Luis Ancelmo Toro Morales

La JEP se ha convertido en el escenario donde los responsables de crímenes atroces encuentran la manera de esquivar la confrontación con la verdad y con sus víctimas. Sandra Ramírez llegó al Senado gracias al Acuerdo de La Habana, pese a que este fue rechazado en el plebiscito. Después de ocho años en una curul obtenida por ese pacto, ahora pretende rendir por escrito su versión libre, alegando estigmatización y razones de seguridad para no comparecer presencialmente ante el tribunal que ella misma ayudó a diseñar. Pero aquí lo verdaderamente grave son las víctimas. Ellas quieren mirar de frente a quienes reclutaron menores, las sometieron a la violencia y destruyeron sus vidas. Quieren preguntar, confrontar y escuchar la verdad sin intermediarios. Sin embargo, la JEP parece facilitar que los responsables se parapeten detrás de documentos y eviten dar la cara. La justicia no puede convertirse en un refugio para quienes deben responder por crímenes atroces. Las garantías de los comparecientes no pueden terminar anulando el derecho de las víctimas a una verdad presencial, completa y sin evasivas. La magistrada Lily Rueda tiene la decisión en sus manos. Aceptar esta solicitud sería enviar un mensaje devastador a quienes llevan años esperando justicia. Las víctimas quieren que los victimarios den la cara. El país está observando. @DeisyDorelly nitter.cf/DeisyDorelly

La JEP anuncia imputaciones con bombos y platillos, pero la levedad de sus sanciones contrasta con la gravedad de los crímenes de lesa humanidad que juzga. Pintar un mural o sembrar árboles parecen actividades más lúdicas que restaurativas. Detrás de los titulares rimbombantes quedan penas que no guardan proporción con el daño causado y terminan siendo una afrenta para las víctimas.

A propósito de la entrevista de Santos en @elpais_espana conviene recordar el pecado original de la justicia que creó: encontrar, como sea, culpables entre los militares para justificar su participación ante la JEP y equipararlos con las FARC. Pero no se equivoque, presidente: no vamos a permitir que el honor de quienes defendieron a Colombia sea el precio que el país tenga que pagar por su Premio Nobel de Paz.