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El debate jurídico más absurdo de estos tiempos es el de la presidencia de la Suprema Corte. Evidentemente fue un error no eliminar la cláusula de la elección de su presidencia cada 4 años cuando incluyeron la regla de que la presidencia rotaría cada 2 años en función de la votación.
Como lo he leído por acá, ese tipo de contradicciones se resuelven de manera muy sencilla: aplica la disposición más reciente.
Tengo dos razones por las cuales me parece difícil creer que hubo una intención distinta en la Reforma Judicial (2024) sobre ese punto: (i) jamás subestimaría lo mala que ha sido la asesoría jurídica que han dado a la presidencia de la República y (ii) todavía no se llevaba a cabo la elección, de modo que no existía aún el dilema “Batres-Esquivel”.
Sin embargo, en la Reforma a la Reforma Judicial (2026) se dejó viva esa contradicción, y ahí sí me pregunto: ¿a quien conviene que la eventual presidenta de la Suprema Corte le deba favores por su apoyo político?
El tema no es jurídico sino político. Y creo que la preocupación está en las y los beneficiarios de esta situación. De nuevo, parece que estamos ante otra forma de someter a la Corte.
La @SCJN ya opera contaminada por la sucesión de su presidencia
Señala @chimalhuacano en @diario24horas
La pelea abierta entre @LeniaBatres y @YasminEsquivel_ golpea el correcto funcionamiento del máximo tribunal
Replying to @AristeguiOnline
En México si estimada Carmen, especialmente a partir de que entró en funciones el TDJ.
Un expediente parado, sin trámite ni actuaciones desde el 31 de octubre de 2023, se continúa, se reactiva, súbitamente por orden de la más alta y poderosa tribuna de México (dada en una carta, así reconocido el 3 de noviembre por la mañana) y fuera de los plazos que se autofijó el entonces CJF, en acuerdo publicado en DOF el 1 de julio de 2025, la fecha límite para actuar era el 13 de agosto; el dictamen de presunta responsabilidad está fechado el 14 de agosto, 1 día después del cierre; la radicación de la secretaria ejecutiva de disciplina lo radica el 15 siguiente, para prueba:
Resultados y DOF de 1 de julio de 2025:
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🗨️ El 29 de septiembre de 2026, una Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial resolvió destituir e inhabilitar durante un año al juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, adscrito a Colima. ✍️ @JoseDeAlba99607 @OpinionLSR lasillarota.com/opinion/colu…
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#JuecesYJuezas #OAJ @tdjmex
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Le van a costar millones de pesos a México en indemnizaciones a víctimas en el futuro.
Son los responsables de que hoy no se imparta justicia.
Son los responsables de que hoy, los jueces tengan miedo de juzgar.
Son los responsables de que hoy, se ejerzan acciones de “procuración” de justicia sin límites y con arbitrariedad.
Por presionar a jueces y juezas.
Por manejar la justicia a través de la política.
Todos sabemos quiénes son y quiénes lo hacen.
Replying to @JuanFernanxikb @TaniaReneaum @JoseLCaballero @PayaIACHR @APochak @CIDH @SRjudgeslawyers @hrw_espanol
Muchas gracias Juan Fernando.
Me toca honrar mi dignidad que a la vez es la de mi núcleo familiar, mis amigos y a la sociedad a la que he servido, porque juré y protesté hacerlo y lo he hecho.
No me fue fácil ser juez.
En realidad cumpliré 29 años de carrera judicial federal, ingresé un 16 de noviembre de 1997, se ha dicho que son 25.
Antes hice aproximadamente 2 años de carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia como secretario proyectista de sala de materia penal para el magistrado Ignacio Olvera Quintero, michoacano, de Maravatío. Hombre culto y honrado. De él aprendí que "nunca le tiemble la mano para soltar a un inocente".
Wao, esa frase marcó mi vida profesional. Y así he caminado como juzgador.
Él se encontraba molesto porque no habían estado de acuerdo los otros 2 magistrados con revocar, cambiar, una formal prisión, que equivale en alguna medida a lo que es la vinculación a proceso, de un homicidio calificado a libertad por falta de elementos por actualizarse en su criterio, y creo era el correcto, la legítima defensa.
Los hechos de entonces. Un vendedor llevaba su canasta con huevos duros, cacahuates y la llamada carne de burro, por las calles de alguna delegación del norte de la CDMX, en los momentos que era asaltado por alrededor de 3 personas, con el cuchillo que utilizaba para su trabajo, le asestó a uno una puñalada en el corazón. La muerte fue instantánea. Lo consignaron por homicidio calificado, el juez le dictó formal prisión, le confirmó la mayoría vs el voto de mi admirado y querido jefe QEPD, que proponía se le libera por tratarse de una legítima defensa.
Hoy me pregunto, les temblará la mano para no advertir que, como juzgador y ciudadano vivo una injusticia, a quienes me están juzgando y lo resolverán en el Pleno del @tdjmex , por lo pronto a 2 sí les tembló la mano, el voto a mi favor se quedó corto.
Muchas gracias a quienes se han solidarizado con mi causa, que es la causa todo México.
Tener jueces independientes e imparciales.
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🇲🇽Aristegui en Vivo: Importante escuchar el voto particular de Celia Maya, integrante de la Comisión de Disciplina, en el que no comparte la sanción de destitución, ni habilitacion contra el Juez @SASOGssm (2 horas 33 minutos), razones suficientes para que se modifique la sanción. 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 youtube.com/live/UEPIZ5lGsqk… vía @YouTube
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Alzamos la voz por compañeras juzgadoras perseguidas arbitrariamente por el Tribunal de Disciplina Judicial @tdjmex. #juezaMartha @marthakmagana jueza Citlallic, juez Sigales y muchas más. Estos ataques a la independencia judicial deben parar ya!!! @jufed_org
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Desde la academia. En apoyo a nuestras compañeras y compañeros juzgadores, perseguidos arbitrariamente por el @tdjmex y por la fiscalía.
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Para seguir documentando el atropello @tdjmex
El sábado 17 de octubre de 2026, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib) por considerar que su respaldo a la reforma judicial mexicana fue incompatible con los principios de independencia y apoliticidad que exige a sus integrantes.
Sus estatutos exigen que las asociaciones miembro: (i) sean independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo; y (ii) estén comprometidas con la promoción de la independencia judicial.
Cuando una organización deja de cumplir esas condiciones, el Consejo Central puede retirar su membresía. Por ello, la UIM abrió un procedimiento de revisión y solicitó explicaciones a la Conatrib, quien entregó su informe el 30 de junio de 2025.
Los relatores designados por la UIM, consideraron que respaldar la elección popular de jueces resultaba incompatible con la defensa de la independencia judicial, por lo que Conatrib había dejado de cumplir las condiciones para pertenecer a la UIM.
Destaco un elemento central, que coincide con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso López Lone Vs. Honduras: en contextos de ruptura del orden constitucional (y la desaparición de la division de poderes claramente lo es, sin importar el disfraz que se le ponga), para la judicatura puede existir un deber moral de defender la democracia representativa. Para la UIM, eso debió hacer Conatrib.
¿Hoy que pasa en México? Algunas de las juezas y jueces que dieron trámite a los juicios de amparo que cuestionaban aspectos procedimentales de la reforma judicial enfrentan procesos administrativos y, en algunos casos, penales.
Enfatizo algo: solo algunas personas juzgadoras enfrentan esos procesos. Hay quienes después de tramitar amparos participaron en la elección, hicieron campaña con quienes hoy integran la cúpula judicial o se integraron a los nuevos órganos superiores del PJF. Ellas no están sufriendo el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
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Gracias por seguir documentando el abuso del supremo tribunal conservador. @tdjmex
Comparto la conversación que tuvimos el juez Sergio Sigales (@SASOGssm) y yo con @beltrandelrio en torno a su reciente sanción por parte del Tribunal de Disciplina Judicial.
Ahí ya no entramos en detalles de la sentencia, pero el TDJ sostuvo que:
1. No se están metiendo con una interpretación jurisdiccional y para demostrarlo le dedican muchas páginas a… interpretar.
2. La interpretación del juez no es la única (aquí, por accidente casi llegan al punto).
3. Las personas juzgadoras son autoridades y las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente les faculta la ley. Aparentemente, de Cicerón y Montesquieu no hemos evolucionado.
Todo es preocupante, pero el último punto es escalofriante. Para el TDJ, si un juez facultado para imponer penas y que tiene prohibido cambiarlas por otras o aumentar su intensidad, osa disminuirlas sin facultad expresa, está incurriendo en un error inexcusable. El error estuvo en interpretar.
Acá la entrevista 👇
youtu.be/TDyyuzmzamM?si=V4s8…
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"La Constitución debe interpretarse de forma flexible, de lo contrario se convierte en una camisa de fuerza. No se puede interpretar literalmente. Se puede fingir que sí, y buscar en diccionarios del siglo XVIII. La verdad, debe interpretarse a la luz de necesidades actuales"
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¿Y si alguien le dice que el sueño de Taddei era ser magistrada de carrera judicial?
Mínimo la denunciarían penal y administrativamente.
Y ni les cuento las críticas que se vendrían por nepotismo y por su participación en el caso Florence Cassez (sabemos que la familia estuvo en Paris y ese vínculo ya es más fuerte que el de la acusación promedio en una Mañanera)
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🇵🇪#Perú | Me preocupan las informaciones sobre la intensificación de las represalias contra el
juez Oswaldo Ordóñez Alcántara por haber intervenido en una audiencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la información recibida, en septiembre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) concluyó la
investigación preliminar y abrió un procedimiento disciplinario por las declaraciones que el juez
Ordóñez formuló en una audiencia sobre independencia judicial, en la que representó a la
Asociación Nacional de Magistrados del Perú. En abril, la JNJ había decidido no ratificarlo en el
cargo tras más de cuatro décadas de servicio en la judicatura.
En enero, junto con otros relatores especiales de las Naciones Unidas, expresé mi
preocupación por la investigación preliminar en una comunicación dirigida a las autoridades
peruanas (AL PER 1/2026). En un comunicado conjunto de prensa del 1 de mayo, deploramos
su separación del cargo. La apertura de un procedimiento disciplinario por esas mismas
declaraciones agrava mi preocupación de que se disuada a otros jueces de poner en
conocimiento de los órganos de derechos humanos las amenazas a la independencia judicial.
Las juezas y los jueces deben poder pronunciarse públicamente sobre las amenazas a la
independencia judicial, también a través de sus asociaciones profesionales. Los artículos 19 y
22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen estas libertades. Los
Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura las
reafirman y precisan que deben ejercerse de manera que se preserve la independencia y la
imparcialidad de la judicatura.
El artículo 63 del Reglamento de la CIDH exige al Perú que proteja de represalias a quienes
participan en sus audiencias. Insto a la Junta Nacional de Justicia a poner fin al procedimiento
disciplinario contra el juez Ordóñez y hago un llamamiento a las autoridades peruanas para que
garanticen que las juezas, los jueces y sus asociaciones puedan acudir a los mecanismos de
derechos humanos sin temor a represalias.
Comunicación AL PER 1/2026:
spcommreports.ohchr.org/TMRe…
Respuesta de las autoridades peruanas:
spcommreports.ohchr.org/TMRe…
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COMUNICADO | 📄
En la Sentencia del Caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a la República Argentina responsable por las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del juicio político efectuado en 2003 contra el señor Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, del que derivó su destitución como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Conoce los detalles en: bit.ly/3WZJCpl
#CorteIDH
Opinión desde Templo Mayor de Reforma. F. Bartolomé.
@TaniaReneaum
@JoseLCaballero
@SRjudgeslawyers
@CIDH
@APochak
@hrw_espanol
@CorteIDH
Voto particular magistrada Maya:
I. Razones esenciales del disenso.
1.Si bien comparto que el juez denunciado incurrió en la infracción relativa a notorio descuido al reducir la pena de cuatro personas en el contexto de un procedimiento abreviado en materia penal, en contravención a lo establecido en el artículo 206, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante, CNPP); sin embargo, disiento del criterio mayoritario que sanciona esa infracción administrativa con la inhabilitación temporal por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual lleva implícita la destitución del cargo de la referida persona juzgadora, pues la considero desproporcional por las circunstancias que rodearon a la infracción:
a)La infracción sólo se redujo a lo suscitado en cuatro causas penales.
b)No existió reincidencia, daños y perjuicios patrimoniales causados por las conductas infractoras ni beneficio a favor del juez denunciado.
c)La disminución de la pena en comparación a la solicitada por el Ministerio Público no fue sustancial, ya que en tres de las causas penales fue de tan sólo diez meses y sólo en una fue de tres años cuatro meses.
d)La propia solicitud del Ministerio Público para el procedimiento abreviado, refleja que los delitos se encuentran fuera del núcleo de la delincuencia de alto impacto o macrocriminalidad y que no se cometieron con violencia extrema, delincuencia organizada o afectación a víctimas vulnerables. En caso contrario, la autoridad estaría institucionalmente comprometida a litigar el caso en un juicio oral para buscar la pena máxima. La vía abreviada constituye también un indicador de que los efectos del delito pueden ser mitigados y resueltos en el ámbito del proceso penal ordinario, sin necesidad de un castigo socialmente ejemplarizante.
2.Por tanto, considero que, por las circunstancias específicas del presente asunto, era proporcional imponerle al juez denunciado la sanción máxima aplicable dentro del rango de la suspensión del empleo, cargo o comisión, que es de noventa días naturales.
II. Justificación del disenso
3.La infracción que se consideró acreditada fue la de notorio descuido, prevista en el artículo 110, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (en adelante, LOPJF), considerada como grave, en términos del artículo 117 del mismo ordenamiento legal.
4.Lo anterior, al demostrarse que el juez denunciado al momento de celebrar las audiencias relacionadas con la solicitud de procedimiento abreviado en cuatro causas penales distintas en un lapso comprendido entre el veintitrés de mayo y el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; resolvió continuar con la tramitación de dicho procedimiento e impuso una pena diversa de la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por las personas acusadas, lo cual contravenía lo establecido en el artículo 206, segundo párrafo, del CNPP además de que ningún precepto del capítulo del procedimiento abreviado le confería la atribución para fijar una pena distinta a la convenida.
5.Una vez acreditada la infracción, la Comisión de Disciplina debe proceder a la individualización de la sanción que le corresponde conforme con su gravedad, lo cual, conforme con lo ordenado por el artículo 117 de la LOPJF lleva a la observancia de los elementos establecidos en el artículo 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en adelante, LGRA) en el caso:
a)El empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta
1/3
Continúa en comentario siguiente:
6.El juez denunciado al momento de la comisión de la infracción se desempeñaba como juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal y, conforme con el Manual General de Puestos del entonces Consejo de la Judicatura Federal, uno de los objetivos del cargo es resolver los asuntos de su competencia conforme a lo previsto en la normativa aplicable.
7.Conforme con los artículos 201 a 203 y 206 del CNPP, en el ámbito del procedimiento abreviado, corresponde a quien se desempeña como juez de control verificar en audiencia que concurran los requisitos de procedencia; admitir o no admitir la solicitud; comprobar que la reducción solicitada por el Ministerio Público se ubique dentro de los márgenes legales autorizados y sujetar el fallo a la pena convenida.
b)Daños y perjuicios patrimoniales causados
8.No se acreditó este elemento.
c)Nivel jerárquico y antecedentes del infractor
9.El juez denunciado ocupó el cargo como persona juzgadora desde el dieciséis de octubre de dos mil veinte y, específicamente, en el cargo de juez de Distrito adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por lo que en este último cargo que fue en el que cometió las conductas infractoras contaba con la siguiente antigüedad:
Fecha en que asumió el cargo como juez de
Distrito en el Centro de
Justicia Penal Federal Fecha en que se emitió la resolución materia de infracción Antigüedad en el cargo del juez denunciado al momento en que se cometió la infracción.
(Se insertó en voto tabla de antigüedad, se omiten en este post, continúa en párrafo 13, de voto).
13.El contexto que precede, permite advertir que los delitos respecto de los cuales se solicitó el procedimiento abreviado se encuentran fuera del núcleo de la delincuencia de alto impacto o macrocriminalidad y que no se cometieron con violencia extrema, delincuencia organizada o afectación a víctimas vulnerables.
14.En caso contrario, el Ministerio Público Federal estaría institucionalmente comprometido a litigar el caso en un juicio oral para buscar la pena máxima. La vía abreviada constituye también un indicador de que los efectos del delito pueden ser mitigados y resueltos en el ámbito del proceso penal ordinario, sin necesidad de un castigo socialmente ejemplarizante.
f)Reincidencia
15.No existe registro de otro procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra del juez denunciado por el que se le haya sancionado por la misma falta o conductas que son materia del presente procedimiento.
g)Monto del beneficio derivado de la infracción
16.No existe prueba alguna que evidencie algún beneficio o lucro que le hubieran originado al juez denunciado las conductas materia de la infracción administrativa en cuestión.
Proporcionalidad de la sanción impuesta
17.Analizados los elementos anteriores resulta necesario establecer que el artículo 78 de la LGRA, establece tres rangos de sanciones (eliminando la relativa a sanción económica porque no resulta aplicable):
1)Suspensión del empleo, cargo o comisión de treinta a noventa días naturales.
2)Destitución del empleo, cargo o comisión;
3)Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas la cual, en los casos en que no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.
18.Para ubicar la sanción en un ámbito de proporcionalidad dentro de los rangos referidos, resulta obligado considerar los principales elementos de individualización que ya fueron analizados y de los que se advierte:
a)La infracción sólo se redujo a lo suscitado en cuatro causas penales.
2/3
Continúa...
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La decisión que toma un juez o jueza puede no ser del agrado de las partes.
La parte inconforme debe acudir a las vías de defensa que prevé la ley para combatir la decisión. En México no se atacan las resoluciones, se busca sancionar a los jueces.
Milenio noticias informa de mi inhabilitación y destitución determinada por la Comisión de Disciplina.
La forma utilizada:
Cuestionar mi criterio judicial aplicado en 4 procedimientos abreviados del año 2022, por una denuncia de mayo del 2023, hecha por la delegación Colima de FGR, revisados y revocados en apelación, desde su criterio judicial por el entonces magistrado unitario en Colima, Luis Nuñez Sandoval. Cuando esté se incapacitó por cuestiones de salud, las apelaciones contra los controles que realicé fueron revisadas por tribunales unitarios en Jalisco que en su mayoría me dieron la razón, aproximadamente 5 causas, una de ellas llegó a revisión en amparo y fue resuelto y dio origen a la tesis con registro digital 2031528
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Duodécima Época
Materias(s): Penal
Tesis: (V Región)4o.13 P (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo IV, Volumen 1, página 383
Tipo: Aislada
Con rubro:
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. UNA VEZ FORMULADA LA SOLICITUD RESPECTIVA Y ACEPTADA POR EL IMPUTADO, SU TRAMITACIÓN QUEDA SUJETA AL JUEZ DE CONTROL, POR LO QUE RESULTA JURÍDICAMENTE INADMISIBLE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PRETENDA RETIRARLA DEJANDO A UN LADO EL CONTROL JUDICIAL, que coincidió con mi criterio de efectuar control judicial como facultad única después de su admisión.
El fondo:
En realidad es, como lo dice la nota, y lo he constatado y también se me ha sugerido, mi otro criterio judicial, el de inaplicar la PPO, a la que México ya ha sido 2 veces condenado en la Corte Interamericana.
Feliz noche!
Muchas gracias a todas y todos por su importante apoyo.





























