Juan Contreras

Delitos nuevos, leyes viejas. Acaba de visitar Uruguay el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Su país ha tenido un éxito contundente contra el delito y las organizaciones criminales que lo dominaban. Eso debería interesarnos a los uruguayos que hoy enfrentamos una situación angustiosa en materia de inseguridad. En lugar de ello, muchos prefirieron sus cinco minutos de fama preguntando por otras cosas y no por como los salvadoreños lograron ese éxito. Concurrí a la conferencia que brindó Ulloa. Explicó las columnas sobre las que se asentó el el combate al delito y al narcotráfico.   Destacó una que aquí casi no discutimos: la creación de nuevas figuras penales, entre ellas el llamado delito colectivo. Se podrá coincidir o no con todo lo que ha hecho El Salvador. Pero hay una lección que no depende de simpatías: el delito cambió en el mundo. Ya no enfrentamos al delincuente solitario ni a la banda de barrio, sino a organizaciones con jerarquías, finanzas, territorio y armas. Empresas del crimen que reemplazan en horas al sicario que cae preso. Las viejas figuras con las que el Uruguay penaliza el delito ya no alcanzan. Fueron pensadas para otro país y para otro delincuente. Muchos gobiernos, de todos los partidos, incluido el Frente Amplio, se concentran en el aumento de las penas. Lo comparto pero no alcanza. Aumentar la pena de un delito pensado para el individuo no desarma a la organización. Castiga al que aprieta el gatillo y deja intacto al que da la orden, al que financia, al que recluta. A eso se suma un problema de diagnóstico. El Ministerio del Interior ha sido errático al analizar cuánto pesan los narcos y las organizaciones criminales en los delitos que sufrimos. Mal se puede combatir lo que no se mide bien. Lo expresado por Ulloa coincide, en su orientación, con el proyecto de ley sobre penalización de organizaciones criminales que presenté hace meses. La mayoría parlamentaria del Frente Amplio, inexplicablemente, ni siquiera lo pone en el orden del día. No pido que lo voten a tapa cerrada. Pido que se discuta para enfrentar la situación que vivimos. Atender este problema fue reclamado por la propia Fiscalía General de la Nación, como instrumento para enfrentar a la delincuencia organizada. No es una ocurrencia nuestra: lo piden quienes investigan y acusan todos los días. La idea es sencilla: el delito evoluciona y las normas para enfrentarlo deben hacerlo también. La mera pertenencia a una organización delictiva debe ser un penada, más allá de los que cada integrante cometa a título individual. Quien se integra a una estructura creada para matar, traficar y extorsionar ya eligió, y ya daña a la sociedad, aunque todavía no se le pueda probar otro hecho concreto. No es un invento ni un atajo. Italia lo entendió en 1982, cuando incorporó a su Código Penal la asociación de tipo mafioso. Con esa herramienta los jueces Falcone y Borsellino llevaron a la Cosa Nostra al maxiproceso de Palermo y lograron cientos de condenas. Hasta entonces, los jefes salían absueltos porque nunca apretaban el gatillo. Eso lo hizo una democracia, con jueces independientes y con todas las garantías. ¡Vamos Uruguay!  Esto no es cuestión de partidos.  Es cuestión de voluntad para enfrentar a la delincuencia organizada. El primer semestre cerró con 195 homicidios, el más violento de la última década. El país se encamina a tener uno de los años más sangrientos desde que se llevan estadísticas. Las organizaciones criminales no esperan a que el Parlamento encuentre lugar en su agenda.