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Abogado penalista en Páez Martín Abogados | Defensor por convicción | En este espacio escribo sobre derecho procesal y casación penal.

Bogotá, D.C., Colombia
Joined December 2010
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Varias precisiones. 1. Como apoderado interpuse una denuncia contra unas personas que hicieron unas declaraciones contra una empresa y que publicaron en @Casa_Macondo. 2. Desde la misma querella dejamos en claro que no se dirigía ni contra el medio ni contra el periodista.
En CasaMacondo enfrentamos denuncias penales, una orden judicial de censura y ahora una inspección de la @FiscaliaCol a nuestros archivos. Son actuaciones distintas, pero todas comprometen el ejercicio de nuestro oficio. Investigamos al poder porque podemos. Seguiremos haciéndolo. No tenemos miedo.
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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA PERSECUCIÓN PENAL Existen dos principios que orientan la persecución penal y cuya adopción, o incluso coexistencia, depende de la política criminal de cada Estado. Me refiero al principio de legalidad y a su antagonista, el principio de oportunidad. El principio de legalidad supone que, ante un comportamiento que reúna las características de una conducta delictiva, el titular de la acción penal, llámese Ministerio Público o Fiscalía General de la Nación, debe iniciar y mantener la persecución penal, sin que pueda renunciar a ella, suspenderla o interrumpirla por razones de conveniencia. Por el contrario, el principio de oportunidad permite al titular de la acción penal, pese a encontrarse frente a un comportamiento delictivo, abstenerse de iniciar la persecución o, habiéndola iniciado, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella. Este último principio puede ser discrecional, cuando el legislador reconoce un margen de libertad para decidir sobre su aplicación, o reglado, cuando establece expresamente las causales que autorizan acudir a dicho instrumento, como ocurre en Colombia. Ahora bien, la doctrina ha identificado distintos fundamentos del principio de legalidad. Uno de ellos es el principio de igualdad, pues si todos los ciudadanos deben recibir el mismo tratamiento ante la ley, no resultaría admisible que la Fiscalía pudiera decidir libremente a quién perseguir penalmente y a quién no. Ello podría dar lugar a decisiones discriminatorias, por ejemplo, cuando se persigue a una persona por su condición de pobreza, mientras se deja de investigar a otra por su posición económica o ideología política. A este fundamento se suma otro que, según señala Roxin, vincula el principio de legalidad con la teoría retributiva de la pena, conforme a la cual todo delito debe ser sancionado como una exigencia de justicia. Sin embargo, en la práctica se presenta un problema que ha llevado a la doctrina a reclamar un mayor desarrollo y aplicación del principio de oportunidad. Aunque formalmente se consagre el principio de legalidad como regla general, los sistemas de justicia penal terminan realizando una selección de los delitos que efectivamente son investigados y perseguidos. En ocasiones, esa selección depende de la actividad de los apoderados de las víctimas, de su capacidad para aportar elementos materiales probatorios o de la relevancia mediática y gravedad de determinados hechos. Mientras algunos procesos reciben un importante impulso investigativo, otros permanecen sin avances significativos. Esta situación también responde a un problema estructural. Por una parte, existe una inflación punitiva derivada de la constante creación de nuevos tipos penales. Por otra, los sistemas de justicia, incluso en países como Estados Unidos, carecen de suficientes fiscales, investigadores y recursos económicos para perseguir la totalidad de las conductas delictivas. De ahí que la doctrina haya cuestionado la posibilidad real de aplicar el principio de legalidad en términos absolutos y haya insistido en la importancia del principio de oportunidad. Pero el punto que quiero destacar es otro: en la práctica termina produciéndose una aplicación de hecho del principio de oportunidad, sin acudir a las causales legales previstas para su ejercicio. Esto resulta particularmente relevante en Colombia, donde el principio de oportunidad es reglado. Mientras el legislador establece los eventos en los cuales la Fiscalía puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en la práctica se seleccionan los asuntos que reciben una persecución efectiva, según los recursos disponibles, la sobrecarga de trabajo y el interés que despiertan determinados procesos. Los demás, sencillamente, no son objeto de una persecución penal efectiva. En consecuencia, aunque formalmente se proclame el principio de legalidad, materialmente se seleccionan los delitos que son objeto de persecución penal, sin los criterios ni los controles propios del principio de oportunidad. Aquí surge una contradicción: el principio de legalidad pretende garantizar la igualdad mediante la obligación de perseguir todos los delitos, pero la imposibilidad material de cumplir ese mandato termina generando una selección informal que puede comprometer precisamente la igualdad que busca proteger. Por ello, considero necesario un mayor desarrollo del principio de oportunidad, de manera que esa selección, que en la práctica ya existe, responda a criterios legales, objetivos y sometidos a control, y no simplemente a las limitaciones económicas y operativas del sistema de justicia penal.
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EL PRINCIPIO DISPOSITIVO EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL En una audiencia de incidente de reparación integral habían sido convocados tanto el declarado penalmente responsable como varios terceros que eran entidades del Estado. Durante la diligencia, la apoderada judicial de la incidentante, una señora de la tercera edad, manifestó que su representada le había entregado un memorial en el que expresaba su voluntad inequívoca de desistir de las pretensiones formuladas contra los terceros convocados al incidente y mantenerlas única y exclusivamente frente al declarado penalmente responsable. Ante esa manifestación, el Ministerio Público sostuvo que, por tratarse de una persona de la tercera edad y ante la existencia de eventuales fórmulas de arreglo, no resultaba conveniente aceptar el desistimiento. Aunque no lo expresó en esos términos, ese fue, en esencia, el sentido de su intervención. Por su parte, el juez manifestó que no encontraba utilidad en aceptar el desistimiento, pues, en cualquier caso, el trámite debía continuar respecto de los demás intervinientes. Fue entonces cuando solicité el uso de la palabra para exponer algunas consideraciones sobre la naturaleza del incidente de reparación integral y el principio que gobierna este procedimiento. En primer lugar, señalé que el incidente de reparación integral constituye, en esencia, un proceso de responsabilidad civil extracontractual que se adelanta conforme a la ritualidad prevista en la Ley 906 de 2004. Por consiguiente, aunque su trámite se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Penal, su objeto ya no corresponde al ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, sino a una controversia de naturaleza civil, relacionada con la reparación de los daños ocasionados con la conducta punible. Esta precisión resulta importante porque permite comprender que el incidente de reparación integral se encuentra gobernado por el principio dispositivo, propio del derecho procesal civil. El fundamento de esta afirmación puede encontrarse, inicialmente, en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, que condiciona la iniciación del incidente, una vez en firme la sentencia condenatoria, a la solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, en los términos previstos por esa disposición. Esa exigencia de una solicitud expresa constituye una manifestación del conocido aforismo latino nemo iudex sine actore: no hay juicio sin actor. Se trata de un postulado que expresa una de las características esenciales del principio dispositivo: la iniciativa del proceso corresponde a los sujetos legitimados para promoverlo y no al juez. Pero el principio dispositivo no se agota en la iniciativa procesal. También comprende la facultad que tienen los sujetos del proceso para disponer de sus pretensiones y de determinados actos procesales. Así, el sujeto activo de la pretensión puede desistir de ella; el sujeto pasivo puede allanarse; y ambos pueden, mediante una transacción, poner fin a la controversia. Este principio encuentra igualmente sustento en el artículo 8 del Código General del Proceso, conforme al cual los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo aquellos que la ley autorice promover de oficio (principio inquisitivo). De esta manera, si el incidente de reparación integral tiene por objeto resolver una controversia de naturaleza patrimonial y privada, relacionada con la reparación de los perjuicios causados por el delito, resulta necesario reconocer que la voluntad de quien formula la pretensión ocupa un lugar central en su desarrollo. Bajo esa lógica, cuando el incidentante manifiesta su decisión de retirar las pretensiones formuladas contra uno, varios o todos los convocados al incidente de reparación integral, está ejerciendo una facultad de disposición sobre el objeto del proceso. En consecuencia, esa manifestación de voluntad no puede quedar supeditada a la conveniencia que, desde su particular perspectiva, adviertan el juez o el Ministerio Público. La decisión de mantener o retirar una pretensión de contenido patrimonial corresponde, en principio, a su titular, precisamente porque se trata de un interés particular del cual puede disponer. Desde esa perspectiva, sostuve que la manifestación inequívoca del incidentante resulta suficiente para expresar su decisión de no continuar reclamando la reparación frente a determinados convocados, sin que la voluntad del juez pueda sustituir la del titular de la pretensión. En este caso, la incidentante no pretendía dar por terminado todo el procedimiento. Su voluntad consistía en mantener la reclamación contra el declarado penalmente responsable y retirarla únicamente respecto de los terceros convocados. Por tanto, la continuación del incidente frente a aquel no constituía una razón para desconocer el desistimiento manifestado respecto de estos. En definitiva, si en virtud del principio dispositivo la iniciación del incidente de reparación integral depende de la solicitud de los sujetos legitimados, también la subsistencia de las pretensiones de contenido privado depende, dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico, de la voluntad de quien las formula. Ello, desde luego, sin perjuicio de las facultades de dirección e impulso procesal que corresponden al juez, las cuales no pueden confundirse con la potestad de disponer de una pretensión cuya titularidad pertenece a la víctima.
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Está impresa la 5ta Edición.
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¿PUEDE EL APODERADO DE UNA VÍCTIMA COMETER FRAUDE PROCESAL POR OCULTAR EVIDENCIA QUE DEMUESTRA LA ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA INVESTIGADA? Un abogado conoce evidencia que demuestra que los hechos investigados no ocurrieron como fueron presentados por la Fiscalía y que, conforme a su verdadera ocurrencia, la conducta resulta atípica. Sin embargo, decide ocultarla durante actuaciones procesales relevantes. ¿Puede esa omisión constituir un medio fraudulento en los términos del artículo 453 del Código Penal?
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LA UBICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES Y SU IMPORTANCIA EN LA CASACIÓN Uno de los temas que todo abogado debe conocer es el relacionado con las fuentes del derecho procesal, pues su estudio permite comprender, entre otros aspectos, dónde encontramos las normas procesales y cómo podemos identificar su naturaleza. Aunque inicialmente pudiera parecer un asunto meramente académico, tiene una enorme importancia práctica. Pensemos, por ejemplo, en el recurso extraordinario de casación penal, donde en determinadas ocasiones resulta necesario establecer si una norma es de naturaleza procesal o sustancial para escoger correctamente la causal por la cual se formulará un cargo. Pero avancemos por partes. Cuando hablamos de las fuentes del derecho procesal nos referimos, en términos sencillos, al origen de las normas procesales y a los instrumentos jurídicos en los cuales las encontramos. Ahora bien, dentro del estudio de estas fuentes hay un aspecto que merece especial atención: la ubicación de las normas procesales. ¿Dónde encontramos esas normas? La primera respuesta que podemos ofrecer es que las encontramos en los códigos de procedimiento. Y, desde luego, esa respuesta es correcta, pues precisamente estos cuerpos normativos tienen como finalidad regular el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Sin embargo, debemos tener presente que no todas las normas procesales están necesariamente contenidas en los códigos de procedimiento. También podemos encontrarlas en cuerpos normativos sustantivos. De allí surge una pregunta fundamental: ¿qué determina que una norma sea procesal o sustancial? La respuesta es sencilla: no es su ubicación, sino su contenido. La doctrina enseña que las normas sustanciales son aquellas que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas sustanciales. Por su parte, las normas procesales son aquellas que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. En ese sentido, tendrán naturaleza procesal las disposiciones que determinen qué autoridad es competente para conocer de un conflicto con relevancia jurídica, cuáles son los actos procesales que integran un determinado procedimiento, qué garantías les asisten a los sujetos que intervienen en él y, en general, todas aquellas que regulen aspectos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional. Por consiguiente, para identificar la naturaleza de una disposición no basta con establecer en qué código se encuentra ubicada. Es necesario examinar su contenido y determinar qué materia regula. ¿Y por qué es importante conocer esta distinción? Un ámbito en el cual cobra relevancia, lo es a la hora de abordar el recurso extraordinario de casación. Existen dos errores susceptibles de ser alegados ante la Corte Suprema de Justicia. Los errores de juicio y los errores de actividad. Los primeros implican yerros que involucran normas sustantivas. Los segundos, lesionan normas de naturaleza procesal. ¿La norma que regula la prescripción es norma sustantiva o procesal? ¿El artículo 448 de la ley 906 de 2004 es norma sustantiva o procesal? La respuesta es necesaria porque en principio, ello tiene incidencia a la hora de seleccionar la causal de casación. Si estamos frente a una norma procesal que fue desconocida por el fallador, la causal a seleccionar sería la segunda. En consecuencia, como podemos observar, el estudio de la ubicación de las normas procesales no es un asunto exclusivamente teórico. Tiene consecuencias prácticas que pueden resultar determinantes en el ejercicio profesional y, particularmente, en la técnica de la casación penal. En definitiva, la naturaleza de una norma no la determina el código en el que se encuentra ubicada, sino su contenido.
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Replying to @kikeacosta14
Se debería dejar de enseñar aquello de sistema de partes, roles de partes e intervinientes, imparcialidad y neutralidad de la Supraparte. Creo que este no es el camino para convalidar el SILENCIO de la representación de víctimas ante la intervención del MP.
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«En el sistema acusatorio colombiano rige el principio de legalidad, no el principio dispositivo» José Joaquín Urbano 🧵 1. En la decisión de radicado 157755, del 15 de septiembre de 2026, con ponencia del Dr. José Joaquín Urbano Martínez, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió una acción de tutela presentada por una empresa que tenía la condición de víctima dentro de un proceso penal. En esa decisión, la Corte indicó: «En el sistema acusatorio colombiano rige el principio de legalidad, no el principio dispositivo». Al respecto, quiero analizar esa afirmación. Considero que no es acertada. Es cierto que en nuestro sistema rige el principio de legalidad, pero también lo es que en el proceso penal está presente el principio dispositivo. Las razones son las siguientes. En primer lugar, el artículo 250 de la Constitución consagra el principio de legalidad cuando señala que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, cuando lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio. Cuando la norma establece que la Fiscalía está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal, hace referencia al principio de legalidad. Pero, al mismo tiempo, como la titularidad y dirección de la acción penal corresponden a un órgano estatal —la Fiscalía— y no a un órgano jurisdiccional, también está presente el principio de oficialidad. Que el principio de legalidad haya sido adoptado no significa que el principio dispositivo no exista en el proceso penal. Veamos por qué está presente en la Ley 906 de 2004. El principio dispositivo está integrado por una serie de subprincipios. En esencia, establece que la iniciativa del proceso corresponde a las partes y no al juez. Además, les atribuye a los sujetos procesales la posibilidad de realizar y disponer de determinados actos del proceso. Esto se expresa en los aforismos ne procedat iudex ex officio y nemo iudex sine actore: no hay jurisdicción sin acción, y la iniciativa corresponde a los interesados.
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3. La esencia del principio dispositivo consiste en que la iniciativa del proceso corresponde a las partes y en que estas pueden disponer de ciertos actos procesales. Ahora bien, que esos sean los postulados del principio no significa que la Ley 906 lo haya adoptado de manera total. En este aspecto medular, el principio dispositivo convive con el principio de legalidad. El principio de legalidad señala que la Fiscalía está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a investigar los hechos que revistan las características de un delito. Esto implica que no puede disponer libremente de la acción penal. Por ejemplo, si considera que no hay mérito para acusar, debe solicitar la preclusión. Esa solicitud no constituye una disposición de la acción penal: puede fundarse, entre otras razones, en la muerte del imputado, la prescripción de la acción penal o la configuración de una causal de ausencia de responsabilidad. Lo que sí constituye una forma de disposición de los actos procesales, propia del principio dispositivo, es que el sujeto activo de la pretensión pueda desistir de ella. La Fiscalía no puede hacerlo por razón del principio de legalidad: no puede retirar la imputación ni la acusación. Por eso la Corte ha señalado que la petición de absolución de la Fiscalía no es vinculante para los jueces. Admitir lo contrario significaría aceptar que la Fiscalía puede disponer de la acción penal, facultad que el principio de legalidad no le permite. Por otro lado, el sujeto pasivo de la pretensión punitiva, es decir, el procesado, puede disponer de los actos procesales allanándose a los cargos. Esto se manifiesta en el proceso penal mediante la figura de la aceptación de cargos. Que la aceptación de cargos esté sometida al control de los jueces no afecta el hecho de que constituye un acto de disposición del proceso. Si habláramos en estricto sentido del principio de legalidad, quien cometiera un delito debería ser sancionado con la pena prevista en los tipos penales, no con rebajas de pena, figura propia del sistema de justicia premial. El allanamiento es una muestra de disposición de los actos procesales sometida a control; una cosa no elimina la otra. La teoría general del proceso también indica que el sujeto activo y el sujeto pasivo de la pretensión punitiva pueden disponer de los actos procesales mediante la figura de la transacción. En el proceso penal encontramos una figura que, guardadas las diferencias, presenta similitudes con aquella: el preacuerdo.
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4. Si habláramos de un principio de legalidad en sentido estricto, insisto, a quien comete un delito debería imponérsele la sanción que corresponda, de acuerdo con la teoría absoluta de la pena, ligada a ese principio. Sin embargo, cuando se celebra un preacuerdo, se dispone de los actos procesales. El preacuerdo implica un acto de disposición sometido a control y, a la vez, un acto de disposición del proceso, porque no se agota la totalidad de sus actos procesales. Por eso considero que no es cierto que el principio dispositivo no se adopte en nuestro sistema. Sí se adopta. Lo que sucede es que, en un aspecto medular de ese principio —la disposición por parte del sujeto activo de la pretensión punitiva, es decir, de la Fiscalía—, esta posibilidad está vedada por el principio de legalidad. La mayoría de los otros supuestos que menciona la Corte en la decisión —por ejemplo, el archivo— no implican disposición de la acción penal. Tanto es así que la Corte Constitucional, en la sentencia C-854 de 2005, señaló que el archivo no constituye un acto de disposición de la acción penal. En consecuencia, considero que, contrario a lo señalado en la decisión, en nuestro sistema sí está presente el principio dispositivo.
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Muy bien por esos ciudadanos que no dejaron que mataran a la víctima. Pero ahora hace falta la protección por parte del Estado. Por experiencia, les digo que aun en la cárcel, les persiste la idea de consumar el delito.
A esta hora en el colegio hogar del niño joven iba a matar con un arma blanca a su expareja al parecer por celos los padres de familia que estaban presente reaccionaron y lo derribaron y le dieron su respectiva paloterapia sn más .. por averiguar
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¿La jurisdicción es un principio? Leí una decisión de una de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Aunque sus fundamentos que me parecieron muy sólidos, me llamó la atención un concepto: la providencia se refirió al «principio de jurisdicción» aunque más adelante, empleó correctamente la expresión «función jurisdiccional». Cuando hablamos de jurisdicción, podemos remitirnos al derecho constitucional y a la separación del poder público en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Los jueces cumplen una función esencial del Estado, expresión de la soberanía: la función jurisdiccional, que por excelencia les ha sido asignada. ¿Qué significa, entonces, que los jueces cumplan esa función? La doctrina precisa que la jurisdicción no es un poder, sino una función. Si se entendiera como un poder, se hablaría de una facultad o potestad cuyo titular podría ejercer o no. En cambio, la función jurisdiccional es un deber insoslayable. Por eso, considero que no es adecuado hablar del principio de jurisdicción. Si lo hiciéramos, tendríamos que acudir a la conocida definición de Robert Alexy, según la cual los principios son mandatos de optimización que deben realizarse en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. Esa idea riñe con una característica propia de la función jurisdiccional: su ejercicio es un deber permanente e insoslayable. La jurisdicción debe ejercerse siempre. Además, está vinculada con un derecho fundamental: el acceso a la administración de justicia. Todos los ciudadanos tenemos derecho a acudir a los jueces para que resuelvan nuestros conflictos. Ese es el derecho de acción. Si la jurisdicción fuera un principio entendido como mandato de optimización, podría concluirse que, en ciertas circunstancias, su ejercicio depende de las posibilidades fácticas y jurídicas. Pero eso podría llevar a admitir que, en algunos casos, no se cumpla la función jurisdiccional y se afecte el derecho de acceso a la administración de justicia. En síntesis, la jurisdicción no es un principio: es una función estatal.
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La entrevista al testigo y el derecho de contradicción En el proceso penal colombiano, las entrevistas que descubre la Fiscalía cumplen un papel importante para el ejercicio efectivo del derecho de contradicción y de defensa. ¿Por qué lo afirmo? En el procedimiento ordinario, cuando la Fiscalía formula la acusación, descubre los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información que pretende hacer valer en el juicio. Desde ese momento, la defensa puede conocer los elementos con los que cuenta la parte acusadora y, hasta la audiencia preparatoria, adelantar actos de investigación para obtener los elementos de juicio que considere necesarios para controvertirlos. Esos actos de investigación pueden desarrollarse de manera adecuada cuando la defensa conoce el contenido de la evidencia descubierta. Así ocurre, por ejemplo, con la prueba documental: si la Fiscalía descubre un contrato, una escritura pública o una carta, la defensa puede acceder a su contenido y analizarlo. Algo similar sucede con un video. En el caso de los testigos, ese conocimiento puede obtenerse a través de las entrevistas que la Fiscalía haya realizado y descubierto. Es necesario precisar que la ley no obliga a la Fiscalía a entrevistar a todos sus testigos. Sin embargo, a partir de una interpretación armónica de las reglas procesales y de principios como la contradicción y la igualdad de armas, las entrevistas que existen y se descubren cumplen una función relevante: permiten que la defensa conozca, con anticipación, qué saben los futuros testigos de cargo acerca de los hechos objeto del proceso. ¿Qué ocurre, entonces, cuando la Fiscalía descubre testigos que no han sido entrevistados? ¿O cuando se trata de personas cuyo testimonio fue descubierto por el ente acusador a solicitud del apoderado (a) de víctimas y se anuncian sin aportar entrevistas? En esos casos, la defensa debe procurar entrevistar a esos testigos. El propósito es conocer qué información poseen sobre los hechos y establecer si, a partir de ella, resulta necesario ajustar la estrategia defensiva o adelantar nuevas actividades de investigación. Estas podrían permitir obtener elementos que luego se descubran, enuncien y soliciten como pruebas en la audiencia preparatoria. Podría sostenerse que la ausencia de una entrevista no afecta el derecho de contradicción porque, durante el juicio oral, la defensa podrá contrainterrogar al testigo. Es cierto que el contrainterrogatorio es una expresión fundamental del derecho de defensa. Pero no es la única. La defensa no tiene por qué limitar su preparación a esa herramienta cuando, durante la etapa de descubrimiento, puede realizar actos de investigación dirigidos a conocer qué información aportará el testigo y a preparar una controversia efectiva. Ni el acusado ni su defensor están obligados a conformarse con un contrainterrogatorio cuando el derecho de contradicción representa una amplia garantía para el procesado. Por eso, cuando se descubre un testigo sin entrevista, la defensa debe procurar realizar actos de investigación encaminados a entrevistarlo. Así podrá conocer su versión, valorar su alcance y determinar, con tiempo suficiente, qué necesita para controvertirla de manera efectiva en el juicio.
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Teoría General del Proceso. Y un muy claro ejemplo de cómo los Jueces y Tribunales en este caso, van incorporando criterios subjetivos e indeterminados -morales-, cuando no les sirven los claros mandatos legales. -6 meses: Plazo cierto -Plazo razonable: 🤔🤔🤔
Analicemos la posición de la Sala de Extinción de Dominio a partir de algunos conceptos de la teoría general del proceso La doctrina enseña que el derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas que regula el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Recordemos que esta es una de las tres funciones esenciales del poder público, junto con la ejecutiva y la legislativa. El derecho procesal no solo regula la función jurisdiccional —esto es, la facultad de dirimir controversias con relevancia jurídica y adoptar una decisión—, sino que también determina el método para resolverlas y establece las garantías y los deberes que corresponden a los sujetos procesales. Al considerar que el derecho procesal está integrado por las normas que regulan el ejercicio de esa función, debemos detenernos en uno de sus conceptos fundamentales: las fuentes del derecho procesal. La doctrina suele señalar que su fuente principal es la ley en sentido amplio, que comprende la Constitución, los tratados internacionales y la ley en sentido estricto. Entre los aspectos relevantes de las normas procesales están su carácter de orden público, su ubicación y su ámbito de aplicación. Para este análisis interesa, en particular, su carácter de orden público. Cuando afirmamos que una norma procesal es de orden público, hacemos referencia a que expresa el poder soberano del Estado para regular la solución de las controversias jurídicas que surgen entre los asociados. Por esa razón, estas normas son de obligatorio cumplimiento y, como regla general, no pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas por los sujetos procesales ni por los jueces. Así lo dispone el artículo 13 del Código General del Proceso, al establecer el carácter obligatorio de las normas procesales y prohibir que sean derogadas, modificadas o sustituidas por funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. Esa regla se explica, precisamente, por la naturaleza pública de estas normas: son expresión de la soberanía estatal y de la distribución de funciones entre las ramas del poder público. Una es la función legislativa; otra, la ejecutiva; y otra, la jurisdiccional. El carácter de orden público también se explica por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. Las normas procesales determinan quién es la autoridad competente para resolver una controversia y cuál es el procedimiento que debe seguirse para hacerlo. El legislador establece esas reglas y los jueces las aplican. Esa distribución de funciones contribuye a preservar la seguridad jurídica. Otro aspecto que debemos considerar es la ubicación de las normas procesales. Una norma no es procesal simplemente porque esté incluida en un código adjetivo: su naturaleza depende de su contenido. Son sustantivas, por ejemplo, las normas que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas; son procesales las que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional. Si examinamos el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014, advertimos que se trata de una norma procesal, no por el lugar en que está ubicada, sino porque regula medidas cautelares. Estas son instrumentos dirigidos a garantizar la efectividad de las normas sustantivas. Por tanto, más allá de su ubicación, el artículo 89 tiene naturaleza procesal. De ello se sigue que, por regla general, la norma está sometida al carácter de orden público propio de las disposiciones procesales y no puede ser modificada, derogada o sustituida por los jueces. En este caso, el artículo 89 establece que las medidas cautelares previas a la demanda no pueden extenderse por más de seis meses. A mi juicio, la disposición es clara en ese punto. Por eso, cuando los jueces de extinción de dominio sostienen que el vencimiento del término no conduce automáticamente al levantamiento de las medidas cautelares y que debe aplicarse el criterio del plazo razonable, no se limitan a interpretar la norma: introducen una regla que modifica su alcance. Esa modificación es, precisamente, la que prohíbe el artículo 13 del Código General del Proceso, por las razones que acabo de explicar. En conclusión, considero que esa interpretación desconoce las normas procesales y, con ello, vulnera el ordenamiento jurídico.
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Analicemos la posición de la Sala de Extinción de Dominio a partir de algunos conceptos de la teoría general del proceso La doctrina enseña que el derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas que regula el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Recordemos que esta es una de las tres funciones esenciales del poder público, junto con la ejecutiva y la legislativa. El derecho procesal no solo regula la función jurisdiccional —esto es, la facultad de dirimir controversias con relevancia jurídica y adoptar una decisión—, sino que también determina el método para resolverlas y establece las garantías y los deberes que corresponden a los sujetos procesales. Al considerar que el derecho procesal está integrado por las normas que regulan el ejercicio de esa función, debemos detenernos en uno de sus conceptos fundamentales: las fuentes del derecho procesal. La doctrina suele señalar que su fuente principal es la ley en sentido amplio, que comprende la Constitución, los tratados internacionales y la ley en sentido estricto. Entre los aspectos relevantes de las normas procesales están su carácter de orden público, su ubicación y su ámbito de aplicación. Para este análisis interesa, en particular, su carácter de orden público. Cuando afirmamos que una norma procesal es de orden público, hacemos referencia a que expresa el poder soberano del Estado para regular la solución de las controversias jurídicas que surgen entre los asociados. Por esa razón, estas normas son de obligatorio cumplimiento y, como regla general, no pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas por los sujetos procesales ni por los jueces. Así lo dispone el artículo 13 del Código General del Proceso, al establecer el carácter obligatorio de las normas procesales y prohibir que sean derogadas, modificadas o sustituidas por funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. Esa regla se explica, precisamente, por la naturaleza pública de estas normas: son expresión de la soberanía estatal y de la distribución de funciones entre las ramas del poder público. Una es la función legislativa; otra, la ejecutiva; y otra, la jurisdiccional. El carácter de orden público también se explica por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. Las normas procesales determinan quién es la autoridad competente para resolver una controversia y cuál es el procedimiento que debe seguirse para hacerlo. El legislador establece esas reglas y los jueces las aplican. Esa distribución de funciones contribuye a preservar la seguridad jurídica. Otro aspecto que debemos considerar es la ubicación de las normas procesales. Una norma no es procesal simplemente porque esté incluida en un código adjetivo: su naturaleza depende de su contenido. Son sustantivas, por ejemplo, las normas que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas; son procesales las que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional. Si examinamos el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014, advertimos que se trata de una norma procesal, no por el lugar en que está ubicada, sino porque regula medidas cautelares. Estas son instrumentos dirigidos a garantizar la efectividad de las normas sustantivas. Por tanto, más allá de su ubicación, el artículo 89 tiene naturaleza procesal. De ello se sigue que, por regla general, la norma está sometida al carácter de orden público propio de las disposiciones procesales y no puede ser modificada, derogada o sustituida por los jueces. En este caso, el artículo 89 establece que las medidas cautelares previas a la demanda no pueden extenderse por más de seis meses. A mi juicio, la disposición es clara en ese punto. Por eso, cuando los jueces de extinción de dominio sostienen que el vencimiento del término no conduce automáticamente al levantamiento de las medidas cautelares y que debe aplicarse el criterio del plazo razonable, no se limitan a interpretar la norma: introducen una regla que modifica su alcance. Esa modificación es, precisamente, la que prohíbe el artículo 13 del Código General del Proceso, por las razones que acabo de explicar. En conclusión, considero que esa interpretación desconoce las normas procesales y, con ello, vulnera el ordenamiento jurídico.
La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, señaló que el vencimiento del término de 6 meses previsto en el art. 89 de la Ley 1708 de 2014 no opera de manera automática, y debe analizarse bajo el criterio de plazo razonable. Descarga: bit.ly/3TDIir9
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La Sentencia SP1023-2026 Radicación N° 69039 de absolución por duda porte de municiones, está en consonancia con el excelente concepto del procurador delgado para la casación penal @julcostaduran10 :
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La @CorteSupremaJ vs La @CorteSupremaJ Los HJR "no deben ser extraídos, imaginado o supuestos por la defensa".... No puede darse x sobreentendido un cargo, cuando el mismo no ha sido planteado expresamente x la Fiscalia... Rad 25862 / 45888.
Los HJR ya no deben estar expresamente consignados. Hay que deducirlos. SP893-2026, rad. 61585 — Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Acabo de leer esta decisión, en la que la Sala resolvió un caso relacionado con los delitos de obtención de documento público falso y fraude procesal. La ponencia inicialmente presentada por el magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán fue derrotada. Como se lee en su salvamento de voto, él proponía decretar la nulidad por la deficiencia de los hechos jurídicamente relevantes frente al delito de fraude procesal. En ese punto coincido con su postura. La sentencia me deja preocupado. Con este antecedente, podría entenderse que los fiscales no tienen que preocuparse en lo más mínimo por la debida confección y redacción de los hechos jurídicamente relevantes, pues serán los defensores quienes deban deducir y completar la base fáctica de lo que quiso decir la Fiscalía. Si la Fiscalía afirma que se obtuvo un documento público falso mediante el engaño a un notario, ¿también debe el defensor preguntarse si ese documento fue inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos y entender que de allí se desprende una base fáctica para atribuir fraude procesal? A mi juicio, como podrán leer en el salvamento de voto, los hechos jurídicamente relevantes no solo fueron poco claros: también fueron incompletos respecto del delito de fraude procesal. Por eso, este antecedente me parece extremadamente preocupante. Tanto que por eso lo resaltó en negrilla. La Fiscalía ya ni siquiera tendría que preocuparse por formular unos hechos jurídicamente relevantes que sean claros y completos. Bastaría con exponer algunos datos para que luego los defensores deban deducir y completar aquello que no quedó incluido en la acusación fáctica. Hay más por comentar sobre esta decisión. Pero mañana comparto un texto más detallado.
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