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Antes de que se aprobaran las normativas más recientes (como el Acuerdo 316 de 2026 o el Acuerdo 24 de 2016), la responsabilidad del mantenimiento y reparación de las aceras en el Distrito de Panamá recaía primordialmente en las autoridades municipales y de manera concurrente en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). [1, 2, 3, 4] Históricamente, el vacío normativo generaba una zona gris donde las instituciones estatales y los ciudadanos se trasladaban la obligación de la siguiente manera: El Municipio y el Estado: Según normativas antiguas como el Acuerdo Nº 116 de 1954 y lo dispuesto en el Código Civil de la República de Panamá, las aceras están catalogadas expresamente como bienes de uso público. Por mandato constitucional y de régimen municipal, la administración, conservación y custodia de estos bienes públicos correspondía de forma general a las autoridades municipales. [1, 2] El MOP (Ministerio de Obras Públicas): Al formar parte de la servidumbre vial nacional, el MOP compartía la responsabilidad técnica y el presupuesto para grandes proyectos de reparación vial y peatonal en las principales vías urbanas. [1] Las Empresas Constructoras: Únicamente bajo el Acuerdo Nº 148 de 2006, se obligaba de forma estricta a los promotores y constructores privados a reparar, reconstruir o mantener libres las aceras solo si sufrían daños debido a la ejecución directa de una obra de construcción colindante. [1, 2, 3, 4] El gran cambio: Antes de que existieran estas regulaciones modernas, el propietario particular no tenía la obligación legal explícita de costear la reparación de la acera frente a su casa, dado que se consideraba propiedad del Estado. El cambio normativo radical que inició en 2016 y se endureció recientemente con la Guía de Diseño Urbano en octubre de 2026 trasladó formalmente esa carga financiera y de mantenimiento a los propietarios de los inmuebles colindantes. [1, 2, 3, 4]

Yo no entiendo. Los representantes de corregimiento supuestamente deberían ser los que conocen mejor la realidad de su comunidad. ¿Cómo van a solicitar retirar los portones dos metros hacia adentro de la propiedad? yo quisiera saber qué representantes votaron a favor de esto

Ordenamiento urbano sí, pero sin abusos ni atropellos a la propiedad privada. Estoy a favor de mejorar nuestras aceras, garantizar la accesibilidad universal y construir una ciudad más segura y ordenada. Sin embargo, considero que el Acuerdo Municipal N.º 316 de 2026 debe revisarse en aquellas disposiciones que afectan a viviendas unifamiliares o multifamiliares construidas legalmente, con planos aprobados y permisos otorgados conforme a la normativa vigente en su momento. Las nuevas exigencias urbanísticas deben aplicarse hacia el futuro, respetando la seguridad jurídica y los derechos legítimamente adquiridos. No es razonable obligar a los propietarios a modificar accesos vehiculares, demoler estructuras autorizadas o sacrificar espacios de sus terrenos privados para ajustarse a disposiciones posteriores, sin una evaluación individual, justificación legal y las garantías correspondientes. El interés público no puede convertirse en una excusa para imponer cargas desproporcionadas ni para producir expropiaciones de hecho. La Constitución protege la propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica. Ninguna regulación municipal puede desconocer esas garantías. Por ello, considero necesaria la revisión de los artículos 10, 13, 16, 17, 18 y 53 del Acuerdo, particularmente en cuanto a su aplicación sobre edificaciones preexistentes. No me opongo al progreso ni a la accesibilidad. Me opongo a la arbitrariedad, a la aplicación retroactiva que lesione derechos adquiridos y a cualquier medida que, bajo la apariencia de ordenamiento urbano, termine afectando injustificadamente el patrimonio de las familias panameñas. Una ciudad moderna debe garantizar los derechos de todos: de quienes transitan por sus aceras y de quienes han construido sus viviendas cumpliendo la ley. El desarrollo urbano debe avanzar con respeto a la Constitución, no por encima de ella.