En Chihuahua hicimos lo que ningún otro estado del país se había atrevido a hacer: establecer en nuestra ley que una elección se anula si en ella interviene el crimen organizado, y que no puede competir quien tenga vínculos con la delincuencia. No fue una ocurrencia. Fue una respuesta a lo que hemos visto pasar en México: estados enteros donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana. Donde la gente vota, sí, pero la elección ya estaba decidida por quien tiene las armas. Chihuahua dijo: aquí no. Y lo dijimos juntos. Esa reforma la votaron a favor todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado. Todas, menos Morena. Morena votó en contra. Y cuando no le alcanzaron los votos para frenarla aquí, acudió a la Suprema Corte para pedir que se invalidara. Ese asunto se resuelve mañana martes 29 de septiembre. Está en la lista pública del Pleno: cualquiera puede consultarlo. Lo que está en juego no es un artículo de una ley estatal. Es si un estado de la República puede defender sus elecciones del crimen organizado. Es que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen. Estaremos muy pendientes de lo que resuelva la Corte, porque proteger el voto de los chihuahuenses no es una opción para este gobierno: es una obligación.