Sol Suárez Jaramillo

En los 36 puntos anteriores intenté explicar qué propone la Ley de Rescate Económico y cómo podría afectar a los colombianos. Ahora quiero darles mi opinión. Llevo 13 años cubriendo economía y finanzas. He seguido seis grandes reformas tributarias aprobadas, varios intentos fallidos y gobiernos totalmente opuestos. Todos terminan enfrentándose al mismo problema: no hay plata suficiente. Me preocupa que algunas de las medidas de este proyecto terminen haciendo más costoso trabajar, contratar, consumir y hasta buscar atención médica. El caso de la medicina prepagada me parece especialmente grave. Tenemos un sistema de salud con problemas financieros y de atención que llevan años sin resolverse. Miles de colombianos pagan una medicina prepagada porque necesitan conseguir una cita, consultar a un especialista o recibir un tratamiento sin las demoras que enfrentan en el sistema. No han dejado de cotizar obligatoriamente. Pagan ambas cosas. Ahora el Gobierno propone eliminar la tarifa reducida de IVA del 5% para la medicina prepagada, lo que la llevaría, en principio, al 19%. Una familia que paga un millón de pesos mensuales antes de IVA tendría que pagar $140.000 adicionales cada mes. Son $1.680.000 al año. Me cuesta entender que, después de tantos años de problemas en el sistema de salud, la respuesta sea encarecer una alternativa que muchas familias pagan precisamente porque no encuentran una atención oportuna. Y no hablo de un problema exclusivo de este Gobierno. La crisis viene de atrás, ha pasado por administraciones con visiones completamente distintas y sigue sin resolverse. También me preocupa lo que propone el proyecto para los trabajadores y las empresas. Colombia tiene una informalidad laboral altísima. Necesitamos que más personas tengan un contrato, coticen a seguridad social y puedan acceder a una pensión. Sin embargo, el proyecto aumenta los aportes a salud de determinados trabajadores y reduce las exoneraciones que hoy tienen muchas empresas. Para el trabajador significa menos ingreso disponible. Para el empleador, mayores costos de contratación. El Gobierno propone reducir la tarifa de renta empresarial. Es una buena noticia para las compañías que generan utilidades. Pero una empresa puede no tener ganancias y seguir obligada a pagar salarios, seguridad social y aportes de nómina. No estoy convencida de que esa combinación favorezca la formalización laboral. También quisiera saber cómo se evaluó el impacto conjunto de estas medidas sobre la clase media. Una familia puede terminar pagando más por salud, por determinados productos y servicios y, dependiendo de sus ingresos, por renta. Son cambios que se analizan por separado en el proyecto, pero que una familia paga con un solo presupuesto. La devolución del IVA para hogares vulnerables puede ser una buena medida. ¿Qué pasa con quienes no cumplen las condiciones para recibirla y tampoco tienen una situación económica cómoda? Tengo preguntas similares sobre energía y minería. Colombia necesita inversión en energías limpias, pero también necesita los recursos que todavía producen el petróleo, el gas y la minería. El proyecto modifica tratamientos tributarios de determinados equipos y operaciones con combustibles. Algunos incentivos se mantienen y otros se crean. Quisiera conocer el efecto neto de esos cambios sobre los proyectos de inversión. No basta con examinar cada impuesto por separado si queremos saber qué tan atractivo resulta invertir en Colombia. El Gobierno también propone reducir gastos de funcionamiento, contratos y otros rubros del Estado. Me parece necesario. Quisiera ver cuánto representa ese ahorro frente al recaudo adicional que se espera obtener y qué parte de los recortes será permanente. Hay propuestas que considero favorables: reducir la renta de las empresas, promover grandes inversiones y devolver IVA a hogares de menores ingresos. Mi reparo está en el conjunto de las medidas. Podemos terminar recaudando más mientras aumentamos los costos de contratación, reducimos el ingreso disponible de algunos trabajadores y encarecemos servicios que las familias ya pagan con dificultad. No desconozco las necesidades fiscales del país ni las obligaciones que tenemos como contribuyentes. Pero después de cubrir tantas reformas tributarias, creo que es razonable exigir algo más que una estimación de recaudo. Quisiera saber cuánto crecimiento, inversión y empleo se espera generar con esta reforma. Cuánto ahorro efectivo conseguirá el Estado. Qué efecto tendrá sobre los ingresos de los hogares y cuánto tiempo permitiría estabilizar las finanzas públicas. Porque si dentro de unos años necesitamos otra reforma, tendremos que revisar no solamente cuánto se recaudó, sino qué ocurrió con la economía de las personas naturales. Cada vez los ricos se hacen más ricos, pero más del 90 % del país está entre la pobreza, la vulnerabilidad y la clase media.

Continuación... 30. ¿Los celulares y computadores podrían encarecerse por el IVA? Hoy, algunos equipos pueden comprarse sin IVA: • Computadores de escritorio y portátiles de hasta 50 UVT. • Celulares y tabletas de hasta 22 UVT. En 2026, el límite para los computadores es de $2.618.700. Los equipos que superan los límites ya pueden estar gravados. ¿Qué propone el Gobierno? Eliminar estas exclusiones desde 2028. Por eso, los equipos que hoy cumplen las condiciones para no pagar IVA pasarían, en general, a pagar el 19%. ¿Qué cambiaría? Que comprar determinados celulares, tabletas y computadores económicos podría costar más por el IVA. No significa que todos los equipos pasarían de 0% a 19%: muchos ya pagan ese impuesto. 31. ¿Qué pasaría con las compras en Temu, Shein y Amazon? Hoy, determinadas compras internacionales de bajo valor pueden entrar a Colombia sin pagar IVA. La exclusión depende del valor del envío, su procedencia y las condiciones legales. No aplica automáticamente a todas las compras inferiores a US$200. ¿Qué propone el Gobierno? Eliminar la exclusión del IVA prevista para esos envíos internacionales. ¿Qué cambiaría? Algunas compras internacionales que hoy están exentas de ese cobro pasarían a pagar IVA. Ojo: no es un impuesto exclusivo para Temu o Shein. También puede afectar compras en Amazon y otras plataformas. Y no significa que todas las compras de esas plataformas estén actualmente libres de IVA. 32. ¿El internet de los hogares de menores ingresos podría empezar a pagar IVA? Hoy, el servicio de conexión a internet de determinados usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 tiene una exclusión de IVA. ¿Qué propone el Gobierno? Eliminar esa exclusión especial desde 2028. Si el servicio no queda cobijado por otra excepción, pasaría a pagar la tarifa general del 19%. ¿Qué cambiaría? Que algunos hogares podrían pagar más por conectarse a internet. Importante: hablamos del servicio de internet residencial que hoy tiene ese beneficio, no de todos los planes de telefonía ni de todos los servicios digitales. 33. ¿Qué pasaría con los equipos para proyectos de energía y protección ambiental? Hoy, determinados equipos destinados al control y monitoreo ambiental pueden comprarse sin IVA, siempre que cumplan los requisitos legales. ¿Qué propone el Gobierno? Eliminar esa exclusión del artículo 424 del Estatuto Tributario desde 2028. ¿Qué cambiaría? Algunos equipos que hoy no pagan IVA por ese beneficio podrían pasar a pagar el 19%, salvo que estén protegidos por otra norma. ¿Y los paneles solares? Aquí hay una precisión: existen beneficios especiales para proyectos de energías renovables en otras leyes. Por eso, eliminar una exclusión del Estatuto Tributario no significa automáticamente que todos los paneles solares pagarían el 19%. 34. ¿Qué pasaría con el impuesto de renta de los bancos y las aseguradoras? Hoy, la tarifa general de renta de las empresas es del 35%. Pero determinadas entidades financieras y aseguradoras pagan una sobretasa de 5 puntos porcentuales, es decir, una tarifa total del 40%, si cumplen las condiciones legales. ¿Qué propone el Gobierno? Reducir la tarifa general de renta de las empresas, pero mantener una sobretasa de 5 puntos para las entidades financieras y aseguradoras que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. Así quedarían las tarifas: • Hoy: 40%. • 2027: 38%. • 2028 a 2030: 36%. ¿Qué cambiaría realmente? Los bancos y aseguradoras sujetos a esa sobretasa pagarían menos impuesto de renta que hoy, pero continuarían tributando por encima de la tarifa general de las empresas. 35. ¿El Gobierno quiere eliminar el impuesto a los plásticos de un solo uso? Sí. Pero ojo: una cosa es eliminar un impuesto y otra permitir nuevamente todos los plásticos. Hoy existe en Colombia un impuesto nacional sobre determinados productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Este impuesto fue creado por la reforma tributaria de 2022 y recae sobre los productores e importadores responsables, según las condiciones de la ley. ¿Qué propone el Gobierno? Eliminar ese impuesto mediante la derogación de los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 2277 de 2022. ¿Qué cambiaría realmente? Las empresas dejarían de pagar ese tributo específico por los productos gravados. Esto podría reducir costos de producción o importación, pero no garantiza que los precios al consumidor bajen. Pero eliminar el impuesto no significa eliminar las prohibiciones y restricciones ambientales sobre determinados plásticos de un solo uso. Esas medidas tienen una regulación diferente. En pocas palabras: el Gobierno propone quitar el impuesto, no autorizar nuevamente todos los plásticos prohibidos.

Siguiente Bloque Ley de Rescate... 24. ¿Qué pasaría con los ahorros de quienes se trasladaron de un fondo privado a Colpensiones? Hoy, quienes aprovecharon la oportunidad especial de traslado pueden tener todavía sus ahorros en el fondo privado, aunque hayan pasado a Colpensiones. ¿Qué propone el Gobierno? Que cuando se les reconozca la pensión, esos ahorros sean transferidos al fondo público destinado a financiar las pensiones. Mientras ese fondo comienza a funcionar, el Tesoro Nacional administraría el dinero en una cuenta separada, destinada exclusivamente a fines pensionales. ¿Qué cambiaría realmente? El cambio está en quién lo administra después del traslado y en qué momento debe entregarse. La propuesta no establece una reducción general de las mesadas ni autoriza usar esos ahorros para cualquier gasto del Gobierno. Esta medida se refiere a quienes utilizaron la oportunidad especial de traslado, no a todos los afiliados de fondos privados. 25. La DIAN tendría nuevas sanciones y herramientas para combatir la evasión. Hoy, los comerciantes y empresas están obligados a expedir factura cuando la ley lo exige. Incumplir puede generar sanciones y, en determinados casos, el cierre del establecimiento. ¿Qué propone el Gobierno? Fortalecer los controles sobre la facturación y los proveedores de factura electrónica. Entre las medidas aparece una sanción del 5% por determinadas infracciones relacionadas con la obligación de facturar, según la base y las condiciones que establece el proyecto. También se contemplan medidas contra el contrabando y controles adicionales sobre determinadas operaciones. ¿Qué cambiaría? Que los incumplimientos en facturación podrían tener nuevas consecuencias económicas y controles más estrictos. ¿Y para los compradores? El proyecto también propone un Premio Fiscal para incentivar que las personas exijan factura cuando compran. Ojo: no significa que cualquier error en una factura genere automáticamente una multa del 5%. Depende de la conducta sancionada y de las reglas aplicables. 26. Alcaldías y gobernaciones podrían comprometer ingresos de años futuros. Hoy, las entidades territoriales pueden endeudarse y comprometer recursos futuros, pero deben cumplir límites fiscales y requisitos legales. ¿Qué propone el Gobierno? Modificar determinadas condiciones para financiar inversiones y comprometer ingresos que recibirán en los próximos años. Ejemplo: Imagine que una alcaldía necesita construir una obra, pero no tiene todo el dinero disponible hoy. Bajo las condiciones autorizadas, podría comprometer parte de los recursos que espera recibir en años siguientes para financiarla. ¿Qué cambiaría? Se facilitaría la financiación de determinados proyectos y la continuidad de algunos servicios durante los cambios de administración. ¿Cuál es la consecuencia? Que un alcalde podría ejecutar una inversión hoy, pero dejar comprometida parte de los ingresos de administraciones futuras. Eso no significa que las alcaldías puedan endeudarse sin límites: según el documento seguirían existiendo requisitos y controles. 27. El Gobierno propone cambiar las reglas para controlar la deuda pública. Colombia tiene una regla fiscal: un conjunto de límites que busca evitar que el Estado gaste y se endeude indefinidamente. ¿Qué propone el proyecto? Establecer dos referencias para la deuda neta del Gobierno: • Meta o ancla de deuda: 55% del PIB. • Límite de deuda: 71% del PIB. El PIB es el valor de lo que produce la economía del país en un año. ¿Qué pasaría si la deuda aumenta demasiado? Si se ubica entre el 63% y el 71% del PIB, se activarían restricciones al crecimiento de determinados gastos públicos. Por ejemplo, los salarios y otros gastos de personal no podrían crecer más que la inflación más 0,5 puntos porcentuales, bajo las condiciones previstas. ¿Qué cambiaría? El Gobierno tendría reglas de ajuste vinculadas al nivel de endeudamiento. El propósito es evitar que la deuda siga acercándose a su límite. 28. El Gobierno tendría que explicar con mayor detalle sus incumplimientos fiscales. Hoy existe el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, conocido como el CARF, que analiza las cuentas públicas y advierte sobre los riesgos para las finanzas del país. ¿Qué propone el proyecto? Reforzar su participación en el seguimiento de la regla fiscal y establecer mecanismos de control sobre las desviaciones frente a las metas. ¿Qué significa? Si las cuentas del Gobierno se apartan de los objetivos establecidos, tendría que explicar las razones y las medidas para corregirlas. Además, cuando el CARF emita determinados conceptos desfavorables, el Gobierno tendría que presentar explicaciones ante el Congreso. ¿El CARF podría impedir una decisión del Gobierno? No necesariamente. Sus conceptos no se convertirían, por esa sola razón, en decisiones obligatorias. En pocas palabras: se propone aumentar la vigilancia y las explicaciones públicas sobre cómo el Estado maneja sus ingresos, gastos y deuda. 29. El Gobierno tendría límites para suspender temporalmente la regla fiscal. Hoy, la regla fiscal contempla una cláusula de escape: un mecanismo excepcional que permite apartarse temporalmente de las metas cuando se cumplen determinadas condiciones. ¿Qué propone el Gobierno? Regular esa posibilidad y limitar el uso consecutivo de la cláusula de escape a un máximo de tres años. También plantea que la suspensión de metas iniciada en 2025 termine en 2026. ¿Qué significa? Que el Gobierno no podría mantener indefinidamente suspendidas las metas fiscales mediante ese mecanismo. Después tendría que ajustarse a las reglas y medidas de corrección previstas. ¿Eso significa que en 2027 desaparecería el déficit fiscal? No. Tener una regla fiscal no significa que el Estado deje de gastar más de lo que recibe de un año para otro. Significa que tendría metas y límites para corregir gradualmente sus desequilibrios.

Continuamos con Ley de Rescate... 19. El Estado tendría que reducir a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios. Hoy, las entidades públicas contratan profesionales y personal de apoyo para realizar diferentes actividades. ¿Qué propone el Gobierno? Que en 2027 las entidades del Presupuesto General de la Nación reduzcan un 50% el gasto en contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión, frente al año anterior. Ejemplo: Si una entidad destina $1.000 millones a estos contratos, tendría que reducir ese gasto a $500 millones. ¿Qué significa para los contratistas? Que las entidades tendrían menos recursos para contratar personas bajo esta modalidad. Ojo: no significa que a cada contratista le reducirían sus honorarios a la mitad. El recorte sería sobre el gasto total. Desde 2028, ese gasto solo podría aumentar como máximo al ritmo de la inflación. 20. El Gobierno también propone reducir el gasto en empleados públicos. ( Personal de Planta, Carrera o afines) Hoy, el Estado tiene una nómina de funcionarios cuyos salarios y demás costos se pagan con recursos públicos. ¿Qué propone el proyecto? Reducir un 20% el gasto total de personal en 2028, sin incluir a los integrantes de la Fuerza Pública. Ejemplo: Si una entidad tiene un gasto de personal de $100.000 millones, la reducción del 20% equivaldría a $20.000 millones. ¿Eso significa bajarles el sueldo un 20% a los funcionarios? No. La propuesta es reducir el gasto total, no descontarle ese porcentaje a cada trabajador. Además, el presidente recibiría facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar entidades, fusionarlas, suprimirlas y modificar empleos, con las protecciones laborales establecidas. Desde 2029, el crecimiento de estos gastos tendría límites relacionados con la inflación. En pocas palabras: el Gobierno propone reducir el costo de funcionamiento del Estado, lo que podría implicar menos cargos y cambios en las entidades públicas. 21. El Gobierno tendría nuevas restricciones para gastar en publicidad, viajes y otros servicios. Hoy, las entidades públicas pueden contratar publicidad institucional, viajes, vehículos y otros servicios, sujetos a las normas presupuestales y de austeridad. ¿Qué propone el proyecto? Endurecer las restricciones sobre esos gastos. • Publicidad: permitirla para finalidades de interés general, pero no para promocionar la gestión del Gobierno o de sus funcionarios. • Viajes y viáticos: limitar los gastos y exigir justificación. • Vehículos, telefonía y otros servicios: restringir determinados gastos de funcionamiento. • Fiestas y agasajos: prohibir financiarlos con recursos del presupuesto nacional, salvo autorización legal. ¿Qué cambiaría? Las entidades tendrían menos libertad para destinar recursos a esos conceptos. ¿Significa que desaparecería toda la publicidad estatal? No. Seguiría permitida la comunicación que cumpla las finalidades autorizadas. 22. El Estado podría vender bienes y participaciones en empresas para pagar deudas. Hoy, el Estado tiene propiedades, terrenos, edificios y participaciones en empresas. Algunos son necesarios para prestar servicios públicos y otros pueden venderse bajo las reglas existentes. ¿Qué propone el Gobierno? Impulsar la venta de activos que no sean necesarios para cumplir las funciones de las entidades. ¿Qué podría venderse? • Inmuebles que puedan ser enajenados. • Determinados bienes muebles. • Participaciones accionarias del Estado. ¿Y qué harían con esa plata? Al menos el 50% de los recursos netos obtenidos tendría que destinarse al servicio de la deuda pública durante las cuatro vigencias siguientes. ¿Podrían vender cualquier bien público? No. El proyecto contempla exclusiones y condiciones. Por ejemplo, no autoriza vender indiscriminadamente bienes de uso público ni bienes protegidos como patrimonio cultural. Además, vender activos genera ingresos una sola vez: no equivale a crear una fuente permanente de recursos. 23. Una parte del dinero que reciben las cajas de compensación se destinaría a financiar la salud. Hoy, los empleadores aportan a las cajas de compensación familiar el equivalente al 4% de la nómina que sirve de base para este aporte. Esos recursos financian servicios y beneficios para los trabajadores y sus familias, según las reglas del sistema. ¿Qué propone el Gobierno? Que uno de esos cuatro puntos porcentuales se destine al aseguramiento en salud y se transfiera a la ADRES, la entidad que administra recursos del sistema. Ejemplo: Por cada $1 millón de nómina sobre el que se liquida el aporte: • Hoy: $40.000 van a la caja de compensación. • Con el proyecto: $30.000 quedarían para la caja y $10.000 irían a financiar la salud. ¿El empleador pagaría más? No por esta medida. Seguiría siendo un aporte del 4%. Lo que cambiaría sería el destino de una parte del dinero. ¿Y qué podría pasar con las cajas? Tendrían menos recursos provenientes de ese aporte para financiar sus actividades actuales, lo que obligaría a revisar cómo se sostendrían los servicios y beneficios. El proyecto también permitiría utilizar determinados excedentes del fondo de protección al cesante para atender obligaciones del sistema de salud, bajo condiciones.

Vamos el siguiente bloque de la Ley de Rescate 14. ¿Tiene deudas con la DIAN? El Gobierno propone un alivio para ponerse al día. Hoy, cuando una persona o empresa se atrasa en el pago de impuestos, puede terminar debiendo tres cosas: el impuesto, los intereses por la demora y las sanciones. ¿Qué propone el proyecto? Para determinadas deudas que estuvieran en mora al 30 de septiembre de 2026: • Pagar el 100% del impuesto pendiente. • Calcular los intereses con una tasa especial del 5% anual. • Pagar solamente el 40% de las sanciones que cumplan los requisitos. ¿Qué cambiaría? El Gobierno no perdonaría los impuestos, pero permitiría pagar menos por intereses y sanciones. El plazo propuesto para acogerse sería hasta el 30 de junio de 2027. No sería un beneficio automático ni aplicaría a todas las deudas. 15. ¿Y si no tiene toda la plata para pagarle a la DIAN? Hoy ya existen acuerdos de pago con la DIAN, pero están sujetos a condiciones y garantías. ¿Qué propone el Gobierno? Una facilidad especial para pagar determinadas obligaciones tributarias por cuotas: • Abono inicial de al menos el 10%. • Plazo máximo de 12 meses para pagar el saldo. • Cumplimiento de las garantías y condiciones exigidas. ¿Y si incumple? Podría perder los beneficios del acuerdo respecto de las obligaciones incumplidas. En pocas palabras: el proyecto busca facilitar el pago, pero no elimina la deuda ni permite que cualquier contribuyente se acoja automáticamente. 16. ¿Qué cambiaría en el impuesto al patrimonio? Primero, entendamos algo: patrimonio no es el sueldo. Es lo que usted tiene, menos lo que debe. Por ejemplo, si tiene bienes por $1.000 millones y deudas por $300 millones, su patrimonio líquido sería de $700 millones. ¿Qué pasa hoy? Ya existe un impuesto al patrimonio para determinadas personas que superan el límite establecido por la ley. ¿Qué propone el Gobierno? Un esquema para los años 2027 a 2030, con estas tarifas: • Hasta 95.500 UVT de patrimonio líquido: 0%. • Entre 95.500 y 145.500 UVT: 0,5% sobre la parte que supere 95.500 UVT. • Por encima de 145.500 UVT: 1% sobre la parte adicional, más el impuesto del tramo anterior. ¿Qué significa? Que el impuesto se calcularía por tramos. No se le cobraría el 1% a todo el patrimonio de una persona por superar el límite superior. Y no significa que cualquier propietario de vivienda tenga que pagarlo. 17. ¿Tiene bienes o criptomonedas que debía declarar y no declaró? Hoy, ocultar bienes que debían declararse o registrar deudas inexistentes puede generar consecuencias tributarias y legales. ¿Qué propone el Gobierno? Una oportunidad especial para regularizar esas omisiones mediante un impuesto de normalización en 2027. ¿Cuánto cobraría? • Bienes omitidos o deudas inexistentes: 15%. • Criptoactivos omitidos que cumplan los requisitos especiales: 5%. Ejemplo: Si una persona tiene bienes omitidos por $100 millones: • Con la tarifa del 15%, pagaría $15 millones. Si tiene criptoactivos omitidos por $100 millones y cumple los requisitos para la tarifa especial: • Con el 5%, pagaría $5 millones. ¿Qué cambiaría? El contribuyente tendría una oportunidad de corregir esas omisiones pagando un impuesto especial. El plazo propuesto llegaría hasta el 30 de junio de 2027. Pero ojo: esto no significa que cualquier persona que tenga criptomonedas deba pagar ese 5%; se refiere a activos omitidos que cumplan las condiciones del proyecto. 18. Las grandes inversiones nuevas podrían pagar menos impuesto de renta. Hoy, la tarifa general del impuesto de renta para las empresas es del 35%. El proyecto propone bajarla al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Pero además crea un régimen especial llamado RUGE, dirigido a grandes proyectos nuevos de inversión. ¿Qué propone? • Proyectos que comiencen en 2027 o 2028: renta del 20%. • Proyectos que comiencen desde 2029: renta del 26%. • Estabilidad tributaria durante 16 años, si cumplen las condiciones. ¿Cuánto representa? Por cada $100 millones de renta gravable: • Hoy, con el 35%: $35 millones de impuesto. • Con el 20%: $20 millones. • Con el 26%: $26 millones. ¿Cualquier empresa podría acceder? No. Los proyectos tendrían que cumplir montos mínimos de inversión, compromisos con proveedores nacionales y otros requisitos. También pagarían una prima anual al Estado. En resumen: el Gobierno propone beneficios tributarios para atraer grandes inversiones nuevas. No es una rebaja automática para todas las empresas.

Seguimos con otros 4 puntos de la ley de Rescate… 10. Cigarrillos y vapeadores también tendrían nuevos cobros. Para una cajetilla de veinte unidades, el proyecto fija un componente de $7.823 en 2027 y $11.200 desde 2028, más un componente del 10%. Para vapeadores y productos comprendidos en esa categoría, propone $1.000 por mililitro en 2027 y $2.000 desde 2028, más un componente del 30%. Esos impuestos pueden terminar reflejándose en el precio al consumidor. No son, por sí solos, el precio final. 11. ¿Las bebidas sin azúcar también pagarían impuesto? Sí, algunas. Y no estamos hablando del IVA, sino de un impuesto especial a las bebidas. Hoy ya existe un impuesto para determinadas bebidas azucaradas, cuya tarifa depende de la cantidad de azúcar añadido. ¿Qué propone el Gobierno? Desde 2028, también cobrarlo a bebidas con edulcorantes, aunque no tengan azúcar añadido. Por ejemplo, para una botella gravada de 500 mililitros: • Con edulcorantes, pero sin azúcar añadido: $225 de impuesto. • Con nueve gramos o más de azúcar añadido por cada 100 mililitros: $380 de impuesto. Las bebidas que no contengan ni azúcar añadido ni edulcorantes quedarían por fuera de este cobro. ¿Qué cambiaría? Que algunas bebidas que hoy no pagan este impuesto por no tener azúcar añadido podrían empezar a pagarlo por contener edulcorantes. Esto no significa que todas las bebidas sin azúcar quedarían gravadas. Hay excepciones establecidas en el proyecto. 12. ¿Qué pasaría con los premios de loterías, rifas y apuestas? Hoy, las ganancias ocasionales por loterías, rifas y apuestas están sometidas a una tarifa del 20 %. ¿Qué propone el Gobierno? Aumentar esa tarifa al 30 %. Por ejemplo, si gana un premio gravado de $10 millones: • Hoy, al 20 %: $2 millones de impuesto. • Con el proyecto, al 30 %: $3 millones. La diferencia sería de $1 millón más de impuesto. Pero hay otro cambio para las apuestas por internet. El proyecto también contempla cobrar IVA sobre los depósitos que hacen los jugadores para apostar, bajo las condiciones establecidas. Ojo: son dos impuestos diferentes. Uno recaería sobre el depósito para jugar y el otro sobre la ganancia obtenida. 13. ¿La gasolina y el diésel podrían pagar más impuestos? El proyecto propone modificar el IVA en la cadena de comercialización de combustibles y aumentar gradualmente el impuesto nacional al carbono entre 2027 y 2029. ¿Qué pasa hoy? Los combustibles ya tienen impuestos, pero no todos se cobran de la misma manera ni en las mismas etapas de comercialización. ¿Qué cambiaría? • IVA: se modificarían las reglas aplicables a determinadas operaciones con combustibles. • Impuesto al carbono: aumentaría gradualmente entre 2027 y 2029, según las tarifas propuestas. ¿Por qué importa? Porque los combustibles son un costo para conductores, transportadores y empresas. Un mayor impuesto podría trasladarse, total o parcialmente, a los precios. Pero hay excepciones específicas para el ACPM, entre ellas operaciones relacionadas con el ingreso al productor y la venta minorista.

Vamos por otros 4 puntos de la ley de Rescate… 6. ¿Qué pasaría con la retención en la fuente? ¿Qué es? Es el dinero que le descuentan de sus ingresos como anticipo del impuesto de renta. ¿Qué propone el proyecto? Una tabla con tarifas del 0 % al 39 %, dependiendo de los ingresos de cada persona. ¿Le descontarían el 39 % de su salario? No. Las tarifas se aplican por rangos y sobre el ingreso sujeto a retención, no sobre todo el salario. ¿Cómo le afectaría? Podría cambiar el dinero que recibe cada mes después de los descuentos. Todo dependerá de sus ingresos y de la tabla que finalmente se apruebe. No es otro impuesto adicional a la renta. Es plata que se anticipa y se tiene en cuenta al hacer la cuenta correspondiente. 7. ¿Qué productos y servicios podrían pasar del 5 % al 19 % de IVA? Hoy, algunos productos y servicios pagan un IVA reducido del 5 %, en lugar del 19 %. El proyecto propone eliminar esa tarifa especial desde 2028. Por eso, varios podrían pasar al 19 %, salvo que tengan otra excepción. A. ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE CONSUMO IVA actual → IVA propuesto • Café tostado: 5 % → 19 % • Avena: 5 % → 19 % • Azúcar: 5 % → 19 % • Chocolate de mesa: 5 % → 19 % • Pastas alimenticias: 5 % → 19 % • Harinas de cereales: 5 % → 19 % • Aceites vegetales en bruto: 5 % → 19 % • Salchichón, butifarra y mortadela: 5 % →19 % • Algunos amasijos de yuca, sagú y achira: 5 % → 19 % • Determinados endulzantes: 5 % → 19 % B. VEHÍCULOS Y TRANSPORTE IVA actual → IVA propuesto • Carros eléctricos: 5 % → 19 % • Carros híbridos: 5 % → 19 % • Determinadas motos eléctricas: 5 % → 19 % • Determinadas bicicletas eléctricas: 5 % → 19 % • Algunos componentes de vehículos eléctricos: 5 % → 19 % C. SERVICIOS IVA actual → IVA propuesto • Medicina prepagada: 5 % → 19 % • Planes complementarios de salud: 5 % → 19 % • Determinados seguros de salud: 5 % → 19 % • Seguro agropecuario: 5 % → 19 % • Algunos servicios de vigilancia y aseo: 5 % → 19 % • Determinados tiquetes aéreos: 5 % → 19 % ¿Todos los alimentos pagarían el 19 %? No. Productos como la carne, la leche, los huevos, la papa, el pan y la arepa conservarían tratamientos especiales bajo las condiciones legales. Importante: el cambio al 19 % es el efecto general de eliminar la tarifa reducida, pero debe comprobarse que cada producto o servicio no conserve otra excepción. 8. A las personas en pobreza o vulnerabilidad les devolverían parte del IVA. El programa se llamaría EfectIVA y empezaría en 2028. Según los ingresos, devolvería el 100%, 50%, 40% o 30% del IVA reconocido, con un límite mensual por persona. Ejemplo: si una compra tiene $10.000 de IVA y al beneficiario le corresponde devolución del 100%, podría recuperar esos $10.000, dentro de las condiciones y el tope. Si le corresponde el 30%, recuperaría $3.000. Se devuelve una parte del impuesto, no del valor completo de la compra. Y no sería para todo el mundo. La regla general sería pagar por períodos de máximo quince días. Para quienes reciben en efectivo, habría pagos acumulados mensuales o bimestrales. Las personas en pobreza extrema tendrían un mínimo garantizado bajo las condiciones del programa. 9. Cervezas y licores tendrían cambios en sus impuestos. Para cerveza, el proyecto propone cobrar una parte según la cantidad de alcohol y otra según el precio. Por ejemplo, una cerveza de 330 mililitros y cinco grados de alcohol tendría $1.650 solo por el componente que depende del alcohol, más el componente del 10% sobre el precio correspondiente. Para una botella de licor de 750 mililitros y cuarenta grados, ese componente sería de $30.000. Además, se contempla un componente del 35% y la tarifa general de IVA. La cerveza sin alcohol no pagaría el componente por grados, pero sí estaría incluida en el componente del 10%.

Vamos explicando de 5 en 5…. El Gobierno presentó su proyecto de “rescate económico”. Pero más allá del nombre, la pregunta es: ¿a quién le cobrarían más, a quién le cobrarían menos y qué tendría que recortar el Estado? Vamos por partes. Esto todavía no está aprobado. 1. Si usted es empleado, podría recibir menos plata por el mismo sueldo. Hoy le descuentan el 4% para salud. El proyecto propone que desde 2027 ese descuento aumente para quienes cotizan sobre más de dos salarios mínimos. Entonces, desde los dos y hasta cuatro mínimos, pasaría del 4% al 5,5%. Es decir: por cada millón de pesos sobre el que aporta, hoy le descuentan $40.000 con el proyecto serían $55.000. Son $15.000 más. El porcentaje seguiría aumentando según el ingreso: 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, hasta llegar al 8% para quienes cotizan sobre más de veinte y hasta veinticinco mínimos. Quienes cotizan hasta dos mínimos seguirían en el 4%. La consecuencia es esta: sin que le bajen el sueldo, podría recibir menos dinero porque le descontarían más para salud. 2. Si trabaja por prestación de servicios, podría pagar más por salud desde 2027. Hoy paga el 12,5% sobre el valor por el que cotiza, que normalmente corresponde al 40% de sus honorarios mensuales sin IVA. El proyecto propone cobrar sobre ese valor: 12,5% hasta dos salarios mínimos; 13% por más de dos y hasta cuatro; 13,5% por más de cuatro y hasta cinco; 14% por más de cinco y hasta diez; 14,5% por más de diez y hasta quince; 15% por más de quince y hasta veinte; y 15,5% por más de veinte y hasta veinticinco. Es decir, quienes cotizan sobre más de dos mínimos pagarían más salud por el mismo contrato, si se aprueba la propuesta. 3. Si tiene empleados, contratar también podría costarle más. Hoy, los empleadores que cumplen los requisitos pueden estar exonerados de pagar salud, SENA e ICBF por trabajadores que ganan menos de diez salarios mínimos. El proyecto reduciría esa exoneración completa a trabajadores que ganen hasta dos mínimos. Por quienes ganen más de dos y hasta tres, el empleador pagaría 6% entre salud, SENA e ICBF. Por encima de tres mínimos, no aplicaría esa exoneración. Es decir no hay beneficio, se tiene que pagar completo. Ese dinero lo paga el empleador, aparte de lo que le descuentan al trabajador. Hay una excepción expresa para personas naturales que empleen entre dos y cinco trabajadores. No es una excepción automática para cualquier empresa pequeña. Es para personas naturales que contratan. 4. A las empresas les bajarían la tarifa general de renta. Hoy es del 35%. El proyecto propone 33% en 2027 y 31% desde 2028. Una cuenta sencilla: si una empresa tiene $100 millones sobre los que debe calcular renta, con esas tarifas serían $35 millones, $33 millones o $31 millones, respectivamente, antes de otros ajustes aplicables. No se cobra ese porcentaje sobre todas las ventas, sino sobre la renta gravable: el resultado de depurar sus ingresos según las reglas tributarias. Por eso hay que mirar ambas cuentas: una empresa podría pagar menos renta, pero asumir más aportes por sus empleados. 5. Para las personas, el impuesto de renta podría aumentar por dos caminos. El primero: el proyecto empezaría a cobrar desde un nivel menor de ingreso gravable. Por ejemplo: si usted suma lo que ganó en el año, resta los aportes y beneficios que permite la ley y le quedan $40 millones, hoy no pagaría impuesto por esa cantidad. Con el proyecto, sí: aproximadamente $206.000 al año. Este ejemplo usa valores de 2026 como referencia; habría que esperar los valores de 2027. Eso no significa que todas las personas pagarían más ni que se pueda dar una cifra única por sueldo: hay que revisar los ingresos y las deducciones de cada una. El segundo: permitiría restar menos beneficios antes de calcular el impuesto. Dicho de forma sencilla: si le permiten descontar menos cosas, queda más dinero sobre el que se calcula el impuesto que debe pagar.

Por ahora, les comparto el anuncio de la ley de rescate que Colombia, los mercados y los inversionistas estábamos esperando. Apenas conozca el texto, vuelvo por aquí para desmenuzarlo y explicar, en palabras sencillas, qué propone y qué significa para todos. @miguel_gomez_m @jrestrp @MinHacienda

Totalmente de acuerdo con todo lo que dice aquí! The Queen 👑

Ayer celebraron el presupuesto. Hoy anunciaron que saldrá por decreto. Y ahora hay quienes se preguntan si el error fue realmente un error. Revisemos: En la madrugada del 20 de octubre, el Gobierno celebró que el Congreso había aprobado el presupuesto de 2027: $634,9 billones para salud, educación, pensiones, seguridad, subsidios, obras y pago de deudas. Pero había un problema. Senado y Cámara debían aprobar el mismo texto. Y en un artículo aprobaron cosas diferentes. Se trata del artículo 65, relacionado con herramientas financieras para proteger al Estado frente a cambios en el petróleo, los combustibles y el dólar. Una modificación fue retirada en el Senado, pero terminó incluida en lo que votó la Cámara. Esa diferencia debía corregirse y la versión en común tenía que volver a votarse. Eso no ocurrió y se venció el plazo. Entonces el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto por decreto. ¿Puede hacerlo? Sí, existe una regla para esa situación. Pero debe tomar como base el proyecto con los cambios aprobados en primer debate, antes de las últimas votaciones del Congreso. Es decir, la bolsa conserva el mismo tamaño, pero se devuelve el reparto de la plata a una versión anterior. ¿Y qué queda por fuera al hacer eso? Los $3 billones adicionales para salud. El aumento de $3 billones para subsidios de energía y gas y otros apoyos del sector. Los $100.000 millones para ayudar a pagar intereses de créditos del ICETEX. Los $7.000 millones adicionales para transferencias de Prosperidad Social. Y los $26.500 millones para esterilización de perros y gatos. No significa que esos programas desaparezcan. Significa que quedan sin los refuerzos acordados después del primer debate. También queda por fuera una nueva obligación de Hacienda: informar cada tres meses cuánta plata tienen distintos fondos que administran recursos públicos y cómo se está gastando. Y se devuelve el recorte adicional de $11.402 millones que le habían hecho a la JEP. Hasta ahí, las consecuencias de regresar al primer debate. Ahora viene la sospecha política. Antes de que se conociera el error, ya había una advertencia en el Congreso: que el Gobierno quería sacar el presupuesto por decreto. Cuando finalmente ocurrió, algunos empezaron a conectar los puntos: se vuelve al reparto anterior, se deshacen acuerdos del final y queda por fuera una nueva obligación de mostrar las cuentas. En la preparación y revisión de los documentos participaron equipos del Gobierno y del Congreso. Queda por aclarar cómo llegó a la Cámara una modificación retirada en el Senado y por qué la diferencia no se detectó antes de la votación. ¿Eso demuestra que fue a propósito? No. Una cosa es identificar a quién puede favorecer un resultado y otra probar que alguien lo provocó. Pero También hay otra posible explicación: descoordinación, afán y documentos mal revisados. Lo cierto es y todos los vimos, que el presupuesto sí recibió respaldo del Congreso. El gobierno explica que hubo un error de trámite y que la versión que expedirá reconoce las obligaciones sociales del Estado. Pero esa explicación todavía deja dos asuntos abiertos: cómo ocurrió la equivocación y cómo atenderán las necesidades para las que habían aprobado recursos adicionales. Porque si fue un error, tiene responsables. Y si alguien sostiene que fue una maniobra, tiene que demostrarlo. Lo comprobable es que las diferencias en un artículo terminaron afectando acuerdos sobre salud, servicios públicos, educación y control de la plata. El país merece saber quién falló y cómo van a corregir las consecuencias.

Octubre no tendrá aumento de gasolina, ni de diésel!

Oíganme, no. Tampoco, pues. Ahora algunos petristas están saliendo a aprovechar la coyuntura para lavarse las manos de todo lo malo que hicieron durante cuatro años. No, señores. Nosotros vivimos esos cuatro años. Están registrados. No desaparecieron. Maltrataron al país. Sí, nos maltrataron, por lo menos a la mitad del país. Y especialmente maltrataron al sector empresarial. Porque no fue solamente estar en desacuerdo con los empresarios. Fue el maltrato verbal permanente. “Esclavistas”, “seudo aristocracia ignorante”, “ladrones de cuello blanco”, “bandidos”, “codiciosos”, “tacaños”; habló de empresarios que “defienden el esclavismo”, habló de una “oligarquía de los esclavistas”, de “herederos de los esclavistas” y llegó a comparar el carbón con la cocaína y a decir que era peor. Eso pasó. Está escrito, grabado y publicado. Convirtieron demasiadas veces al empresario en enemigo, lo señalaron y lo estigmatizaron, y a los gremios los convirtieron también en enemigos del Gobierno. También gastaron plata como si no hubiera mañana, endeudaron al país y dejaron unas cuentas públicas profundamente deterioradas. Y después hacían show con las decisiones del Banco de la República porque no bajaba las tasas de interés. Pues aquí estamos, con tasas de interés altas, y no están altas por generación espontánea. El Banco de la República está tratando de controlar una inflación que sigue por encima del 6 % y ha advertido que entre las presiones están precisamente el alto gasto público, el consumo y los mayores costos laborales. Es decir, decisiones del Gobierno Petro que hoy nos cuestan demasiado. Ahora, ¿que bajó el desempleo? Sí. ¿Que bajó la pobreza monetaria? Sí. Pero no vengan a sacar pecho porque el desempleo subió en un mes como si todo hubiera ocurrido por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque detrás de esas cifras hay una discusión que ustedes convenientemente olvidan. La pobreza y el desempleo bajaron, sí, pero mientras celebraban esas cifras el país estaba gastando plata a manos llenas y el crecimiento estaba siendo empujado en buena parte por el consumo y el impulso fiscal, mientras la inversión seguía rezagada. En otras palabras: cogieron plata de los colombianos y la metieron a la economía. Plata de nuestros impuestos, de los ingresos del país y de deuda. Y claro que si usted reparte dinero, aumenta los ingresos de los hogares y mete plata a la economía, puede mejorar indicadores. Pero eso no significa que detrás haya un país más productivo, más empresas creciendo, más inversión o una mejor calidad de vida que pueda sostenerse en el tiempo. Porque la plata se acaba. Y cuando se acaba, queda la factura. Y hoy la estamos viendo. Tenemos unas finanzas públicas profundamente deterioradas, más deuda, una inflación todavía por encima de la meta, tasas de interés altísimas y un desempleo subiendo por el montón de contratación inflada y repartida del Gobierno Petro. Entonces, no. No vengan ahora, tan cómodos, a aprovechar cada coyuntura del Gobierno que lleva dos meses para lavarse las manos y presentarse como si ustedes no nos hubieran dejado lo que hoy tenemos.

Pedir plata prestada en Colombia seguirá siendo caro. El Banco de la República subió su tasa de interés de 12% a 12,25%. ¿Y eso qué significa para usted? Esa no es exactamente la tasa que le cobra el banco por una tarjeta de crédito, un crédito de vivienda o un préstamo. Es la tasa con la que el Banco de la República orienta el costo del dinero en la economía. Cuando la sube busca, entre otras cosas, que gastemos y nos endeudemos MENOS, que ahorremos más y que disminuya la presión sobre los precios. En palabras sencillas: enfriar la economía para controlar la inflación. ¿Y qué es la inflación? Es el aumento generalizado de los precios. Si hace un año necesitaba $100.000 para comprar una determinada cantidad de productos y hoy necesita más dinero para comprar lo mismo, perdió poder adquisitivo. En agosto la inflación anual llegó a 6,2%. La meta del Banco de la República es 3%. Y no todo está subiendo igual: la inflación de alimentos fue 6,1%, la de los regulados 6,8% , Por ejemplo: la energía, el gas, el agua, transporte, entre otros, y la de servicios llegó a 7,2%. ¿Y qué está presionando esos precios? El Banco de la República advierte que el Fenómeno de El Niño puede seguir empujando hacia arriba los precios. También, se tiene los ojos puestos en lo que ocurra con la recuperación después del terremoto y en las decisiones de política fiscal, porque serán factores importantes para definir qué pasa con las tasas de interés en los próximos meses. Además, los analistas esperan que la inflación termine diciembre alrededor del 6,8%. Por eso el Banco decidió volver a subir las tasas. ¿El problema? El remedio también tiene costos. Créditos más caros pueden significar menos compra de vivienda, carros o electrodomésticos; menos inversión de las empresas y una economía que pierde velocidad. Sin embargo, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, que hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, estuvo entre quienes apoyaron subir la tasa al 12,25%. Su argumento fue que un aumento moderado era prudente mientras se conoce mejor qué está pasando con los precios. También dijo que: “La inflación es un impuesto que castiga particularmente a las personas más pobres”. El propio ministro reconoce que una política monetaria más restrictiva ( subida de tasas) afecta el crecimiento económico, pero considera que por ahora controlar la inflación requiere mandar esa señal. La decisión, además, estuvo dividida. Cuatro miembros votaron por subir la tasa 25 puntos básicos, dos querían dejarla quieta y uno quería subirla 50. Así que tenemos una economía tratando de crecer, una inflación que volvió a tomar fuerza y un Banco de la República que decidió pisar un poco más el freno. Y esa pelea entre inflación, tasas y crecimiento termina llegando al mismo lugar: su bolsillo.

Hay algo que está empezando a sentirse entre los dirigentes gremiales del país: preocupación. La ANDI y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, son quizás dos de los casos más visibles, pero el ruido no se queda ahí. He tenido la posibilidad de hablar con varios dirigentes gremiales en las últimas semanas y hay una sensación que se repite, con diferentes palabras: no están entendiendo al Gobierno. La decisión de privilegiar el diálogo directo con los empresarios y reducir la interlocución con algunos gremios está empezando a generar tensión. Los gremios han trabajado durante décadas con los gobiernos, independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño. Son interlocutores entre el sector privado y el Estado. Además, varios dirigentes empresariales y gremiales vieron en la llegada de Abelardo De La Espriella la posibilidad y esperanza de cambiar el rumbo del país. Algunos incluso participaron y lideraron equipos de empalme con la intención de ayudar a que el nuevo Gobierno arrancara bien. Como dirían por ahí: podrá ser complicado, pero es de los nuestros. Entiende la importancia de que crezcan las empresas, llegue inversión y la economía avance. Pero dos meses después, los dirigentes gremiales están preocupados. Esperaban un Gobierno cercano al sector productivo. Lo que no esperaban era tener dificultades para encontrar su lugar como gremios dentro de esa relación. No logran leer todavía cuál será el modelo de interlocución del Gobierno con ellos, hasta dónde llegará la decisión de hablar directamente con los empresarios y qué papel tendrán las asociaciones que durante años han representado a esos mismos empresarios frente al Estado. Y eso, apenas dos meses después de comenzar el Gobierno, empieza a generar preocupación.

Después de 13 años, Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la ANDI. La salida ocurre después de semanas de tensión con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que había cerrado la interlocución con Mac Master, mientras algunas empresas empezaban a tomar distancia del gremio. Y la carta de Bruce dice bastante. Habla de “múltiples presiones” que afectaron la capacidad de la ANDI para actuar libremente y con autonomía. También asegura que buscaron tender puentes y abrir espacios de diálogo, pero que “todos esos intentos resultaron infructuosos”. Y agrega que no podía permitir que “circunstancias externas” terminaran afectando a los afiliados de la ANDI. El Gobierno asegura que la renuncia fue una decisión autónoma del gremio. Sí, Bruce renunció. Pero lo hizo después de que la relación con el Gobierno se rompiera y en medio de una discusión interna sobre su continuidad. Ahora la atención está sobre todo, en cómo se reorganiza el poder dentro de uno de los gremios empresariales más importantes del país. Porque mientras todas las miradas están puestas en Abelardo y Bruce, hay otro apellido que vale la pena seguir de cerca: Gilinski. ¿Casualidad? Veremos.

Ayer comenzaron a desmontar las letras del Movistar Arena y obviamente la primera pregunta es: ¿qué pasó? Pues hay varias cosas que aclarar. La primera: Movistar nunca fue dueño del Arena. Movistar pagaba por los naming rights, que en español sencillo significa pagar para que el escenario llevara su nombre. Por eso durante ocho años todos dijimos “voy al Movistar Arena”, aunque Movistar realmente no fuera dueño del lugar. Ese acuerdo terminó y por eso están quitando las letras. ¿Quién va a poner ahora su nombre ahí? Todavía no se sabe. BeatHub abrió una convocatoria para buscar una nueva marca y hay empresas de telecomunicaciones, banca y servicios interesadas. El nuevo nombre se conocería a comienzos de 2027. Ahora, ¿esto tiene que ver con todo lo que pasó con Movistar este año? Hay que separar las cosas. Telefónica vendió Movistar Colombia a Millicom, la misma compañía detrás de Tigo. Pero Movistar no desapareció de Colombia. Por ahora, Tigo y Movistar siguen funcionando con sus respectivas marcas y atendiendo a sus clientes por separado. Lo que sí terminó es el acuerdo para que el Arena llevara el nombre de Movistar. BeatHub compró el 50 % que todavía tenía la chilena BeLive Entertainment Group y quedó con el 100 % de Colombiana de Escenarios, que es la sociedad que opera y administra el Arena. ¿Eso quiere decir que BeatHub compró el Movistar Arena? No. El antiguo Coliseo El Campín era un escenario público que necesitaba una renovación. En lugar de que Bogotá asumiera sola la inversión, se hizo una Asociación Público-Privada con Colombiana de Escenarios. El contrato de concesión se pactó por 300 meses, es decir, 25 años, y el IDRD registra un valor contractual superior a los $70.580 millones. Las obras comenzaron en 2017 y en 2018 abrió el escenario que conocemos hoy. ¿El resultado? Ya superó los 6 millones de asistentes. Más de 700 artistas nacionales e internacionales han pasado por allí. Solo en 2025 recibió más de un millón de personas en 168 eventos y, según cifras del propio Arena, su operación aportó más de $500.000 millones a la economía del país durante ese año. Entonces, para poner en orden todo lo que está pasando: Movistar Colombia cambió de dueño, pero la marca todavía existe. Movistar dejó de pagar para que el Arena llevara su nombre. BeatHub quedó con el 100 % de la empresa que opera el escenario, pero no compró el escenario público. Y el antiguo Coliseo El Campín sigue bajo una concesión que se firmó por 25 años. Lo único que todavía no sabemos es cómo vamos a terminar llamando al lugar en el que durante ocho años dijimos: “Nos vemos en el Movistar Arena”.

Después de leer la comunicación de Presidencia, escuchar las declaraciones del exdirector del DANE y ver los titulares de lado y lado —unos de derecha y otros de izquierda, pero además ya sin pena— vengo a dejar por acá lo que yo percibo… En la comunicación de Presidencia hay dos razones concretas para explicar la salida de Ricardo Valencia. La primera: que habría hecho caso omiso de la Directiva Presidencial 001 sobre las comunicaciones de los funcionarios del Gobierno. La segunda: que el exdirector afirmó que no había encontrado anomalías en los indicadores del DANE de julio, cifras producidas durante el último mes del gobierno anterior. Pero aquí viene el pedazo que, por alguna razón, casi nadie está leyendo: Presidencia no cuestiona la afirmación, lo que cuestiona es que se hubiera hecho “sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas”. Y entonces yo quisiera entender de dónde salieron titulares y afirmaciones como: “lo estaban obligando a decir mentiras”, “lo echaron por decir la verdad”, “querían que dijera que el Gobierno Petro maquilló las cifras” o “lo sacaron por respaldar las cifras del gobierno anterior”. ¿En dónde dice eso? Porque, por lo menos en los documentos oficiales y en las declaraciones públicas que he revisado, NADA de eso es lo que se ha explicado. La desinformación está pasada. Lo que sí podemos leer en la comunicación de Presidencia es otra cosa: 1) había unas directrices de protocolo de comunicación que se debía seguir y 2) no se puede afirmar que todo está bien cuando todavía se estaban adelantando revisiones y auditorías. En otras palabras: espere a que terminemos de revisar y después sí salga a decir qué encontraron. El propio Ricardo Valencia aseguró que nunca recibió información sobre alguna inconformidad de Presidencia. Pero también explicó que él no estaba diciendo que hubiera realizado una auditoría exhaustiva que permitiera certificar que absolutamente todo estaba perfecto. Incluso habló de la necesidad de conformar una comisión de expertos para hacer una revisión profunda del cálculo de los datos del mercado laboral. Entonces, para mí, acá vuelve a aparecer un tema de comunicación y coordinación. La vocera que era vocera, manejando comunicaciones para después dejar de ser la vocera. La ministra de Minas hablando de posibles aumentos en las tarifas mientras el presidente dice que harán todo lo posible para evitar que suban. El ministro de Agricultura diciendo que ya no se les debe decir “campesinos” a los campesinos mientras el presidente utiliza la palabra “campesino” una y otra vez en sus alocuciones. Y ahora el director del DANE dando explicaciones en un contexto que, según Presidencia, no estaba coordinado y haciendo afirmaciones sobre unas cifras mientras todavía se adelantaban revisiones. No sé hasta qué punto un Gobierno puede sostener una estrategia de centralizar o controlar tanto su comunicación, porque cuando cada funcionario termina diciendo una cosa diferente, lo que recibe el ciudadano no es coordinación: son contradicciones. Pero una cosa es el manejo de las comunicaciones del Gobierno y otra MUY distinta es la independencia técnica del DANE. Y ahí sí hay que separar las discusiones. La Ley 2335 de 2023 establece que los productores de estadísticas oficiales deben decidir de manera independiente y libres de presiones o injerencias políticas sobre la elaboración, producción y difusión de las estadísticas. La norma incluye incluso la calendarización y el contenido de las formas de divulgación. Y sobre esto el propio Valencia aseguró que los datos continúan publicándose en las fechas y horarios establecidos. Ahora, ¿quienes llevamos años dedicados a entender, explicar e informar la economía de este país necesitamos las ruedas de prensa del DANE? ¡Por supuesto que sí! Una base de datos publicada a una hora determinada no reemplaza la posibilidad de preguntarle al equipo técnico qué pasó, por qué pasó, dónde están los cambios, qué explica una variación o qué debemos mirar con cuidado. Y creo que sería un error perder esos espacios. Pero de ahí a afirmar que “echaron al director porque se negó a decir que Petro manipuló las cifras”, o que “lo sacaron porque se negó a mentir”, hay un salto enorme que, hasta ahora, no está respaldado por lo que dicen ni el comunicado oficial ni las declaraciones del propio exdirector. Si aparecen pruebas de una intervención política sobre las cifras, habrá que denunciarlas con la misma contundencia. Pero mientras tanto, una cosa es lo que pasó, otra lo que cada sector político quiere interpretar que pasó y otra, muy distinta, lo que realmente podemos demostrar. Y si estamos defendiendo la independencia y el rigor de los datos, empecemos por aplicarle ese mismo rigor a la información que compartimos. @DANE_Colombia @infopresidencia @jrestrp @ABDELAESPRIELLA @rvalencia123