Por cierto, algún constitucionalista (que no forme parte de la servil mayoría progresista del TC) me tendrá que explicar cómo se justifica constitucionalmente la aprobación de un real decreto-ley para un problema (el de la vivienda) que está cronificado desde hace años (de hecho, según el Gobierno, esta iba a ser "la legislatura de la vivienda", con los resultados que cabía esperar). En las democracias liberales, las leyes las aprueba el Parlamento y el Gobierno las desarrolla (vía decretos). Ergo, el decreto-ley es una anomalía (norma con rango de ley aprobada por el Gobierno) que solo puede justificarse por causas de "extraordinaria y urgente necesidad" (art. 86 CE). Casos como el de la entrada de 80.000 inmigrantes ilegales en la ciudad de Ceuta. Porque el caso de Maricarmen, a algunos (a mí no) les parecerá una tragedia, pero las leyes no se aprueban de forma apresurada para solucionar casos particulares. A ese tipo de normas (“decreto Maricarmen”) los juristas las llamamos "leyes singulares", que el ordenamiento jurídico prohíbe con carácter general. La diferencia entre leyes y decretos-leyes (ambas normas con rango de ley) estriba en que, para las primeras, se exige un procedimiento de aprobación bicameral, con debate parlamentario, informes técnicos, análisis de impactos económicos, medioambientales, sociales… y cierto reposo acorde con la importancia de una norma general de rango legal. Las segundas se saltan todo ese procedimiento ordinario y por ello solo están justificadas en casos excepcionales (razones de "extraordinaria y urgente necesidad"). Para ponernos en contexto, en el caso de Ceuta, la invasión se produjo el 30 de julio y el único decreto-ley de medidas que ha aprobado el Gobierno (ninguna, hasta ahora, destinada a resolver el problema de fondo, que es la expulsión de quienes asaltaron nuestra frontera ilegalmente) tuvo lugar el 1 de septiembre. 33 días después. El detonante de los actuales decretos-leyes fue el desahucio de la tal Maricarmen (la crisis de la vivienda –que es lo que de verdad justifica la aprobación de una ley– lleva años enquistada). Pues bien, el desahucio se produjo el miércoles 23 de septiembre y el Gobierno aprobó ayer, martes 29, no uno, sino dos decretos-leyes (uno con posibilidades de convalidarse, si los socialdemócratas de Junts y la ultraizquierda de Podemos lo apoyan –el socialdemócrata PNV ya está dando palmas–, y otro con muchas menos, simplemente para contentar a la facción comunista del Gobierno). O sea, 6 días después de un hecho que, por sí solo, jamás debería justificar que el Gobierno arrebate el poder legislativo a su legítimo dueño (el Parlamento). Pero en esta España de socialismo, demagogia y populismo, nos hemos acostumbrado a todo (con la aquiescencia del TC más servil de la Democracia).