Las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional atacan la independencia judicial, obstaculizan las investigaciones y castigan también a las víctimas que reclaman justicia. La CPI es heredera de la mejor tradición humanista que, después de la Segunda Guerra Mundial, buscó someter el poder al derecho y hacer responder a los individuos por los crímenes más atroces. Sus decisiones pueden discutirse y sus límites deben criticarse. Pero perseguir a quienes investigan y juzgan porque incomodan a una potencia o a sus aliados pretende convertir la fuerza en inmunidad y la justicia en un privilegio selectivo.