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En la Octava TV los habituales porristas del chavismo, Koki y Douglas, dijeron que la carta de recomendación de Laura Virginia para que se contratara a una empresa determinada para proveer de ambulancias al Cuerpo de Bomberos, era algo insignificante y sin ningún efecto penal. Según ellos eso era así porque la ley le da autonomía al INS, y por tanto la recomendación de Laura Virginia no significaba nada en la toma de decisiones de a quién se adjudicaba. Si eso fuera así, no existiría el delito de tráfico de influencias recogido en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N.º 8422). Este delito busca evitar que intereses ajenos contaminen la toma de decisiones administrativas. Se consuma con solo que se ejerza la influencia o presión sobre el servidor público. Ni siquiera exige que el funcionario influenciado acceda a la petición, ni que se produzca el acto administrativo y tras de eso ni siquiera tiene que haber daño material efectivo a la hacienda pública. Pero por si lo anterior no explicará cómo esa " inocente recomendación" puede ser un delito, el legislador le creo al tipo penal un agravante especial. El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona: particular o funcionario público, pero la pena de agrava en un tercio si quien lo comete es un Presidente, Vicepresidente, Ministro, Diputadoo o Magistrado. Es decir, que le "simple" recomendación de Laura Virginia podría ser hasta un tráfico de influencias agravado, fíjese UD. Y el comentarista tratando de blanquear la cartita de recomendación de la presidenta. La línea jurisprudencial que ha marcado la Sala Tercera además ha dicho que para que sea típica, la acción debe tener una capacidad real de torcer la voluntad del funcionario mediante el prevalimiento (abuso de superioridad jerárquica, peso político o cercanía personal). Aunque la ley menciona la influencia «real o simulada», la línea jurisprudencial exige analizar en el caso concreto si el sujeto activo ostentaba una posición objetiva capaz de doblegar o condicionar el criterio técnico o discrecional del servidor público que debía tomar la decisión. Y qué mayor posición objetiva capaz de doblegar el criterio del servidor que el de la presidenta, que es quien nombra o remueve al presidente de la entidad aitónoma. Por eso en este caso no solo podtía verse un posible tráfivo de influencias de la actual mandataria, sino también del presidente real, el señor Chaves quien presionó a la anterior presidenta ejecutiva del INS para que adjudicará el contrato a la susodicha empresa. Sean más serios y hagan periodismo más objetivo, y dejen de funcionar como una oficina de relaciones públicas de Casa Presidencial.