Chabeli De La Espriella🇨🇴🇨🇴 y derechitaaaaa

LEY ANTICAPUCHOS: ¡SE LES ACABÓ EL CARNAVAL A LOS REVOLUCIONARIOS DE ROSTRO TÍMIDO! ADVERTENCIA: TEXTO LARGO. NO APTO PARA MAMERTOS CON ALERGIA A LA CONSTITUCIÓN, CAPUCHOS CON CRISIS DE IDENTIDAD NI REVOLUCIONARIOS QUE CONFUNDEN LOS DERECHOS HUMANOS CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE UNA MOLOTOV. ¡Qué espectáculo tan conmovedor! Apenas se habla de una ley para sancionar a quienes se esconden detrás de una capucha para cometer delitos durante las manifestaciones, y cierta izquierda empieza a sufrir convulsiones democráticas. Les preocupa tanto la libertad de expresión que pareciera que, sin un ladrillo en la mano y una estación de transporte ardiendo, se les dificulta comunicar sus ideas. ¡Pobrecitos! Toda una tragedia humanitaria. Imagínense tener que protestar sin incendiar nada. ¡Qué atropello contra las tradiciones revolucionarias! Ahora resulta que exigir responsabilidad penal por destruir bienes, atacar policías o poner en peligro a otros ciudadanos es criminalizar la protesta. ¡Qué maravilla de razonamiento! Con esa lógica, el atracador no roba: realiza una redistribución espontánea de la riqueza. El pirómano no incendia: desarrolla una propuesta alternativa de iluminación urbana. Y el encapuchado que destruye una estación de TransMilenio no es un vándalo: es un urbanista incomprendido con dificultades para tramitar licencias de demolición. ¡Denles un premio Nobel de Estupidez Aplicada! El argumento favorito de algunos opositores es que la capucha protege la identidad del manifestante. Y puede ser cierto. Hay razones legítimas para cubrirse el rostro. Pero una cosa es proteger la identidad y otra pretender que el anonimato funcione como inmunidad penal. Porque, queridos revolucionarios de catálogo, el problema no es que se tapen la cara; el problema es lo que algunos hacen mientras creen que nadie puede identificarlos. Después viene la joya intelectual: «La ley vulnera el derecho a la protesta». ¡Por favor! El artículo 37 de la Constitución garantiza la manifestación pública y pacífica. PACÍFICA. Esa palabrita que algunos parecen leer como si estuviera escrita en arameo antiguo. No dice que puedan incendiar una motocicleta policial, destrozar un negocio familiar o convertir las universidades públicas en sucursales de una fábrica clandestina de explosivos. Y aparece el mamerto de turno, con la solemnidad de un magistrado y la comprensión jurídica de una papa cocida, a explicar que todo es culpa de la represión estatal. ¡Claro! Porque en su maravilloso universo ideológico, si un encapuchado lanza una bomba incendiaria, la víctima es el encapuchado. Si un comerciante pierde su negocio, el verdadero drama es que el agresor pueda terminar identificado. Y si un policía resulta herido, seguramente fue porque tuvo la imprudencia de atravesarse en la trayectoria del ladrillo. Lo más divertido es que algunos de estos defensores de la revolución anónima exigen transparencia absoluta al Estado, identificación de cada policía, cámaras, placas, nombres y apellidos. Pero cuando se trata de identificar al que destruye, de repente descubren las maravillas de la privacidad. ¡Qué belleza! Transparencia para el uniforme, anonimato para el que le prende fuego. Eso sí, tampoco vamos a permitir que una buena intención legislativa termine convertida en un esperpento jurídico. La ley debe describir claramente las conductas sancionables, exigir pruebas, respetar el debido proceso y castigar hechos, no apariencias. Porque una norma mal redactada es el mejor regalo que puede recibir quien pretende tumbarla ante la Corte Constitucional. Y aquí está la diferencia que tanto les cuesta entender: defender la protesta es defender al ciudadano que marcha pacíficamente, no al delincuente que utiliza la multitud como escondite. La verdadera víctima del vandalismo no es el encapuchado al que identifican. Es el comerciante que encuentra su negocio destruido, el trabajador que no puede regresar a casa y el ciudadano que termina pagando con sus impuestos la reconstrucción de lo que otros decidieron convertir en cenizas. Así que pueden seguir llorando, redactando manifiestos y organizando simposios sobre los derechos fundamentales del ladrillo volador. Pero hay una realidad jurídica bastante incómoda: la protesta no convierte un delito en derecho, la ideología no concede inmunidad y la capucha no debería funcionar como salvoconducto penal. Y si a alguno le preocupa tanto que una ley permita identificar a quienes cometen delitos, quizá debería revisar sus argumentos. Porque cuando la defensa de la libertad termina concentrada exclusivamente en proteger el anonimato del agresor, uno empieza a sospechar que la preocupación no es precisamente la democracia. En Colombia necesitamos manifestantes con garantías, policías sometidos a la ley y delincuentes respondiendo ante la justicia. Lo demás es maquillaje ideológico para vender vandalismo como participación ciudadana. Y recuerden, mis queridos revolucionarios de rostro reservado: Marx escribió El capital, no El manual del capucho para incendiar la ciudad y después declararse perseguido político. ¡Aunque viendo algunos argumentos, sospecho que tampoco leyeron el primero!