CODEG

Más pruebas del robo de las elecciones del 30 de noviembre de 2025 en Honduras que permiten, contra la voluntad del 80% de la población , el regreso a continuar con el robo a una estructura criminal (según la justicia de USA ) que robó entre 2010 y 2022 (según Ricardo Zúñiga del departamento de Estado de USA por zoom en 2021, dirigiéndose a los empresarios Hondureños en “el trapiche” con Asfura y @SalvaPresidente presentes ) 3,500 millones de dólares al año, o sea 42,000 millones de dólares en 12 años . O sea un billón 113,000 millones de lempiras que con un gobernante honrado hubieran servido para sacar de la pobreza a 8 millones de personas. Y paralelamente el tráfico de 500 toneladas de cocaína de JOH nuevo jefe en 2026 del @PNH_oficial . Que les quede como información a los nuevos que decidieron en USA el futuro de Honduras. Se los dice @SalvaPresidente que no vivió ni vive de la política, que pretendió evitar la emigración y darle trabajo y prosperidad al pueblo noble de Honduras en estos 112,492 kilómetros llenos de riqueza. Laura Dogu , Coleen Hoey y todos los ex embajadores de USA en Honduras siempre lo supieron. Fui, soy y seré ANTICOMUNISTA . @WHAAsstSecty @RepMariaSalazar @realDonaldTrump @USAmbHonduras

YO NO FUI , NO SOY NI SERÉ COMUNISTA. SOLO SOY UN HONDUREÑO HONRADO pero hay un punto muy delicado para las que firman documentos del CNE: @APHall_CNE y @CossetteOficial Certificar resultados sin resolver recursos pendientes: 1. Viola el debido proceso electoral; 2. Rompe la cadena de legalidad; 3. Expone nulidad parcial o total del acto; Los abogados del @Oficial_PLH golpea donde les duele, porque: 4. El TJE sí ha sido celoso en casos de certificaciones prematuras. Les dejo la argumentación de los abogados: El recurso sí es procedente, porque la vía administrativa fue ignorada burlándose de 2 millones de votantes. El Consejo Nacional Electoral omitió resolver en tiempo y forma las solicitudes de recuento y revisión presentadas oportunamente, incumpliendo su deber legal. Ese silencio del @CneHonduras no es neutro ni inocuo. En derecho electoral le abre paso a la figura de la negativa ficta, lo que habilita plenamente a acudir a la jurisdicción electoral. No había otro camino legal posible. El fondo del recurso es grave: la omisión total o parcial del uso del dispositivo biométrico en casi 15,000 mil de las 19,164 Juntas Receptoras de Votos, en abierta violación al artículo 263 de la Ley Electoral. Esa omisión no es un error administrativo, es una irregularidad que afecta la validez del proceso. A pesar de que existían 10,000 urnas con inconsistencias antes del 24 de diciembre e impugnaciones pendientes de resolver, el CNE emitió certificación de resultados, quebrantando el debido proceso electoral. Certificando eso declararon presidente a Asfura sin resolver recursos, viciaron el acto y comprometieron la legalidad del proceso. Por lo tanto, la solicitud de recuento físico jurisdiccional, el cruce de información técnica y la eventual remisión al Ministerio Público no son caprichos políticos, sino medidas legales para restablecer la certeza del voto.