Resistente

HERMOSILLA NO QUIERE MÁS GUERRA La Justicia que se negociaba en los pasillos. Hay una forma de corrupción devastadora: aquella que no necesita maletines con dinero, porque funciona mediante contactos, información privilegiada y favores que se cobran después. Erosiona la confianza en quienes deben aplicar la ley. El regreso de Luis Hermosilla a prisión preventiva, decretado hoy 28 de octubre, por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, obliga a examinar ese fenómeno. El abogado fue formalizado en una investigación que lo vincula con Manuel Guerra, exfiscal regional metropolitano Oriente, también privado de libertad. La imputación apunta a una presunta trama de sobornos e intercambio de antecedentes reservados. No hay sentencia condenatoria: acusar no equivale a probar. La investigación, dirigida por el fiscal Mario Carrera, describe una relación que habría operado entre 2016 y 2021. Según la Fiscalía, conversaciones por WhatsApp y Telegram permitieron anticipar información y facilitar gestiones relacionadas con investigaciones de interés público. Entre ellas figuran Penta, Dominga-Exalmar y otras causas vinculadas con dirigentes políticos y autoridades. El riesgo es que ciudadanos sometidos a la misma ley reciban tratamientos diferentes. Hay aquí un concepto ilustrativo: la «cuenta de ahorro corruptiva». Una red de reciprocidades acumula obligaciones informales. Hoy se proporciona un dato; mañana se abre una puerta; años después aparece una oportunidad laboral. La Fiscalía y los querellantes examinan bajo esa hipótesis la contratación de Guerra por la Universidad San Sebastián después de abandonar el Ministerio Público. Que exista una contratación no demuestra por sí sola un delito: corresponde acreditar su eventual conexión con actuaciones indebidas. Desde la sociología institucional, estas relaciones representan una amenaza conocida como captura informal. No es necesario controlar legalmente una institución para influir en ella: basta con disponer de acceso privilegiado a quienes toman decisiones. Cuando las redes personales desplazan los procedimientos, el poder público puede volverse patrimonio privado. Y el ciudadano común, sin teléfonos influyentes ni amistades estratégicas, queda mirando desde afuera. La discusión judicial también ofrece una lección importante. La Fiscalía no solicitó prisión preventiva para Hermosilla; sí la pidieron querellantes, incluido el Consejo de Defensa del Estado. El tribunal consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Es una cautelar, no una pena, y puede ser revisada. La defensa, que invocó colaboración con las investigaciones, conserva su derecho a controvertir los cargos. Tampoco corresponde transformar las menciones a terceros en condenas mediáticas. Andrés Chadwick aparece en antecedentes de la causa, pero no ha sido formalizado en esta arista. La responsabilidad penal exige pruebas. Una democracia no se fortalece reemplazando los privilegios investigados por juicios sumarios dictados desde las redes sociales. Sin embargo, sería ingenuo reducir este episodio sólo a la trayectoria de dos personas. Si las imputaciones llegaran a acreditarse, estaríamos ante una falla estructural de controles, transparencia y ética pública. La justicia no solo debe ser independiente: también debe disponer de barreras verificables frente a conflictos de interés, filtraciones y relaciones que comprometan su imparcialidad. Porque el daño más persistente de una eventual red de favores no se mide únicamente en años de cárcel. Se mide en ciudadanos que dejan de creer que la ley los protege por igual. Y cuando la justicia empieza a parecer un privilegio de quienes conocen a la persona correcta, la democracia conserva sus edificios, sus tribunales y sus ceremonias, pero comienza a perder algo mucho más difícil de reconstruir: su legitimidad. @MisColumnas