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Las medidas de vivienda que propone el PP van, en líneas generales, por muy buen camino. Por fin se aborda el principal problema del mercado inmobiliario español: la insuficiencia de oferta, especialmente donde se concentra la demanda. El objetivo de construir un millón de viviendas viene acompañado de medidas concretas: nueva Ley del Suelo, licencias en tres meses con silencio positivo, movilización de suelo público y privado, cambios de uso de oficinas y locales, mayor densidad y edificabilidad, simplificación urbanística e impulso a la construcción industrializada. También se contemplan instrumentos de financiación para urbanizar suelo y formar trabajadores. Además, propone derogar la Ley de Vivienda y eliminar los controles de precios del alquiler, recuperando seguridad jurídica. Es mucho más razonable incentivar la oferta y los contratos de larga duración que seguir interviniendo los precios de un mercado con escasez de viviendas. Las rebajas fiscales, los avales y las ayudas a la compra requieren más cautela: si no aumenta la oferta, parte de sus beneficios puede terminar trasladándose a los precios. Pero lo verdaderamente importante es el cambio de enfoque. La vivienda no va a ser más asequible por multiplicar las prohibiciones, sino por permitir que se construyan muchas más viviendas allí donde hacen falta. Ahora habrá que convertir los compromisos en resultados. Pero el diagnóstico y buena parte de las soluciones apuntan en la dirección correcta.

A Pedro Sánchez parece que se le olvidan dos pequeños detalles: 1. Que quien lleva gobernando España desde 2018 es Pedro Sánchez. 2.Que la Fiscalía Europea, con el apoyo de la UCO, investiga un posible fraude de casi 200 millones de euros destinados precisamente a modernizar los sistemas de seguridad de la línea donde se produjo el accidente de Urda. Quizás antes de advertirnos de lo que podrían hacer otros debería explicar qué ha sucedido bajo su Gobierno.