Ricardo Merlo Faella

Te preguntaste por qué no imputan a Santiago Peña por asociación criminal y enriquecimiento ilícito? O por qué no se investiga todo bajo la misma carpeta fiscal con sus secuaces Vázquez y compañía? Te explico.. Hoy Santiago Peña está imputado por dos delitos: lesión de confianza y administración en provecho propio. Con esos dos cargos, la expectativa máxima de pena es de hasta 15 años de cárcel. (La mínima 6 meses). Si la Fiscalía amplía la imputación y suma asociación criminal y enriquecimiento ilícito, la pena máxima individual de esos delitos no es mucho más alta (asociación criminal llega hasta 5 años y enriquecimiento ilícito hasta 10). Por eso el techo de años de prisión no se dispara dramáticamente. El quit no está en los años de cárcel, que no te engañen con eso. Lo que sí cambia de verdad es la naturaleza de la investigación. Acá está el quit de la cuestión. El punto clave es el lavado de activos.!! Oh la lá!! La asociación criminal abre la puerta a investigar lavado de dinero. Y el lavado no sirve tanto para sumar más años de cárcel, sino para poder seguir el dinero. La famosa RUTA DEL DINERO. Con el lavado de activos la Fiscalía puede: 1- Rastrear a dónde fue a parar el dinero o los beneficios. 2- Investigar empresas, transferencias, cuentas y patrimonio personal o de familiares. 3- Pedir el comiso de bienes (es decir, quitárselos) con más fundamento. 4- Ampliar la causa a más personas del entorno que hayan recibido, ocultado o movido ese dinero. O sea amigos, con los cargos actuales se investiga principalmente lo que se hizo desde el cargo público. Con asociación criminal y lavado de activos se puede investigar qué hicieron con el dinero y recuperar bienes. Esa es la diferencia más importante! En conclusión… No están protegiendo a Santiago, están protegiendo a alguien más a través de Santiago. Y mientras Emiliano Rolón siga al frente del @MinPublicoPy no tengas esperanza de que se llegue a encontrar el dinero. Que no te engañen con los años de prisión o con las miles de conferencias para decirte que no tienen elementos. 😉

Vacancias laborales! Emociona la solidaridad en tiempos de crisis. Es lo que mejor sabemos hacer, dar la mano al que necesita en su peor momento.

Acá tenés otra carpeta sobre la cual rendir cuentas @EmilianoRFPy Si Luz Candado no te llevó los sobres para que investigues “con pruebas fehacientes” como exigís, nosotros te llevamos un arsenal de pruebas de una red de aparente uso del dinero público para campañas sucias. ¿Qué hiciste? NADA! Ni con pruebas ni con indicios, ni con testimonios ni con el muerto encima. Da igual. Todo fue a parar al baúl de los recuerdos.

Recordemos como el Fiscal General @EmilianoRFPy MINIMIZÓ por completo la denuncia de Luz Candado sobre los “sobres del poder” 1- Dijo que aún estaban en la etapa de los “dimes y diretes” y que “la simple sospecha no ofrece ninguna claridad”. 2- Calificó el asunto como un “manejo casero” que los visitantes (él incluido) difícilmente podrían detectar. 3- Más tarde, ante denuncias formales presentadas por abogados y legisladores, sostuvo que “a veces, no es solamente una denuncia suficiente”. Exigió “estándares de la información” que sea lógica, creíble, posible y realizable, y que las denuncias debían ser procesadas y evaluadas (con el principio de inocencia de Peña). 4- También se quejó de falta de recursos y tecnología en la Fiscalía. Conclusión, en todo momento el Fiscal General ENTORPECIÓ la investigación. ¿Qué fiscal se animaría a investigar al en ese entonces presidente si su propio FGE le dice que no hay méritos? Si de verdad el partido de gobierno, la oposición y el presidente @AllianaPedro quieren dar muestras de cambio, deberían enjuiciar al Fiscal General y posterior a ello, deberían investigarlo por obstrucción. Mañana mismo los legisladores deberían pedir un informe de esa carpeta fiscal y una interpelación urgente. Somos o no somos un país serio. Ya no hay tiempo para medias tintas. abc.com.py/nacionales/2025/0…

Si @AllianaPedro realmente quiere dar muestras de cambio y austeridad con el dinero del pueblo, la primera destituida debe ser la ministra de la Juventud, Salma Agüero, que gastó casi 20 mil dólares de fondos públicos para traer a un youtuber mexicano. Le debe seguir de inmediato la ministra de la Mujer, Alicia Pomata (@minmujerpy), quien con total descaro viajó en vuelo de “primera clase” a Suiza con dinero de todos los paraguayos para asistir a una audiencia en la que apenas se limitó a leer un papel. Ellas -y todos los demás funcionarios- tienen que aprender de una vez que con la plata del pueblo ya no se juega!!

El pueblo unido, jamás será vencido! Vení a la plaza!! 🇵🇾

Presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema (Sala Constitucional) contra una condena en costas a unas comisiones vecinales que reclamaron, Vía Amparo, el cese de la contaminación que realizan los frigoríficos en el Barrio Tablada de Asunción. Las comisiones vecinales del Barrio Virgen de Fátima y otras (junto con algunas empresas de la zona) presentaron hace unas semanas un amparo ambiental contra BEEF Paraguay y Frigomerc SA (Minerva Foods) pidiendo medidas de prevención y protección. No reclamaron plata ni indemnización, solo la tutela del ambiente y de derechos colectivos. El amparo planteado por otros colegas fue rechazado por una cuestión de vía (subsidiariedad), pero tanto el juez de primera instancia como la Cámara reconocieron que existían derechos constitucionales afectados y que el rechazo no significaba desconocerlos!!. Aun así, les impusieron las costas a los vecinos, con voto preopinante del camarista CARLOS ESCOBAR. Como queriendo enviar un “mensaje aleccionador” El amparo es gratuito por el artículo 134 de la Constitución. Castigar económicamente a comisiones vecinales que defendieron intereses difusos ambientales, sin temeridad ni pretensión patrimonial, genera un efecto disuasorio incompatible con el acceso a la justicia y con la protección del ambiente. Eso es lo que estamos cuestionando. Es indignante que quienes viven y trabajan en la zona tengan que pagar por haber acudido a la justicia a defender derechos que los propios tribunales dijeron que estaban lesionados.

Deisy Paola Giménez, 22 años, fue asesinada anoche en Lambaré camino al trabajo. Ya había denunciado a su expareja y tenía orden de restricción. Es el feminicidio número 20 de lo que va del 2026 en Paraguay. Una orden sin alerta en tiempo real es una promesa vacía. 1- Ocurrió pasadas las 22:00 en Ybyra Pyta casi Diego García, barrio Santa Lucía. Iba a su turno en un Biggie. Las cámaras muestran que un auto blanco le cerró el paso y Aldo Alexis Duarte, su expareja, bajó, la persiguió y disparó tres veces a quemarropa. Ella gritó pidiendo auxilio. Él huyó como buen cobarde. 2- Claramente no era un hecho imprevisible, sino todo lo contrario, era cuestión de tiempo. Había denuncia por amenazas y orden de alejamiento. La Fiscalía ya cuenta 20 feminicidios en su haber y 28 tentativas en 2026; estos casos dejaron 36 hijos huérfanos, 26 menores de edad. Central concentra 12 de las muertes (60%). El patrón se repite: la medida judicial existe y nadie vigila si se cumple. Por lo tanto, es un papel que no sirve ni para soplarse viento. 3- Lo que sí redujo el margen en otros países no es otro protocolo en papel (que solo sirven para reuniones, cafés y lindas fotos institucionales), sino monitoreo REAL del agresor. Uruguay usa tobillera electrónica desde 2013: hoy unos 2.500 casos activos y más de 22.500 víctimas pasaron por el sistema. Si el denunciado rompe el perímetro, la alerta llega a la policía y a la mujer a la vez. En Corea, el tiempo máximo de respuesta desde que rompe el perímetro es de 5 minutos. 4- España tiene VioGén: cada denuncia recibe un NIVEL DE RIESGO y medidas policiales obligatorias (similar al sistema de protección a periodistas). El límite está a la vista. En Madrid, varias asesinadas del último año estaban en riesgo bajo, y menos del 1 % de los casos activos llega a vigilancia permanente. El algoritmo no reemplaza patrullas ni detención cuando hay amenazas y arma. 5- La orden de restricción debe estar acompañada de tobillera al denunciado + GPS o botón a la víctima + alerta automática a la comisaría más cercana, con tiempo de respuesta medido y público. Esto requiere personal, infraestructura, combate a la corrupción policial, presupuesto a la policía nacional y alto entrenamiento. En Lambaré, Deisy no tuvo segundos para pedir auxilio. La alerta tiene que dispararse cuando él se acerca, no cuando ella grita. La orden sola falló otra vez, no sirve para nada. El sistema útil es el que avisa a la policía antes del disparo. Después… después ya no sirve. Daisy ya no está. Hoy no va a llegar al Biggies.

El concejal electo Maximiliano Seiferheld debe contar con todo el apoyo de la intendenta electa @solenu y la junta municipal para desbaratar este aparente esquema de corrupción que según las escuchas involucra a los Frigoríficos de Tablada. Se debe ordenar una AUDITORÍA inmediata de todas las intervenciones de la dirección de derecho al consumidor, medio ambiente y juzgados de falta de los últimos 5 años en las denuncias contra los frigoríficos y las industrias y empresas que procesan los restos de la matanza. Existen 2 pedidos de informe de la Junta Municipal anterior a los que se hizo caso omiso con total impunidad. Aquí el director Guido Benitez nos nuestra un ejemplo del actuar soberbio y prepotente ante un pedido de transparencia 👇🏽👇🏽amenazas con el garrote judicial, como para que nadie se atreva a “meterse” con los frigoríficos intocables. Se acabó el recreo señores. Eso esperamos. ultimahora.com/un-director-d…

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Felicitaciones a la nueva intendenta de Asunción!! @solenu A recuperar la ciudad, la capital y el orgullo. 💪🏼

Caso Esther Roa: Estuve leyendo detenidamente las 27 páginas de la sentencia del Tribunal de Apelación. Vamos por parte y empecemos por el voto minoritario. 👇🏽 En las páginas 12 a 20 encontramos el análisis del magistrado Paulino Escobar sobre los agravios 2 al 6 (temas neurálgicos del caso) Desde mi perspectiva, demuestra un desconocimiento grosero de los estándares interamericanos de libertad de expresión. Reduce el test tripartito a una mención formal, confunde “interés público” con permiso para difundir audios montados y trata la real malicia como si bastara con decir “no sé si es auténtico” para condenar. Cita los casos Mémoli y Canese de forma sesgada, ignora el chilling effect y convierte la protección reforzada del discurso sobre corrupción en una excusa para criminalizar la crítica. No pondera proporcionalidad, no exige necesidad social imperiosa y transforma una republicación con reserva expresa en dolo eventual. Eso NO es control de convencionalidad, es una fundamentación superficial que vacía el artículo 13 de la Convención Americana, 47 años de funcionamiento de la Corte Interamericana y convierte al juez en censor de redes. La Corte IDH exige escrutinio estricto cuando se toca al sistema de justicia. Acá solo hay dogmática penal disfrazada de convencionalidad. Muy triste. Les dejo el código QR, léanlo ustedes mismos. #LibertadDeExpresión #EstándaresInteramericanos @EstherRoa_ @GuiFerreiroPy @RELE_CIDH @CorteIDH