César Coca

Dimitir no es confesarse culpable Un ministro recibe varias advertencias sobre el deterioro de un servicio público. Los problemas se acumulan, las soluciones se retrasan y finalmente ocurre una catástrofe. Comparece ante los periodistas y asegura que no ha cometido ningún delito. Quizás tenga razón, pero nadie le estaba preguntando por eso. En política hemos terminado confundiendo dos responsabilidades que nunca fueron la misma. Una cosa es responder ante un juez por haber infringido la ley y otra responder ante los ciudadanos por cómo se ha ejercido el poder. Lo primero puede terminar en una condena. Lo segundo puede terminar en una dimisión, incluso cuando no exista delito alguno. La responsabilidad política comienza precisamente donde no alcanza el Código Penal. Cuando el poder dejó de pertenecer a quien lo ejercía La dimisión política moderna nació con el desarrollo del parlamentarismo. Durante siglos, los ministros respondían principalmente ante el monarca, pero conforme los parlamentos fueron conquistando poder, apareció una exigencia, que quien gobernara debía poder ser apartado por razones políticas, no solamente por problemas con la justicia. En 1782, el primer ministro británico Lord North abandonó el Gobierno después de los desastres de la guerra de independencia estadounidense y la pérdida de respaldo parlamentario. El cargo público dejaba de ser una posesión personal para convertirse en una responsabilidad temporal. Y la dimisión adquirió una función esencial, la de permitir que las instituciones sobrevivieran a los errores de sus dirigentes. No hace falta robar para perder la confianza En Noruega, dos ministras abandonaron sus cargos en 2024 por controversias relacionadas con plagios académicos. En Nueva Zelanda, Michael Wood dimitió en 2023 por problemas con la declaración y gestión de participaciones financieras. En Finlandia, el ministro de Economía Vilhelm Junnila dejó el Gobierno ese mismo año porque una controversia política había comprometido su continuidad. No eran situaciones idénticas, pero compartían una característica, que la responsabilidad pública no se reduce a esperar una sentencia penal. En el Reino Unido se ha llegado a establecer expresamente en su Código Ministerial que un ministro que engañe deliberadamente al Parlamento debe ofrecer su dimisión. Tiene lógica porque si el Parlamento recibe información falsa de quienes gobiernan, ¿cómo puede controlar su actuación? España tampoco carece de ejemplos. José Manuel Soria dimitió en 2016 y Màxim Huerta lo hizo en 2018, sin que sus salidas respondieran a condenas penales. Sin embargo, los ejemplos individuales no bastan para demostrar que un país tenga una cultura de responsabilidad más exigente que otro. Dimitir también puede ser una irresponsabilidad Aquí aparece una paradoja. Imaginemos que un ministro descubre deficiencias graves heredadas de sus antecesores. Las reconoce, pone en marcha soluciones y, antes de completarlas, ocurre un accidente. Su dimisión podría interrumpir una gestión necesaria sin resolver ninguno de los problemas. O pensemos en un gobernante que toma una decisión difícil, técnicamente fundamentada, y obtiene un resultado negativo que no podía prever razonablemente. ¿Debería marcharse por el simple hecho de que las cosas salieron mal? Gobernar implica asumir riesgos, decidir con información incompleta y enfrentarse a circunstancias que no siempre pueden controlarse. Si cada fracaso obliga a dimitir, se termina premiando a quien nunca decide nada. También existe la dimisión utilizada como escapatoria. Un responsable abandona el cargo, desaparece de la actualidad y deja a su sucesor la tarea de explicar los errores. Dimitir y rendir cuentas no son sinónimos. Se puede hacer lo primero sin cumplir lo segundo. ¿Y cuando hay muertos? Una catástrofe introduce una responsabilidad especialmente delicada. El número de víctimas no determina automáticamente la culpabilidad de un ministro, pero tampoco convierte su actuación en irrelevante. Hay que investigar qué se sabía, desde cuándo se sabía, quién recibió las advertencias, qué decisiones se adoptaron y cuáles se aplazaron. También qué recursos existían y quién tenía autoridad para intervenir. Un trabajador puede cometer un error. Un sistema puede estar mal diseñado. Un departamento puede acumular años de negligencias. Y varias de esas circunstancias pueden coincidir. La investigación penal buscará posibles delitos y responsabilidades individuales. La investigación técnica intentará reconstruir las causas. Y la responsabilidad política deberá examinar las decisiones de quienes tenían el deber de dirigir, supervisar y prevenir. Son preguntas diferentes, aunque se refieran a los mismos hechos. La presunción de inocencia protege frente a condenas penales sin pruebas suficientes, pero no elimina la obligación de explicar una gestión pública. La Constitución española ya lo sabía El artículo 108 de nuestra Constitución establece que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados". Un Gobierno puede perder la confianza parlamentaria sin que ninguno de sus miembros haya cometido un delito. Y un ministro puede perder la confianza del presidente por razones que nada tengan que ver con los tribunales. La Constitución española no obliga a dimitir por un fracaso administrativo. La exigencia política y la obligación jurídica no siempre coinciden. Por eso resulta insuficiente convertir cualquier controversia en una discusión sobre si existen pruebas para condenar a alguien. También sería injusto transformar cada acusación, cada error o cada accidente en una exigencia inmediata de dimisión. Entre ambos extremos debería existir algo parecido a una cultura de responsabilidad. El problema no es cuántos dimiten Japón tiene una tradición muy visible de disculpas y renuncias públicas. Italia, en cambio, ha conocido numerosas crisis gubernamentales por no haber "cultura de la dimisión". Nada de esto permite establecer una clasificación sencilla entre países buenos y malos a la hora de dimitir. Una democracia puede registrar muchas dimisiones porque exige responsabilidades o porque atraviesa una inestabilidad permanente. Otro país democrático puede registrar pocas dimisiones porque funciona razonablemente bien o porque sus dirigentes están protegidos por sus partidos. La frecuencia, por sí sola, explica poco. Lo verdaderamente importante es que existan controles independientes, investigaciones rigurosas, transparencia y consecuencias cuando se acreditan incumplimientos. La dimisión es una de esas consecuencias. No necesariamente la única. La diferencia entre servir y permanecer Hay una última cuestión que suele quedar sepultada entre declaraciones, acusaciones y defensas partidistas. Un político puede no haber cometido ningún delito y haber perdido la confianza necesaria para continuar. Otro puede haber cometido un error importante, reconocerlo, corregirlo y conservar razones suficientes para seguir trabajando. La decisión depende de la gravedad de lo sucedido, de su responsabilidad efectiva, de la confianza institucional y de su capacidad para solucionar el problema. No existe una fórmula matemática que resuelva todos los casos. Precisamente por eso necesitamos instituciones capaces de investigar, parlamentos dispuestos a controlar y ciudadanos que no confundan la responsabilidad política con la fidelidad a unas siglas. La dimisión no debería ser una ceremonia de sacrificio para satisfacer a la oposición. Pero tampoco la permanencia en el cargo debería convertirse en una prueba de resistencia personal. El poder público no pertenece a quien lo ocupa. Se le confía durante un tiempo, bajo determinadas reglas y para cumplir unas funciones. La pregunta no debería ser solamente si un político ha hecho algo ilegal. También debería ser si ha cumplido con las responsabilidades que justificaban entregarle ese poder. Y cuando la respuesta es "no", una democracia necesita algo más que esperar a que intervenga un juez.