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🚨LA INOCENCIA SE PRESUME. LA CULPABILIDAD SE PRUEBA.
En la sentencia 14-19-CN/20, la Corte Constitucional del Ecuador precisa una consecuencia fundamental de la presunción de inocencia: Fiscalía tiene la carga de probar tanto la existencia del hecho punible como la culpabilidad de la persona procesada.
En el párrafo 15, la Corte explica que, si Fiscalía no sustenta su acusación con pruebas de cargo válidas y se genera duda razonable, no procede declarar la culpabilidad.
Esto significa que la ausencia de prueba de descargo no reemplaza la prueba de cargo. Que la defensa no demuestre la inocencia no permite concluir que la acusación está probada.
En el párrafo 18, la Corte reafirma que corresponde al órgano de persecución penal demostrar la responsabilidad más allá de toda duda razonable.
La consecuencia para el juzgamiento es concreta: una condena debe sustentarse en lo que la acusación logró probar. Exigir al procesado que demuestre su inocencia desplaza indebidamente la carga probatoria y desconoce la garantía que lo protege.
La pregunta que debe resolver una sentencia condenatoria es: ¿Fiscalía probó la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable?
📌 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 14-19-CN/20, de 12 de agosto de 2020, párrafos 15 a 19.
Q lamentable. Estamos frente al retorno d la filosofía del oportunismo made in Ec y el abandono d la política pública y trato cálido y eficiente q exige al sector público.
Desde las 6m haciendo fila en la @ANT_ECUADOR para renovar mi licencia.
Y claro, como en todo tercer mundo, ¿qué creen? No saben si hoy nos podrán atender porque "SE LES FUE EL SISTEMA".
¿Algo que decir, Luis Darío Villacrés? ¿Estás orgulloso de ser el más eficiente director de la historia de la ANT?
Estamos a nada de volver a limpiarnos en la pared la tinta de las huellas dactilares.
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Desde las 6m haciendo fila en la @ANT_ECUADOR para renovar mi licencia.
Y claro, como en todo tercer mundo, ¿qué creen? No saben si hoy nos podrán atender porque "SE LES FUE EL SISTEMA".
¿Algo que decir, Luis Darío Villacrés? ¿Estás orgulloso de ser el más eficiente director de la historia de la ANT?
Estamos a nada de volver a limpiarnos en la pared la tinta de las huellas dactilares.
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📌 El delito de calumnia
La @CorteConstEcu en la sentecia 105-23-IN/25 nos dice que la calumnia consiste en atribuir falsamente a una persona la comisión de un delito. Sin embargo, para que esta conducta se configure penalmente, no basta con desacreditar a alguien.
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Jueces de familia: los alimentos para adultos mayores tienen su propia ley, ojo: hay prelación y litis consorcio … a estudiar por favor!!
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La sana crítica no significa que los jueces puedan valorar las pruebas desde sus prejuicios o ideas personales sobre cómo deberían comportarse las personas.
Las máximas de la experiencia deben utilizarse con cuidado, especialmente en casos relacionados con los derechos de las mujeres. De lo contrario, pueden terminar reproduciendo estereotipos de género, desestimando testimonios y revictimizando a quienes acuden a los tribunales.
Les recomiendo este texto para profundizar en los riesgos de una valoración probatoria que, bajo la apariencia de razonamiento lógico, puede reproducir relaciones de subordinación y afectar el acceso de las mujeres a la justicia.
Les dejo el link al pdf aquí:
redalyc.org/pdf/4261/4261464…
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⚖️ #SentenciasPenalesCNJ | ¿Cuándo existe abuso de confianza y qué debe demostrar la defensa para cuestionar una condena en casación?
📌 Proceso No. 17292-2022-00477
La @CorteNacional de Justicia declaró improcedente, por falta de fundamentación, el recurso de casación presentado por Fernando Xavier Palacios Vaca, condenado por abuso de confianza en perjuicio de la compañía Constructora Hermanos Pavón Cía. Ltda.
🔎 ¿Qué ocurrió?
Palacios mantenía una relación comercial con la compañía como comisionista para la venta de lotes de terreno en la urbanización El Jardín, en Machachi, por lo que recibía una comisión del 3 %.
Según los hechos establecidos por los jueces de instancia, recibió pagos de compradores en sus cuentas bancarias personales. Esos valores correspondían a operaciones realizadas para la compañía y, de acuerdo con la sentencia, debían ingresar al patrimonio de esta. Sin embargo, habría dispuesto de parte de los fondos en beneficio propio y de una tercera persona.
El Tribunal de Garantías Penales lo condenó como autor directo de abuso de confianza, conforme al artículo 187, inciso primero, del COIP, y le impuso tres años de privación de libertad, multa de diez salarios básicos unificados y USD 118.596 por reparación integral. También concedió la suspensión condicional de la pena.
La Corte Provincial confirmó la condena.
⚖️ ¿Qué alegó la defensa?
El recurrente sostuvo que la recepción de dinero en cuentas personales no demostraba, por sí sola, la existencia de abuso de confianza. Cuestionó la relación entre los depósitos bancarios y las ventas de terrenos, el nexo causal, la cuantificación del perjuicio y la suficiencia de la prueba.
Además, alegó falta de motivación y afirmó que los hechos podían corresponder a una controversia comercial, no necesariamente a una infracción penal. Por ello, solicitó que se aceptara la casación o se declarara la nulidad de la sentencia.
📚 ¿Qué analizó la Corte?
1. La garantía de motivación.
La Sala examinó la sentencia de apelación y concluyó que esta identificó las normas aplicables y explicó las razones fácticas y jurídicas que sustentaban la condena. La decisión relacionó los testimonios de representantes de la compañía y compradores, la documentación bancaria y la pericia contable.
La Corte consideró que la defensa no demostró una insuficiencia de motivación que impidiera comprender las razones de la decisión.
2. La aplicación del artículo 187 del COIP.
Para la Sala, la defensa no explicó suficientemente por qué la norma que sanciona el abuso de confianza resultaba inaplicable a los hechos establecidos en la sentencia. Tampoco precisó qué disposición debía aplicarse en su lugar ni demostró cómo el supuesto error jurídico había influido en la decisión.
3. Los límites de la casación.
Buena parte de los argumentos cuestionaba la credibilidad de los testimonios, el alcance de la pericia y la determinación del perjuicio. Resolver esas objeciones habría exigido volver a valorar la prueba, actuación que excede los límites del recurso de casación.
La sentencia también distinguió entre el perjuicio económico de USD 111.085,96, determinado en la pericia contable, y los USD 118.596 fijados como reparación integral.
🏛️ ¿Qué resolvió la CNJ?
Por unanimidad, declaró improcedente el recurso de casación y determinó que no existían méritos para casar de oficio la sentencia.
💡 Regla jurídica clave: alegar que los hechos no configuran un delito o que la prueba es insuficiente no basta para obtener la casación. El recurrente debe identificar el error de derecho, confrontar la norma aplicada con los hechos fijados por los jueces y explicar la incidencia del error en la decisión.
La casación no constituye una tercera instancia para reexaminar testimonios, pericias o hechos ya establecidos.
#CorteNacionalDeJusticia #SentenciasPenalesCNJ #DerechoPenal #CasaciónPenal #AbusoDeConfianza #COIP #MotivaciónJudicial #DebidoProceso #JurisprudenciaEcuador
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#CasoLaberinto || Llama mucho la atención la actitud de @LuisaGonzalezEc en el allanamiento a su domicilio, en la audiencia y en sus traslados a la cárcel.
Pese a estar rodeada de comandos de la @PoliciaEcuador de encapuchados sin nombres ni grados visibles, de cámaras buscando capturar lo mejor del peor momento que puede vivir un ser humano, de permanecer varias horas en una sala de audiencias, de ser trasladada por 4 ciudades distintas (Chone-Guayaquil-Latacunga-Riobamba) y recibir una orden de prisión; el manejo de sus emociones es digno de admiración.
Nos invita a reflexionar que la fortaleza de una persona no siempre se mide por el poder que ejerce, sino por la serenidad con la que enfrenta el poder que se ejerce sobre ella.
Todos estamos de acuerdo que nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de sus derechos.
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Impresionante accidente de tránsito en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. En el vídeo se aprecia un vehículo a gran velocidad que se choca con otro. La autoridades dicen que hay dos muertos y un herido, entre ellos el conocido DJ Carlos Fraga.
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¿Por qué se tramitan los incidentes de aumento o disminución de pensión alimenticia? ⚖️
Aquí les dejo una precisión normativa importante en materia de alimentos.
El Art. innumerado 42 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que regulaba expresamente los incidentes de aumento o disminución de pensión alimenticia, fue derogado por la Disposición Derogatoria Sexta del COGEP.
Sin embargo, esto no significa que haya desaparecido la posibilidad de revisar una pensión alimenticia.
El fundamento sustantivo permanece en el Art. innumerado 17 del Título V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece:
“La providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla, no tiene el efecto de cosa juzgada”.
Esta disposición es fundamental para comprender que las decisiones sobre pensiones alimenticias no tienen carácter inmutable. Las circunstancias económicas de quien debe prestar alimentos y las necesidades de quien los recibe pueden variar, por lo que la pensión puede ser revisada conforme a Derecho.
La clave está en distinguir el fundamento jurídico de la posibilidad de modificar la pensión del procedimiento aplicable para hacerlo. La derogación de una norma procesal no extingue, por sí sola, la posibilidad de solicitar una modificación de la pensión alimenticia.
En Derecho, identificar una norma derogada es importante; comprender qué disposición permanece vigente y cómo se articula con el régimen procesal actual es indispensable.
Nota.- La derogatoria se halla vigente desde el año 2016 (con la vigencia del COGEP), pero muchas personas la siguen invocando, por eso realizo este post.
Este criterio también lo aprendí a partir de la observación que me realizó un juez de segunda instancia al resolver una apelación.
Porque el Derecho no se aprende únicamente de los libros ni termina con lo que creemos saber. También aprendemos de quienes revisan nuestras decisiones, de sus observaciones y de la disposición que tengamos para corregir nuestros criterios.
Ser juez también implica aprender de otros jueces.
#DesdeLaMenteDelJuez
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¿Qué significa ser testigo de un hecho?
En una sentencia dictada en 2022, se resolvió un caso de nulidad del reconocimiento voluntario de paternidad.
El actor alegaba que había reconocido a un niño que no era su hijo biológico porque fue amenazado con ser denunciado y encarcelado. La madre negó que existiera coacción y sostuvo que el reconocimiento fue voluntario.
El hijo tenía aproximadamente 16 años cuando se resolvió la causa.
El examen de ADN excluyó el vínculo biológico. Sin embargo, el actor también debía demostrar que su consentimiento estuvo viciado al momento de efectuar el reconocimiento, ocurrido en 2006.
Para acreditar las supuestas amenazas presentó su declaración y dos testigos.
Aquí surgió un aspecto esencial de la valoración probatoria.
¿Qué es un testigo?
El artículo 189 del COGEP establece que es la persona que ha percibido, a través de sus sentidos, directa y personalmente, hechos relacionados con la controversia.
No basta, entonces, con conocer a una de las partes, tener referencias sobre su vida o compartir su versión de lo ocurrido. Para acreditar un hecho mediante testimonio, es fundamental examinar qué percibió el declarante y cómo llegó a conocerlo.
En este caso, el reconocimiento se había realizado en 2006. Sin embargo, uno de los testigos manifestó conocer al actor desde hacía aproximadamente ocho o nueve años y a la demandada desde hacía diez o doce años. Por tanto, su conocimiento de ellos era posterior al reconocimiento.
El segundo testigo dijo conocer al actor desde pequeño, pero tampoco había presenciado las amenazas, no conocía al adolescente y no explicó cómo había llegado a conocer las circunstancias específicas del reconocimiento.
Ambos calificaron a la demandada y a su familia como personas problemáticas y afirmaron que el actor había sido obligado a reconocer al niño. Pero ninguno había presenciado el hecho que debía probarse.
Sus declaraciones no permitían establecer, por percepción directa, que las amenazas realmente hubieran ocurrido.
Esto no significa que todo testimonio referido por otra persona deba descartarse automáticamente. Significa que el juzgador debe examinar su fuente de conocimiento, su relación con los hechos controvertidos y su capacidad para corroborar la versión que se pretende demostrar.
En esta causa, las declaraciones testimoniales no aportaron corroboración suficiente a la versión del actor. Su declaración de parte tampoco encontró respaldo probatorio que permitiera tener por acreditadas las amenazas.
Por ello, aunque el ADN demostró la ausencia de vínculo biológico, no se probó el vicio del consentimiento alegado y la demanda fue rechazada.
La reflexión: el testigo no está llamado a reproducir lo que una parte le contó como si lo hubiera presenciado. Su aporte probatorio debe valorarse atendiendo a lo que realmente percibió y a las razones que sustentan su conocimiento.
La sana crítica exige examinar no sólo qué se declara, sino también cómo, cuándo y por qué el testigo conoce aquello que afirma.
Porque la prueba testimonial no se mide por la seguridad con la que alguien habla, sino por la capacidad de su declaración para contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos.
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Consejo Jurídico no pedido:
Ponle título a tu teoría del caso.
Una vez que tengas construida tu teoría del caso, te va a ser muy conveniente que la dotes de un rasgo distintivo que permita identificarla y recordarla con facilidad durante todo el litigio. El título no no es simplemente una estética. Tiene un objetivo, que es fijar en la mente del juzgador la idea central de la posición que se sostiene.
Por eso te recomiendo que sea:
- Breve.
- Fácil de recordar.
- Construido con palabras simples.
- Lo suficientemente claro para reflejar la esencia del caso.
No se trata simplemente de resumir todos los hechos, sino de que concentres en una frase la idea principal que buscas transmitir.
**EXTRA**
Después de titular la teoría del caso, todavía te quedan dos ejercicios importantes por hacer:
1. Identificar sus fortalezas y debilidades.
Mientras más se acerque a la respuesta objetiva del problema jurídico, más sólida será la teoría del caso. Mientras más se aleje, mayores serán sus puntos vulnerables.
2. Hacer del abogado del diablo.
Es decir, construir la contra-teoría que podría plantear la contraparte para debilitar nuestros argumentos.
Titular la teoría del caso te ayuda a recordarla. Identificar sus debilidades te ayuda a mejorarla. Y construir la teoría de la contraparte te ayuda a ponerla a prueba antes de llegar al juicio.
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Ayer mi estudiante me pido que le explique la diferencia entre prueba nueva y nueva prueba. 👇
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#SentenciasPenalesCNJ | ¿Puede declararse la nulidad de un proceso penal porque se aceptaron acuerdos probatorios en la audiencia de juicio?
La @CorteNacional en la causa No. 05151-2020-00472, analiza los límites de la nulidad procesal y recuerda que no basta con alegar una vulneración del debido proceso: es necesario identificar la norma procesal infringida y demostrar cómo afectó la decisión.
1. ¿Qué ocurrió en el caso?
El 7 de mayo de 2018, tres sujetos ingresaron al domicilio de Ángel María Tenorio Cevallos, de 81 años, y de su esposa, Olga Piedad Vasco Ramírez, en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.
Según los hechos probados, mientras la esposa fue inmovilizada y amenazada, los sujetos registraron la vivienda en busca de objetos de valor y dinero. Posteriormente, la víctima fue encontrada sin vida. La causa de la muerte fue determinada como asfixia por ahorcamiento.
2. ¿Qué resolvieron los jueces de instancia?
El Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi, el 8 de diciembre de 2021, declaró responsables a César Darío Monar del Pozo, Alex Wilmer Borja Pozo y Darwin Bladimir Borja Pozo como autores directos del delito de robo con muerte.
Les impuso una pena agravada de 34 años y 8 meses de prisión, una multa de 1.000 salarios básicos y el pago de USD 20.000 por reparación integral a favor de la víctima.
El 15 de marzo de 2023, la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi rechazó las apelaciones y confirmó la sentencia.
Posteriormente, Alex Wilmer Borja Pozo y Darwin Bladimir Borja Pozo interpusieron recursos de casación.
3. ¿Qué alegó la defensa?
La defensa solicitó la nulidad del proceso porque, durante la audiencia de juicio, se aceptaron acuerdos probatorios relacionados con el parte policial, el acta de levantamiento del cadáver y el informe de inspección ocular técnica y reconocimiento del lugar de los hechos.
Según el abogado, esos acuerdos se habrían aceptado bajo la expectativa de que sus defendidos recibirían atenuantes y beneficios por cooperación eficaz. Sostuvo que se vulneraron el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Además, cuestionó la suficiencia de la prueba para establecer la responsabilidad penal y solicitó que se casara la sentencia y se ratificara el estado de inocencia. Subsidiariamente, pidió la nulidad y la libertad de los procesados.
4. ¿Cuál fue el problema jurídico?
¿La aceptación de acuerdos probatorios durante el juicio justificaba declarar la nulidad del proceso, cuando la defensa alegaba vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa?
La Corte debía determinar si se había identificado una infracción procesal concreta, si esta había causado indefensión y si tuvo una influencia real en la decisión.
5. ¿Qué respondió la Corte Nacional?
La Corte recordó que la nulidad procesal es una medida excepcional. Para declararla deben observarse tres principios:
Especificidad: identificar con precisión la norma procesal que fue vulnerada.
Trascendencia: demostrar que la irregularidad causó un perjuicio relevante y que influyó en la decisión.
No convalidación: establecer que se trata de un vicio grave que no puede subsanarse ni validarse.
En este caso, la defensa mencionó varios artículos del COIP y de la Constitución, pero no precisó de manera suficiente cuál contenía la regla procesal incumplida ni explicó cómo debía aplicarse al trámite concreto.
La Corte destacó que no es suficiente invocar genéricamente el debido proceso o la seguridad jurídica para obtener la nulidad de una causa penal.
6. ¿Qué dijo sobre los acuerdos probatorios?
Este fue uno de los puntos centrales del fallo.
La Corte coincidió con el criterio de que los acuerdos probatorios deben recaer sobre elementos susceptibles de ser actuados y valorados como prueba. Sin embargo, el artículo 454, numeral 6, del COIP establece que los partes informativos, informes periciales y otras declaraciones previas no pueden admitirse como prueba por sí mismos, aunque puedan utilizarse para recordar o evidenciar contradicciones bajo las condiciones legales.
Por ello, esos elementos no podían convertirse en prueba mediante un acuerdo probatorio.
No obstante, la Corte observó que el tribunal de apelación no fundamentó su decisión en la valoración de esos acuerdos, sino en otros elementos probatorios, entre ellos los testimonios de la esposa de la víctima, del médico que determinó la causa de muerte y de los peritos que intervinieron en la investigación.
En consecuencia, no se demostró que la irregularidad alegada hubiera influido en la decisión final.
7. ¿Podía la Corte volver a examinar las pruebas?
No. La Corte reiteró que la casación penal no constituye una tercera instancia.
Su función es controlar la legalidad de la sentencia impugnada, no volver a valorar las pruebas, reconstruir los hechos o sustituir el análisis de los jueces de instancia.
La defensa debía demostrar un error de derecho en la sentencia de apelación, mediante un cargo técnicamente fundamentado. Sin embargo, mezcló la solicitud de nulidad con argumentos propios de otras instancias y retomó un planteamiento que ya había sido contestado por la Corte Provincial.
8. ¿Cuál fue la decisión final?
El 6 de octubre de 2026, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, declaró improcedentes los recursos de casación presentados por Alex Wilmer Borja Pozo y Darwin Bladimir Borja Pozo.
El Tribunal no encontró un error de derecho que justificara modificar la decisión impugnada ni declaró la nulidad solicitada.
9. ¿Cuál es la regla jurídica que deja este fallo?
La nulidad procesal no procede por la sola invocación de una vulneración constitucional. Quien la solicita debe identificar la norma procesal penal infringida, explicar cómo se produjo la violación de trámite y demostrar que esta afectó el derecho a la defensa e influyó en la decisión.
Además, la casación exige cargos concretos, autónomos y técnicamente fundamentados: no permite reabrir el debate probatorio ni convertir una inconformidad con la condena en un nuevo juicio.
#CasaciónPenal #DerechoPenal #COIP #NulidadProcesal #JurisprudenciaEcuador
Gustavo Sigcho retweeted
Consejo Jurídico no pedido:
¿La prueba que tienes realmente demuestra lo que necesitas demostrar?
Antes de seguir leyendo, responde esta pregunta: ¿Cuál sería la prueba idónea para demostrar que una persona estuvo efectivamente privada de su libertad?
Muchos responderían que una orden de captura o una sentencia condenatoria. Sin embargo, ninguna de esas pruebas demuestra, por sí misma, que la persona realmente estuvo privada de su libertad.
La orden de captura demuestra que se ordenó una detención. La sentencia condenatoria demuestra que se impuso una condena. Pero ninguna acredita necesariamente que la persona haya estado recluida.
No siempre existe coincidencia entre lo que el litigante cree que está probando y lo que efectivamente debe probar. Por eso, al analizar la suficiencia probatoria, es necesario recorrer el camino completo:
¿Qué elemento legal necesito acreditar?
¿Qué hecho relevante satisface ese elemento?
¿Qué prueba estoy utilizando para demostrar ese hecho?
¿Qué demuestra realmente esa prueba?
Les comparto la siguiente tabla, la cual sirve para verificar si la prueba que consideramos suficiente realmente acredita el hecho relevante que necesitamos demostrar.
La prueba recae sobre los hechos relevantes y no sobre las teorías jurídicas.
Y respondiendo a la pregunta inicial:
La prueba idónea no es la orden de captura ni la sentencia condenatoria, sino aquella que permita acreditar que la persona efectivamente estuvo recluida y durante cuánto tiempo.
Si tienes #KiaSportage t paso 1dato: mi #Kia 2024 se encendió el #checkEngine le llevé a #kiaQS me tenían con lata q ya mismo se arregla y al día 4 fui a exigir y recién cuentan del daño del CVVT, ese repuesto no hay en Ec y se demora d 15-21 días en llegar con garantía y suerte. Pilas @kia_ecuador sin stock t dejan a pie 21 días.
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#SentenciasPenalesCNJ | ¿Puede existir estafa cuando existe un contrato verbal de compraventa?
La @CorteNacional en sentencia de 6 de octubre de 2026, dentro del Juicio No. 11282-2021-09742, analizó esta cuestión y precisó la diferencia entre un simple incumplimiento contractual y una conducta constitutiva del delito de estafa.
El caso se originó durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El procesado afirmó que disponía de Remdesivir y que podía entregar cinco ampollas en un plazo de 24 horas, a un precio de USD 700 cada una.
Con base en esa afirmación, la víctima entregó USD 2.000 como anticipo. Sin embargo, posteriormente se estableció que el procesado no disponía del medicamento ni estaba en condiciones de entregarlo en el plazo ofrecido. Las ampollas nunca fueron entregadas y el dinero tampoco fue restituido.
En primera instancia, el procesado fue declarado responsable por el delito de abuso de confianza. Sin embargo, al resolver los recursos de apelación, la Corte Provincial modificó la decisión y lo declaró culpable por estafa, imponiéndole una pena de 9 años y 4 meses de prisión y una multa de 20 salarios básicos unificados.
La defensa acudió en casación y sostuvo que lo ocurrido correspondía únicamente a un contrato verbal de compraventa de medicamentos que posteriormente no fue cumplido.
Su argumento era que un incumplimiento contractual genera consecuencias civiles y no necesariamente responsabilidad penal.
La cuestión central que debía resolver la Corte Nacional era:
¿Existió únicamente un incumplimiento contractual o los hechos establecidos por la Corte Provincial configuraban los elementos del delito de estafa?
La Corte recordó que la casación es un recurso extraordinario y no constituye una tercera instancia. El tribunal de casación debe partir de los hechos establecidos por los jueces de instancia y no puede volver a valorar la prueba ni modificar la plataforma fáctica del proceso.
Sin embargo, esto no impide realizar un análisis jurídico de subsunción: es decir, determinar si los hechos que ya fueron establecidos encajan correctamente en la norma penal aplicada.
En materia de estafa, la Corte identificó como elementos relevantes:
beneficio patrimonial + simulación o engaño + error de la víctima + disposición patrimonial + perjuicio económico + relación causal.
Y aquí aparece el punto central del fallo:
La existencia de un contrato verbal no excluye automáticamente la estafa.
Tampoco todo incumplimiento contractual constituye un delito.
Lo determinante es establecer cuándo apareció el engaño y qué función tuvo respecto de la entrega del dinero.
Si el engaño fue anterior o concurrente a la disposición patrimonial y fue precisamente lo que provocó que la víctima entregara su dinero, puede existir estafa.
Por el contrario, si inicialmente existió una relación legítima y el incumplimiento apareció posteriormente, la situación puede tener una naturaleza jurídica diferente.
En este caso, la Corte Provincial había establecido que el procesado:
afirmó que disponía del Remdesivir;
aseguró que podía entregarlo en 24 horas;
no tenía realmente el medicamento;
simuló esa disponibilidad;
provocó que la víctima entregara USD 2.000; y
no restituyó el dinero.
Por ello, para la Corte Nacional, no se trataba simplemente de una obligación contractual incumplida.
La secuencia establecida por la Corte Provincial era:
simulación antecedente → error de la víctima → disposición patrimonial → beneficio económico → perjuicio.
Esa secuencia correspondía a los elementos del delito de estafa previsto en el artículo 186 del COIP.
La defensa pretendía sostener que existió inicialmente una compraventa legítima y que el incumplimiento surgió después. Sin embargo, aceptar esa versión habría requerido modificar la conclusión de la Corte Provincial sobre la existencia de un engaño previo y volver a valorar la prueba.
Eso no puede hacerse en casación.
La Corte también señaló que no basta con identificar formalmente una supuesta indebida aplicación de la ley. El recurrente debe demostrar que la norma aplicada no correspondía a los hechos establecidos y que ese supuesto error tuvo trascendencia en la decisión.
En este caso, la defensa no logró demostrarlo.
Por ello, la Corte Nacional concluyó que no existió indebida aplicación del artículo 186 del COIP, declaró improcedente el recurso de casación y tampoco encontró razones para casar la sentencia de oficio.
La regla que deja este fallo es clara:
La existencia de un contrato no excluye automáticamente la estafa. Lo determinante es establecer si el engaño existió antes o durante la disposición patrimonial y si fue ese engaño el que provocó que la víctima entregara su patrimonio.
En otras palabras, no todo incumplimiento contractual es delito, pero tampoco la existencia de un contrato convierte automáticamente el hecho en un asunto exclusivamente civil.
#Estafa #DerechoPenal #Casación #Jurisprudencia #Ecuador
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Consejo Jurídico no pedido:
¿Sobre qué recae realmente la prueba?
Existe esta idea equivocada según la cual las pruebas sirven para demostrar las teorías jurídicas que una parte invoca durante el proceso. NO ES ASÍ.
La prueba recae sobre los hechos relevantes del caso, no sobre las teorías jurídicas.
Las teorías jurídicas son construcciones abstractas. Para que puedan aplicarse a un caso concreto, es necesario que sus elementos o requisitos encuentren sustento en hechos específicos.
Por eso, aquí el trabajo es en identificar qué hechos relevantes permiten dar vida a cada uno de los elementos que integran la teoría jurídica que se pretende aplicar.
En otras palabras:
- Las pruebas demuestran hechos.
- Los hechos relevantes sustentan los elementos de la teoría jurídica.
- Y esos elementos permiten aplicar una determinada consecuencia jurídica al caso concreto.
Por eso, al construir una teoría del caso, no simplemente es escoger una buena teoría jurídica. También necesitamos identificar los hechos relevantes que permitan satisfacer cada uno de sus elementos.
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📮ACOSO LABORAL: Una guía jurídica a través de casos reales.
Autor: Francisco Teujillo Pons
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