Luis Freyle 🇹🇼

A los Honorables Congresistas de nuestro país, especialmente a nuestros Congresistas del Magdalena. Santa Marta no será una sociedad viable si no logramos desmontar las estructuras criminales que operan en este territorio desde hace varias décadas. Pedimos a ustedes que, en el desarrollo de la sana crítica, respalden la mejor versión del Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara – 296 de 2026 Senado, "Ley de sometimiento" y para pedirles que culminen su trámite. El país lleva demasiado tiempo esperando esta decisión: en la Sentencia C-525 de 2023, la Corte Constitucional dejó claro que los términos del sometimiento a la justicia debe fijarlos el Congreso y que deben garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, los proyectos presentados por el gobierno anterior no lograron convertirse en ley, de modo que ese vacío continuó mientras los grupos armados crecían y las comunidades seguían soportando sus consecuencias. Este proyecto representa la oportunidad de completar esa tarea pendiente, y además recoge varias de las recomendaciones formuladas a partir de la experiencia nacional y comparada. Entre ellas se encuentran la definición legal de los beneficios, las rebajas graduadas según el rol y la colaboración, una ruta diferenciada para quienes hacen parte de las redes de apoyo, la verificación de la identidad de quienes se acojan, la exigencia de verdad y reparación y la revocatoria de los beneficios en caso de incumplimiento. Estas reglas responden a lecciones aprendidas en procesos anteriores y permiten ofrecer una salida jurídica clara, con condiciones exigibles y sin renunciar al control judicial. Para regiones como la Sierra Nevada, esta decisión tiene una importancia concreta. Tras el cierre de los espacios de conversación, una ley de sometimiento sería la vía para que quienes hacen parte de las estructuras armadas abandonen la ilegalidad, cesen las afectaciones a la población civil y contribuyan a reparar a las víctimas. Por supuesto, una ley no terminará por sí sola con un conflicto que también se alimenta de las economías ilegales, de la pobreza rural y de la débil presencia institucional, pero sí puede abrir una salida que hoy los territorios necesitan. Por esa razón, además de pedirles su respaldo, les solicito que la implementación de esta norma tenga en cuenta a los territorios, con coordinación entre la Nación y las entidades locales, recursos para la reparación de las víctimas y una intervención integral que evite que otras estructuras ocupen los espacios que deje el sometimiento. Si la ley se acompaña de esa presencia estatal, las comunidades de la Sierra podrán empezar a ver en ella una posibilidad real de vivir sin el peso de las armas. Confío en que el Congreso de la República asumirá esta responsabilidad con la seriedad que exige el momento y con la mirada puesta en las víctimas y en los territorios que más han sufrido.