@CaptainHaddock aka Corcuman

SEGUNDO FRENTE ABIERTO Sobre los Bloqueos de la Liga y la actuación de @movistar_es acabamos de presentar una denuncia. Tras registrar ante el CGPJ la denuncia disciplinaria contra el magistrado que autorizó los bloqueos de LaLiga, acabo de presentar formalmente ante la CNMC una denuncia por posible conducta prohibida contra tres sociedades del Grupo Telefónica: Telefónica Audiovisual Digital (Movistar+) Telefónica de España Telefónica Móviles España La cuestión que pido investigar es muy concreta. En el procedimiento 1005/2024, Telefónica Audiovisual Digital promovió junto a LaLiga los bloqueos de IP, mientras que Telefónica de España y Telefónica Móviles España —las compañías que proporcionan acceso a Internet a millones de clientes— se allanaron íntegramente a la demanda. Es decir: una sociedad del grupo defendía el negocio audiovisual y las sociedades del mismo grupo que debían proporcionar Internet a sus clientes decidieron no oponerse. Después llegaron los bloqueos masivos de servicios perfectamente legales. He pedido a la CNMC que investigue, entre otras cuestiones: quién decidió el allanamiento, qué comunicaciones existieron entre las sociedades del grupo, qué análisis jurídico, técnico y económico se realizó, si se evaluó el perjuicio a los abonados y si el negocio audiovisual pudo ser privilegiado frente a los intereses de quienes pagaban por acceso a Internet. No afirmo que Telefónica haya cometido una infracción. Pido que la autoridad competente lo investigue. LaLiga defendía sus derechos audiovisuales. La pregunta sigue siendo mucho más sencilla: ¿QUIÉN DEFENDIÓ A LOS CLIENTES DE TELEFÓNICA? La denuncia ante la CNMC ya está oficialmente registrada

Extenso pero muy grave ¿EL JUEZ QUE BLOQUEA INTERNET POR LALIGA ES PREVARICADOR? Es una pregunta gravísima que deberia responder @PoderJudicialEs de forma urgente Precisamente por eso hay que formularla con documentos encima de la mesa. No afirmo que el magistrado César Suárez Vázquez, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, haya cometido un delito de prevaricación. Eso tendría que determinarlo, en su caso, un tribunal. Pero después de leer lo que firmó en 2021, lo que firmó en 2024 y lo que su propio tribunal conocía ya en 2023 sobre el peligro de los bloqueos por IP, considero perfectamente legítimo preguntar: ¿Debe investigarse judicial y disciplinariamente la actuación del juez que ha permitido un sistema de bloqueos que está causando perjuicios a páginas y empresas completamente ajenas a la piratería? Porque lo que viene ahora no es una opinión. Está escrito. UNA SENTENCIA DE 2024 QUE TODAVÍA VIVÍA EN 2022 El 18 de diciembre de 2024, César Suárez Vázquez dicta la sentencia 310/2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona. La demanda había sido presentada por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital contra los principales operadores de Internet. Todos los operadores demandados se allanaron. Por tanto, no hubo una verdadera batalla procesal entre una parte defendiendo el sistema de bloqueo y otra explicando ante el juez los riesgos que ese mecanismo podía provocar a miles de terceros ajenos al procedimiento. Y Suárez escribió: «debe dictarse sin más trámites sentencia estimatoria». Hasta aquí, discutible o no, estamos dentro de un procedimiento judicial. Lo extraordinario viene después. Para justificar que las medidas dinámicas eran «adecuadas, coherentes y proporcionadas», la sentencia de 2024 reproduce prácticamente de forma literal un bloque de otra sentencia dictada por el mismo César Suárez Vázquez tres años antes, el 21 de diciembre de 2021. No hablamos simplemente de citar jurisprudencia propia. Reaparecen la misma construcción argumental. Las mismas expresiones. Incluso errores de redacción como «aquelles páginas web». Incluso la palabra pegada «deimplementar». Y finalmente ocurre algo difícil de explicar en una resolución judicial de semejante trascendencia. El juez firma el 18 de diciembre de 2024 que el sistema debe mantenerse: «hasta el final de la temporada prevista para el 19 de junio de 2022». Sí. 2022. Una sentencia dictada en diciembre de 2024 justificaba una medida presente y futura utilizando una fecha que había quedado atrás hacía dos años y medio. ¿Por qué? Porque exactamente esa misma frase estaba ya en la sentencia que César Suárez había dictado el 21 de diciembre de 2021. Allí tenía sentido. En 2021, el 19 de junio de 2022 estaba en el futuro. En 2024 era historia. El error quedó ahí. Firmado por un magistrado. En una sentencia que serviría de fundamento para bloquear direcciones IP en España. PERO TODAVÍA HAY MÁS Entre ambas sentencias ocurrió algo extraordinariamente importante. En 2023, César Suárez Vázquez integró la sección especializada que conoció el caso POWVIDEO. Y allí el tribunal analizó precisamente el problema que después explotaría con los bloqueos de LaLiga: el sobrebloqueo. Es decir: bloquear una IP para impedir el acceso a un contenido ilegal y terminar bloqueando también contenidos completamente legales que comparten esa infraestructura. La sentencia de POWVIDEO lo plantea expresamente. Habla del riesgo de afectar a: «usuarios y/o contenidos no infractores». Y establece una cautela fundamental. El bloqueo por dirección IP se acepta para servidores cuya utilización exclusiva por POWVIDEO había sido comprobada. Cuando existía dificultad para determinar si la infraestructura podía estar compartida con otros dominios legítimos, se utilizaba un bloqueo menos invasivo a nivel DNS.