. Pero hay algo que quiero dejar absolutamente claro: NUNCA LLAMÉ A SAQUEAR. NUNCA CONVOQUÉ A EJERCER VIOLENCIA. NUNCA PROMOVÍ ATAQUES CONTRA PERSONAS O INSTITUCIONES. Sin embargo, se me investiga por presunta incitación a la violencia colectiva. Vivimos en un país donde el propio presidente de la Nación difunde información falsa, insulta públicamente a ciudadanos, periodistas y dirigentes políticos, y donde determinados espacios de comunicación cercanos al oficialismo convierten la agresión y la descalificación en una práctica cotidiana. Frente a semejante escenario, resulta inevitable preguntarse: ¿Por qué un ciudadano que comparte información equivocada termina enfrentando una causa penal mientras desde el poder se naturalizan prácticas de desinformación y agresión pública? No estoy pidiendo privilegios. No pretendo estar por encima de la ley. Tampoco desconozco la responsabilidad que implica comunicar información. Lo que cuestiono es que se pretenda convertir un error en una conducta penalmente reprochable bajo una figura tan grave como la incitación a la violencia colectiva. UNA PUBLICACIÓN EQUIVOCADA NO ES, POR SÍ MISMA, UNA INCITACIÓN A LA VIOLENCIA. Mi defensa recurrirá la decisión judicial por las vías correspondientes. Confío en que se respetarán las garantías constitucionales y que se analizará mi conducta conforme a lo que efectivamente publiqué, no a interpretaciones que considero alejadas de mi intención. Soy militante político desde muy joven. Tengo convicciones, participo del debate público y ejerzo mi derecho a expresar opiniones, incluso cuando resultan incómodas para quienes gobiernan. No voy a dejar de hacerlo. Porque la libertad de expresión no pertenece a un gobierno, a un partido político ni a un sector de la sociedad. ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL QUE NOS PERTENECE A TODOS. Y porque en democracia tenemos derecho a expresarnos, a disentir, a cuestionar al poder y también a equivocarnos, sin que cualquier error deba transformarse en una causa penal. NO VOY A DEJAR DE OPINAR. NO VOY A DEJAR DE MILITAR. NO VOY A DEJAR DE DEFENDER MIS CONVICCIONES. La democracia se fortalece con más libertad, más debate y más derechos. Nunca con miedo. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO SE NEGOCIA. SE DEFIENDE. Sebastián Sassano