Carmen Paton Garcia-

La Cadena SER sacó un artículo para defender el proceso de la ley de nietos, que os pongo en el segundo post. Lo titula 'los datos frente al discurso'. Lo he leído entero, y bueno… allá voy. Primero, dicen que la instrucción no amplió nada, que solo aclara la ley. Pero la ley exigía ser descendiente de un exiliado, y la instrucción la reescribió para que valga ser nieto de cualquier español, con exilio o sin él. La propia instrucción admite por escrito que el texto va 'únicamente' para descendientes de exiliados, y aun así lo reinterpreta. Os lo he puesto literal en la imagen. Además, el Congreso ya había rechazado dos veces, en 2022, las enmiendas de Ciudadanos que pedían esa ampliación. Y cinco días después de publicarse la ley, una instrucción de una Dirección General la sacó adelante. Por eso el TSJ de Madrid tramita desde diciembre de 2022 un recurso que pide anularla. Segundo. Comparan con la nacionalización de sefardíes que aprobó el PP en 2015. Aquella ley obligaba a demostrar la condición de sefardí y una vinculación real con España, hacía pasar por dos exámenes del Instituto Cervantes y exigía comparecer en persona ante notario aquí. Un proceso caro y selectivo que dio unas 72.000 nacionalidades repartidas por medio mundo. Y aunque la ley me parezca una chorrada, y esos sefardíes también votan, eran muchos menos, así que lógicamente a nadie se le ocurrió hablar de amaño. Tercero. Es verdad que la parte genealógica, la que conecta al abuelo con España, pasa ciertos controles. Pero el exilio, que era el requisito de la ley, no hay que demostrarlo. A quien salió de España entre 1936 y 1955 se le presume: basta con acreditar que se marchó, sin decir por qué. Y a quien salió entre 1956 y 1978 se le da por exiliado con un certificado de un partido o un sindicato. Así que la documentación prueba de quién desciendes, pero no que ese abuelo fuera un exiliado, que es lo que la ley decía reparar. Cuarto, y aquí les doy la razón: es un proceso lento. Para tramitar la nacionalidad por la ley de nietos se han pedido unos 2,5 millones de citas. De esas, alrededor de 1,2 millones de solicitudes se han presentado de verdad. Concedidas, a 31 de marzo de 2026, unas 544.000. E inscritas ya en el registro, con derecho a voto, unas 306.000. O sea, en tres años se ha completado menos del 15% del total. No habrá seguramente millones de votantes nuevos para 2027. Pero quizás si para las siguientes, y sucesivas. Junto con los regularizados que podrán votar en unos años, serán millones de nuevos españoles que le deben su nacionalidad al PSOE. El voto exterior no siempre participó tan poco. Antes de 2011, sin trabas, votaba con normalidad: por encima del 25%, y en 2008 llegó al 31,7%. En 2011 se introdujo el llamado voto rogado, que obligaba a pedir la papeleta para poder votar, y la participación se hundió por debajo del 5%. Esa traba se suprimió en 2022, y en 2023, en las primeras generales ya sin ella, rebotó al 10%. Y con ese 10%, ojo, el voto de fuera ya cambió un escaño en Madrid. Quinto. Sobre la externalización, contestan con Buenos Aires, donde dicen que solo se digitalizan datos. Ni una palabra de La Habana y de PALCO, la empresa estatal cubana a la que el consulado paga más de un millón de euros y que le coloca el personal, porque es la única que el régimen autoriza. Sexto, la circunscripción. Aseguran que se elige por arraigo y que no vale cualquier criterio. Pero al parecer el propio formulario de Exteriores no obliga a acreditar ningún arraigo: basta con escribir el municipio y la provincia donde quieres votar, y para lo demás hay una casilla de ‘otros motivos’ sin mecanismo de verificación. Si de verdad no valiera cualquier criterio, no habría nada que auditar. Y cómo se asigna la provincia a cada nuevo votante es justo lo que se ha pedido auditar a la Junta Electoral. Porque puede ser decisivo.