José Ochoa-Brito

Doctor @ivansaquicela. Coincido en algo: para opinar en derecho hay que leer la resolución. La leí completa (juicio 17U05-2026-00018, 2 de abril de 2026) y no dice lo que usted le atribuye. 📍 Lo que exige la ley. El art. 534 del COIP pide «elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito» (num. 1) y que la resolución explique «cómo los hechos delictivos que se imputan» se ajustan a un delito (lit. a). La Resolución 14-2021 de la CNJ repite esa exigencia. La Corte IDH, en Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, exige indicios suficientes y hechos específicos que convenzan a un «observador objetivo». Revisar si los hechos se ajustan al tipo imputado no es invadir el fondo: es verificar el fumus comissi delicti, presupuesto de toda medida cautelar (la «sospecha vehemente» de la que habla Roxin). Sin ese presupuesto, como advierte Ferrajoli, la prisión provisional se convierte en pena anticipada. 📍 El delito imputado. La Fiscalía formuló cargos por delincuencia organizada con el propósito de cometer lavado de activos (art. 369, incisos 1 y 3; de 26 a 30 años). Ese propósito es elemento del tipo y es lo que separa a la organización de la simple coautoría. La Convención de Palermo (art. 2) define al grupo estructurado como el «no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito», y la doctrina (Zúñiga Rodríguez; Cancio Meliá y Silva Sánchez) construye sobre esa distinción el injusto de organización. El Tribunal constató que los seis «eventos» presentados por la Fiscalía tratan del desvío de diésel subsidiado, que ningún chat citado alude a aumentos de capital, deudas simuladas o cesiones, y que el único dato de lavado (la cesión de créditos por USD 2,7 millones) llegó sin fechas ni corroboración. 📍 No dijeron que «habría otro delito». En el considerando 2.2, al rechazar la nulidad por non bis in idem, el propio Tribunal estableció que el desvío de combustible ya es objeto del caso Triple A (17U05-2024-00186, arts. 264 y 265 del COIP) y que el único hecho nuevo que sostenía este proceso era el lavado. Usar el desvío para mantener la prisión habría sido perseguir dos veces los mismos hechos (art. 76.7.i CRE; art. 5.9 COIP; sentencia CC 53-20-IN/21). Además, según el art. 264 vigente cuando ocurrieron los hechos, el desvío a gran escala tenía una pena máxima de 5 años, mientras que el art. 369 exige delitos-fin con pena «de más de cinco años». 📍 Extensión no es incompetencia. Usted admite que en apelación «debe analizarse sobre los elementos de convicción, del delito y participación». La discrepancia es, entonces, sobre la extensión del análisis, y esa extensión la exigen el art. 76.7.l de la Constitución («la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho») y la Corte Constitucional en la sentencia 1158-17-EP/21. Las defensas alegaban motivación aparente y falta de individualización, y había que responderles (art. 5.18 COIP). La Constitución sanciona al juez que no motiva; aquí se destituye a tres jueces por motivar. 📍 No hubo prejuzgamiento. La resolución repite 21 veces «a este momento procesal» o «hasta este momento procesal» y aclara que «no estamos juzgando» el lavado. Es un juicio de probabilidad, provisional y revisable (art. 521 COIP). Si preocupa que esos jueces conozcan luego la apelación de la sentencia, el remedio es la excusa o la recusación (art. 572, nums. 6 y 11), que la Fiscalía ya planteó, no la destitución. Con su lógica, todo juez que confirma una prisión al hallar elementos «claros, precisos y justificados» de autoría también estaría anticipando criterio. 📍 No es error inexcusable. El art. 109 del COFJ lo define como un error «obvio e irracional, y por tanto indiscutible», y su art. 109.3 excluye las «diferencias legítimas, e incluso polémicas, en la interpretación o aplicación de disposiciones jurídicas». La Corte Constitucional (3-19-CN/20,) lo reserva para juicios «claramente arbitrarios». En la propia Sala Penal de la CNJ hubo un voto salvado que vio en la resolución una interpretación válida. Lo que un integrante de la CNJ considera válido no es, por definición, indiscutible. 📍 Estándares internacionales. Los jueces «no pueden ser destituidos únicamente debido a que su decisión fue revocada» (Corte IDH, Apitz Barbera vs. Venezuela, un caso de error judicial inexcusable). Es contrario a la Convención destituir jueces por el contenido de sus decisiones, salvo infracciones intencionales o incompetencia comprobada (Ríos Avalos vs. Paraguay). Ecuador ya fue condenado en Quintana Coello y en Camba Campos. Los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura (principio 18) solo admiten la separación por incapacidad o por un comportamiento que inhabilite, y la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Consejo de Europa excluye la responsabilidad del juez por la revocación de su fallo. El art. 123 del COFJ prohíbe usar los reclamos de los litigantes como mecanismo de presión, y aquí denunció la parte que perdió la apelación. Se puede discrepar de la resolución; para eso existen los recursos. Lo que no cabe es convertir una discrepancia jurídica en causal de destitución. Usted lo vivió en 2022, cuando el Consejo de la Judicatura lo suspendió 90 días y una acción de protección le dio la razón. La independencia que lo protegió a usted es la misma que hoy debería proteger a los jueces Velasco, @ByronUzcateguiA Chóez y Uzcátegui. #IndependenciaJudicial #CasoGoleada