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Frente a los recientes anuncios institucionales en los que se instruye a los cuerpos de seguridad a no realizar detenciones sin orden judicial y se reafirma la garantía del ejercicio político en el país, recordamos que más de 400 personas se mantienen privadas de libertad por razones políticas, y que fueron detenidas arbitrariamente; entonces es necesario analizar el alcance real de estas medidas. Si bien es innegable que las excarcelaciones de los últimos meses representan un alivio humano significativo para cientos de familias, un examen técnico de la situación evidencia que estas decisiones aún no constituyen cambios estructurales en el sistema de justicia ni en el marco institucional. En primer lugar, la mayoría de las personas que han salido de prisión no gozan de libertad plena, sino de medidas cautelares restrictivas que las mantienen sujetas a procesos judiciales abiertos. Asimismo, iniciativas como la reforma de leyes punitivas o la redistribución de competencias de los tribunales especiales que solo en una fase procesal atenúan los impactos de movilización a tribunales, pero no corrigen las contradicciones de origen con las garantías constitucionales. La brecha entre los anuncios oficiales y la práctica cotidiana se evidencia en hechos concretos, como el intento de detención ocurrido apenas el día de ayer de un dirigente sindical, que fue evitada debido al apoyo ciudadano. Este tipo de actuaciones demuestra que el andamiaje legal y procedimental que permite la restricción de derechos fundamentales sigue operativo. Para que exista una verdadera normalización democrática y un clima de garantías efectivas, se requiere trascender las medidas coyunturales y avanzar hacia reformas profundas que restauren de manera irreversible el Estado de Derecho. #JusticiaYLibertad